• Exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el INPI, garantice servicios médicos y protocolos de sanidad a los pueblos indígenas y afromexicanos para evitar la propagación del virus

• Pide al Infonavit y FOVISSSTE impulsar plan económico emergente para postergar pagos de mensualidad hipotecaria y préstamos personales sin cobro de intereses por el coronavirus

• Solicita a la SRE incida en paquete de acciones económicas y sociales nacionales en materia de mitigación y prevención del Covid-19, en beneficio de migrantes en la frontera sur de México

Palacio Legislativo, 07-04-2020 (Notilegis).- El diputado Raúl Bonifaz Moedano (Morena) informó que impulsa una iniciativa en materia de arrendamiento y tres puntos de acuerdo ante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Indicó que busca adicionar el artículo 2431 BIS del Código Civil Federal, a fin de establecer que en caso de que ocurra un terremoto, temblor, tempestad, incendio, pestes, pandemias, entre otros, se impida el pago parcial o total del arrendamiento del inmueble, lo cual no implicara rescisión, resolución o nulidad de la obligación para ajustar el contrato u obligaciones en los términos del artículo 20 del mismo código.

Asimismo, acreditando la disminución de las posibilidades para el cumplimiento del arrendamiento durante la recuperación o declaración del caso fortuito o fuerza mayor.

"Nos enfrentamos a grandes retos ante la ausencia específica de la ley, sin embargo es nuestra obligación comprender la situación que miles de personas pasan en estos momentos, y por ello la propuesta busca especificar en el Código Civil Federal de manera clara y precisa el ajuste del contrato por el impedimento del pago determinando esto durante la recuperación o declaración del caso fortuito o fuerza mayor", explicó el también presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur.

Asimismo, presentó tres puntos de acuerdo relacionados con la contingencia sanitaria en la que nos encontramos.
El primero, para exhortar a la Secretaría de Salud (Ss) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a que garanticen los servicios médicos y protocolos de sanidad a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).

Comentó que en México hay una población aproximada de 12 millones de personas indígenas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo.

Así como, un millón 381,853 de personas afromexicanas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, las cuales requieren de servicios médicos y protocolos de salud adecuados para evitar contagios.

En el segundo punto de acuerdo exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) a impulsar un plan económico emergente para la postergación de pagos de la mensualidad hipotecaria y préstamos personales con un congelamiento de pago sin cobro de intereses por la pandemia de SARS-CoV2 o Covid-19.

"Las políticas contracíclicas de corto plazo son urgentes, y el diseño de un Plan Económico Emergente donde se posterguen los pagos de hipotecas y préstamos personales por la emergencia de salud provocada por la pandemia, es indispensable", expuso.

Aseguró que los más afectados ante una caída de la economía y contracción del crédito en México serían los trabajadores .

Comentó que la postergación de los pagos para la subsistencia de las familias mexicanas no se pueden retrasar más, "las medidas drásticas para problemas urgentes son necesarios en este momento, ya que la población debe tener respaldo pleno del Gobierno Federal".

En el último punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que incida en el paquete de acciones económicas y sociales nacionales en materia de mitigación y prevención del coronavirus, en beneficio de los migrantes de la frontera sur.

Asimismo, se exhorta al Instituto Nacional de Migración (INM) a difundir el plan de acción que seguirá para proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes en la frontera sur del país mexicano.

Bonifaz Moedano añadió que también se pide a dicha dependencia solicitar apoyo económico a los organismos internacionales correspondientes en materia de migración, para que éste pueda ser ejecutado en las medidas de mitigación y prevención del Covid-19 de las personas migrantes de la frontera sur.

Refirió que el defensor de los derechos humanos de migrantes en Estados Unidos (EU), Jason Flores-Williams afirmó que en la frontera entre México y ese país se encuentran más de 60 mil migrantes que viven en campamentos improvisados, que son altamente vulnerables a contagios del virus.

Argumentó que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha informado que México, al ser un país de tránsito, origen y destino de migrantes ha conformado, desde 2013, procedimientos permanentes de protección a los derechos humanos de los extranjeros, principalmente de aquellos que por condición de vulnerabilidad solicitan el refugio en nuestro país .

"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados brinda protección a los refugiados de todo el mundo y les facilita el regreso a sus hogares o su reasentamiento", dijo.

"El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha hecho un llamado a los gobiernos de los países receptores a brindar a los migrantes el mismo tratamiento que recibe cualquier nacional", destacó.

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