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Nota N°. 3009 Desindexación de salario mínimo genera precarización de pensiones, tras reforma constitucional de 2016
  • Jubilados reciben entre 10 y 15 por ciento menos del valor de su pensión, acusan legisladores
  • SHCP e ISSSTE realizan interpretación equivocada y premeditada de la naturaleza jurídica de la UMA, afirma diputada Bernal Martínez
  • Pensionados y jubilados exigen al Poder Legislativo revertir esta “acción injusta”

 

Palacio Legislativo, 07-09-2019 (Notilegis).- Miles de trabajadores pensionados y jubilados acusan la precarización de sus ingresos y, por lo tanto, del sustento de sus familias, derivado de la desindexación del salario mínimo, principalmente a multas y recargos, y que conllevó a la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tras la reforma a la Constitución Política, en 2016.

 

Desde 2017, reciben entre 10 y 15 por ciento menos del valor real de su pensión, debido a que cotizan en UMA.

 

Ante esta situación, los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada, y Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, se pronunciaron por revertir los abusos cometidos contra la clase trabajadora o pensionada.

 

Bernal Martínez destacó que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están realizando una interpretación equivocada y premeditada de la naturaleza jurídica de la UMA.

 

Por ello, planteó reformar diversos artículos de la Constitución Política, para que se excepcione de medir en UMA las prestaciones de seguridad social y pensiones, las cuales deberán determinarse en salarios mínimos.

 

“Para el PT siempre ha sido importante proteger a los sectores menos favorecidos, por eso buscamos revertir esta medida, que afecta a un gran número de trabajadores”, indicó la legisladora.

 

Sandoval Flores dijo que el hecho de que los trabajadores jubilados y pensionados coticen en salarios mínimo y sus pensiones se calculen en UMA, constituye “una nueva forma de explotar y de quitarles el producto de su trabajo”.

 

“Cuando arrancó esta propuesta, el salario mínimo era igual a la UMA y ahora se ha despegado el salario mínimo y la UMA se ha quedado rezagada”, comentó.

 

 

 

Desindexación del salario mínimo

 

A propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de enero de 2016, se modificaron los artículos 26, 41 y 123 constitucionales y se creó la UMA, con el objetivo de que el salario mínimo pudiera avanzar a un mayor ritmo en su recuperación gradual y sostenida.

 

Sin embargo, resaltó la diputada petista, en las prisas de aprobarla, se condenó a miles de pensionados a recibir una cantidad de dinero menor, al calcularse conforme a la UMA y no a salarios mínimos.

 

Explicó que la UMA se creó como una medida cuenta índice base o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones, más no para aplicarla en detrimento de los pensionados y jubilados de las diferentes instituciones.

 

“No se puede permitir que se siga minando el sistema solidario de pensiones, el cual ha recibido los embates de las anteriores administraciones federales de tipo neoliberal”, subrayó.

 

Justicia social

 

Trabajadores pensionados y jubilados exigieron al Poder Legislativo revertir la reforma del 2016, ya que, acusan ellos, se ha perdido cerca del 22 por ciento el poder adquisitivo de sus ingresos, lo que es inadmisible.

 

Explicaron que la UMA, que se comenzó a aplicar para el cálculo de pensiones a partir de 2017, tiene un valor menor en 21 por ciento al del salario mínimo, ya que la primera equivale a 84 pesos, mientras que el salario mínimo es de 102 pesos.

 

Pidieron revisar los procesos de cobro de créditos hipotecarios, toda vez que las condiciones y comisiones han sido alteradas “ilícita y arbitrariamente”, generando cobros “excesivos”, que ponen en grave estado de indefensión a los trabajadores y en riesgo su patrimonio.

 

Expusieron que la cifra de jubilados se ha incrementado en más de 40 por ciento, lo que deriva en una carga excesiva e insostenible para los trabajadores en activo que sostienen, con sus aportaciones, a todos los pensionados y jubilados.

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