• Posibilitará evaluar a impartidores de justicia a través de la rendición de cuentas, y detectar actos de corrupción, señala la diputada Gloria Romero

• Estos esfuerzos serán insuficientes si atendemos las actuaciones del PJF y de la FG República en el proceso penal en contra de Emilio Lozoya

Palacio Legislativo, 29-07-2020 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta que reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que las versiones públicas de las sentencias emitidas por los poderes judicial federal y de las entidades federativas estén a disposición del público y se encuentren actualizadas.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Gloria Romero León consideró que la implementación de esta reforma posibilitará a la sociedad para evaluar a impartidores de justicia, a través de la rendición de cuentas, detectar sentencias discriminatorias o que no cumplan con la perspectiva de género.

“Se plantea otorgar un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que los poderes Judicial, Federal y de las entidades federativas inicien la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas, así como de que los poderes legislativos del ámbito federal y local realicen las adecuaciones normativas necesarias para dar cumplimiento con el decreto”, dijo en un comunicado.

La legisladora manifestó que la propuesta de reforma a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es congruente con los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, donde se establece, en el objetivo 16.6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Asimismo, contribuirá para la detección de actos de corrupción y se podrá generar indicadores y análisis que permitan evaluar el actuar de los juzgadores y mejorarlo.

El dictamen advierte la opacidad en la que opera el Poder Judicial en cuanto a las sentencias que emite, y este hecho debe ser considerado como grave, debido a que la sociedad se encuentra limitada para evaluar el desempeño de los impartidores de justicia, máxime cuando la labor de los jueces se encuentra fuera del escrutinio ciudadano”, precisó.

Sin embargo, estos esfuerzos serán insuficientes si atendemos las actuaciones tanto del Poder Judicial Federal y de la Fiscalía General de la República en el proceso de índole penal, seguido en contra de “Emilio Lozoya” ex director de Pemex, de la administración federal anterior.

“Dicho proceso se inició y desarrolla con total opacidad y ambigüedad, permitiendo la indebida injerencia del titular del Ejecutivo Federal contraviniendo la autonomía de las instancias de procuración e impartición de Justicia”, finalizó.

-0-