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Palacio Legislativo, 25-06-2019 (Notilegis). – La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) lamentó que el gobierno federal minimice la crisis ecológica del sargazo en las costas de El Caribe mexicano y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador aceptar la problemática e implementar acciones para su solución. “No es de extrañarse que (López Obrador) justifique el problema señalando a las pasadas administraciones para evadir su responsabilidad de actuar a favor de las playas, turistas nacionales y extranjeros, situación que afecta la economía del país”, aseveró en un comunicado la integrante de la Comisión de Turismo. Precisó que el problema del sargazo no es nuevo, ya que desde 2015 se presentó y se ha incrementado conforme avanzan los años y “las administraciones federales han minimizado el problema, por lo que en la actualidad las playas se encuentran en una crisis con esta alga que está cubriendo las costas de El Caribe”. Reiteró su exigencia para que el Ejecutivo federal acepte la problemática e implemente acciones para su solución, “en lugar de justificar y minimizar el problema, al declarar que los enemigos de la actual administración magnifican el problema y que éste no es grave ni un asunto delicado”. “No debe extrañarse que en futuras declaraciones López Obrador diga que el sargazo y la naturaleza están conspirando en contra de la Cuarta Transformación, así de absurdas son las declaraciones del presidente con respecto a esta situación”, subrayó Reyes Montiel. Detalló que el gobierno federal anunció que destinará 52 millones de pesos para la creación de “sargaceras” para limpiar las playas afectadas y que será la Secretaría de Marina quien se ocupe del procedimiento, a lo que pidió se dé conforme a la ley, lo más pronto posible y con total transparencia, para evitar que los daños sigan creciendo. Por otra parte, la diputada perredista solicitó a las autoridades federales que se aclare el caso del coordinador del Tren Maya, en Quintana Roo, Pablo Careaga Córdova, quien fue denunciado en diversos medios por querer beneficiarse de los contratos de limpieza del sargazo, a través de una empresa que administran sus familiares. Además, fue destituido de su cargo luego de ser acusado de presionar a los ejidatarios de Bacalar para que entregaran sus tierras para la construcción de esta obra, sin obtener un beneficio económico a cambio. “En este caso esperamos, de comprobarse las acusaciones, se actúe conforme a la ley y el Presidente de la República demuestre que es congruente con la idea que tanto pregona de que en su gobierno no habrá corrupción”, concluyó. AVC/ NGM |
