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Palacio Legislativo, 02-03-2019 (Notilegis).– El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) advirtió que de continuar con los Proyectos del Tren Maya y la Termoeléctrica en Morelos, el presidente Andrés López Obrador viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al no atender los temas de consultas libres e informadas, así como el respeto a la autodeterminación. También, aseguró que las omisiones del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, propiciarán apercibimientos internacionales contra el gobierno de México por ambos proyectos, que violan convenios establecidos con la OIT y las Naciones Unidas. En un comunicado destacó que el gobierno mexicano está obligado a consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo cual no se ha cumplido. También, el gobierno mexicano está vulnerando el compromiso de las consultas que, señala el texto, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Precisó asimismo que el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ya hizo un llamado de alerta para priorizar las vías del diálogo, privilegiando la búsqueda de consensos tras el asesinato de Samir Flores defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Amilcingo y opositor a la planta termoeléctrica de Huexca, Morelos. Ya que, aseveró se han detectado que uno de los factores de riesgo en el país, es “el desarrollo de proyectos sin respetar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, en línea con los estándares internacionales”. Sostuvo que para la ONU-DH, el asesinato de opositores podría inhibir a muchas personas defensoras de sus garantías individuales, y, por lo tanto, es responsabilidad de las autoridades mexicanas, contribuir a generar un ambiente propicio para defender la libertad de expresión, lo que incluye abstenerse de realizar acciones que puedan agravar situaciones de vulnerabilidad e incrementar riesgos, lo cual no se ha cumplido. El legislador perredista indicó finalmente que ni en el caso de la Termoeléctrica ni en el Tren Maya, se está cumpliendo la norma por la que se establece que los pueblos interesados “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades”. RZJ |
