• La diputada María Bertha Espinoza Segura organiza el foro de parlamento abierto “Hacia la construcción de una política de Estado para la economía social y solidaria”

• “El cooperativismo no se entiende, sino en su compromiso por hacer efectiva una política de educación y desarrollo con paridad de género”, señala la legisladora

Palacio Legislativo, 10-06-2020 (Notilegis).- Representantes de organizaciones cooperativistas, funcionarios federales y estatales, y diputados federales señalaron la necesidad de realizar reformas legales a, por lo menos, una treintena de leyes para que las empresas de economía social y solidaria (cooperativas), que se enmarcan en el rubro social, puedan ser realmente una pieza fundamental de la economía del país, como lo marca la Constitución.

Durante el foro virtual regional de parlamento abierto “Hacia la construcción de una política de Estado para la economía social y solidaria”, organizado por la diputada María Bertha Espinoza Segura (Morena), los participantes coincidieron en que el Estado debe ver a las cooperativas como un modelo alternativo de producción y desarrollo económico, y dejar atrás su visión asistencialista.

La diputada Espinoza Segura, secretaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, afirmó que el fortalecimiento de la economía social y solidaria “es la vía mexicana al desarrollo”, porque “es un modelo alejado del dogma del mercado que nos llevó a una sociedad más desigual, y alejado también del dogma del Estado”.

“El camino está en la economía social solidaria. Me quedo con su decálogo de principios 1) Libre adhesión y libre albedrio; 2) Control democrático; 3) Participación económica de los asociados; 4) Autonomía e Independencia; 5) Educación, capacitación e información; 6) Cooperación; 7) Interés genuino por el desarrollo de la comunidad; 8) Desarrollo sostenible; 9) Modelo resiliente que refuerce el principio de solidaridad y 10) Un modelo que reduce la desigualdad y mantiene y crea empleo”, expresó.

“El cooperativismo no se entiende sino en su compromiso por hacer efectiva una política de educación y desarrollo con paridad de género. Un cooperativismo que promueva la participación en la toma de decisiones de todos los grupos de la población”, agregó.

Juan Manuel Martínez Louvier, director general del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), señaló que en el sistema capitalista, “y en su fase superior: el neoliberalismo”, hay una hiperconcentración del capital y las decisiones últimas las toma el capitalista, sin considerar a los trabajadores”, y cuando se presentan situaciones complejas, como la pandemia de Covid-19, esa hiperconcentración no permite crear mecanismos que ayuden a la fuerza de trabajo.

“Urge cambiar el modelo hacia la democratización de la economía, no porque no nos guste el neoliberalismo, sino porque éste tiene efectos sumamente nocivos en la sociedad, que están anclados en la hiperacumulación del capitales y a la fuga de éstos, que ya no se traduce en inversiones ni en generación de empleo”, expresó.

El funcionario federal planteó realizar diversas reformas legales para, entre otros puntos, fortalecer las atribuciones del Inaes y promover el cooperativismo en el sistema educativo nacional, que cambie la cultura capitalista del individualismo.

Alejandra Jazmín Simental Franco, conferencista y consultora en emprendimiento social y políticas públicas, en representación del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, apuntó el modelo de cooperativa debe verse como alternativa para detonar el desarrollo económico del país, sobre todo en el contexto de los efectos negativos de la crisis sanitaria.

Refirió que las empresas de economía social y solidaria están reconocidas en la Constitución, enmarcadas en el sector social, como actores para el desarrollo económico, sin embargo, en las leyes no se les da tal reconocimiento e, incluso, se les imponen obstáculos para su fortalecimiento, como la prohibición para asociarse con otras cooperativas.

En ese sentido, subrayó la necesidad de que las cooperativas queden fuera de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que no pertenecen al sector privado; reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas, para que se les permita hacer alianzas entre ellas, y eliminar la visión de que son unidades productivas que necesitan asistencia gubernamental.

Rafael Martínez Ponce, presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (Colacot), con sede en Brasil, refirió que en México el modelo de cooperativismo tuvo su “época de oro” que fue de 1920 a 1940, incluso representado en un partido político, pero después entró en una etapa “de oscurantismo” que duró 50 años.

Apuntó que el modelo regresó en la década de los 90, pero bajo la visión asistencialista del Estado, y no como parte fundamental de la economía, con la Ley General de Sociedades Cooperativas, de 1994.

Destacó que este modelo requiere, para su fortalecimiento, de reformas a 34 leyes para dar cabal cumplimiento a lo que ordena la Constitución sobre el sector social como actor económico, y para ello se debe comenzar con la creación de una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, y la reforma a ley de la Economía Social y Solidaria, de 2012. Asimismo, con el fortalecimiento del Inaes y la incorporación de este modelo en el sistema educativo.

Jorge Arteaga Godínez, vicepresidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, se pronunció por desaparecer la visión asistencialista del Estado sobre las cooperativas, ya que ello ha fomentado que se creen cooperativas con el único propósito de recibir dinero, y después desaparecer para siempre.

Asimismo, coincidió en que se requiere impulsar cambios sustanciales a Ley General de Sociedades Cooperativas, de 1994, para realmente fortalecer a las empresas del sector social y solidario.

Por su parte, Sergio Armando Villasana Delfín, gerente regional de Diconsa, en representación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), explicó el funcionamiento de las tiendas Diconsa, bajo un esquema de empresa de corte social y solidaria.

Indicó que estas tiendas, que forman la red de abasto social más grande del país y de América Latina que garantiza la distribución de alimentos con contenido nutricional, funcionan con mecanismo de democratización comunitaria, en donde las decisiones se toman en asambleas, desde su ubicación y la designación del encargado, así como los mecanismos de vigilancia, entre otros puntos.

Argumentó que la distribución de los alimentos, en esas tiendas, se hace con un enfoque social y ético, y eso es lo que se requiere en todo el país, no sólo en la distribución, sino en la producción, “las empresas sociales y solidarias son un proyecto ético de vida”, dijo.

Finalmente, la diputada Espinoza Segura agradeció la participación de los conferencistas y dijo estar convencida de que con las aportaciones de este foro, se pueden alcanzar leyes más completas.

El foro contó con la presencia de Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de Estado Veracruz, y de las diputadas María de Jesís Rosete (PES) y María Teresa Marú Mejía (PT).

* * * *