• La bancada panista promoverá facultar al Congreso para que sesione vía remota en situaciones extraordinarias

Palacio Legislativo, 11-09-2020 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PAN, coordinado por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, impulsará en el actual periodo ordinario de sesiones, reformas legislativas encaminadas a la reactivación económica del país, al manejo adecuado de la pandemia, al combate de la violencia hacia la mujer y a la protección del medio ambiente, entre otros puntos.

De acuerdo con su agenda legislativa, publicada este día en la Gaceta Parlamentaria, en materia de fortalecimiento de instituciones, destacan reformas para facultar al Congreso a sesionar vía remota en situaciones extraordinarias, y en el tema laboral, una reforma pensionaria.

Los ejes de su agenda legislativa son seis: 1) Salud y acciones contra la pandemia de Covid-19. 2) Ingreso familiar, reactivación económica y empleo. 3) Seguridad pública y combate a la violencia contra la mujer. 4) Educación de calidad, igualdad y derechos humanos. 5) Combate a la corrupción y fortalecimiento de las instituciones; y 6) Medio ambiente sano y sustentable.

1. Propuestas para un México sano y una gestión apropiada de la pandemia.

Destinar los recursos necesarios y planificar la compra anticipada de vacunas contra la Covid-19.

Redireccionar las partidas presupuestales y destinar los recursos necesarios para fortalecer las acciones de atención médica integral de las personas contagiadas con el virus.

Reducir la estructura de los “superdelegados” y de los “servidores de la nación”, para que los recursos ahorrados se destinen a la compra de aparatos y equipo médico.

Dotar de un seguro de vida a todo el personal de salud que se encuentra atendiendo la pandemia, y a las personas de escasos recursos, que siendo el único sostén de sus familias, fallezcan por contraer la Covid-19.

Legislar para hacer posible la entrega de una beca universitaria a los hijos e hijas de las personas fallecidas a causa de la pandemia.

Asignar mayores recursos para las acciones de prevención y promoción de la salud, como el Programa Nacional de Vacunación, así como para el control de enfermedades infecto-contagiosas y de las enfermedades graves, costosas y complejas como el cáncer.

2. Ingreso familiar, reactivación económica y empleo.

Impulsar el Ingreso Básico Universal para emergencias, a fin de instituir la entrega de un apoyo económico familiar de emergencia a la población afectada por la crisis sanitaria y económica actual.

Reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para eliminar al 100% este impuesto a los combustibles.

Reducir del 16 al 10%, el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todo el país.

Legislar en materia de trabajo a distancia (teletrabajo) para mantener e incrementar fuentes de empleo e ingresos.

Impulsar la condonación y exención de impuestos a los contribuyentes cuando exista una situación de emergencia sanitaria o crisis económica, así como la exención de pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los que menos ganan.

Reducir gradualmente, del 30 al 25% el pago del ISR de las personas morales, a fin de fomentar el fortalecimiento de sus finanzas, impulsar la inversión productiva, el desarrollo empresarial, la generación de empleos y el consumo.

Crear un fondo emergente para el apoyo a las empresas turísticas; un fondo federalizado que impulse las modalidades de turismo, las campañas de promoción turística e incentive la inversión en infraestructura.

Establecer nuevos fines de semana largos, para incentivar la reactivación económica del sector turístico del país.

Promover un Bono Contra el Hambre para la población en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad .

Impulsar la creación de una Ley de Emergencias Económicas, y de un Consejo Fiscal como un órgano que sirva de apoyo a la Cámara de Diputados y al Gobierno Federal para cooperar en la vigilancia de la estabilidad macroeconómica del país y en orientar las decisiones para mantener el equilibrio de las finanzas públicas.

3. Seguridad pública y combate a la violencia contra la mujer.

Incorporar como órgano representante de la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía Especializada en Materia de Feminicidios, y establecer el feminicidio como delito del orden federal.

Dotar de mayores recursos presupuestales para las Alertas por Violencia de Género contra las mujeres y niñas en las entidades de la República.

Reformar el artículo 190 del Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra personas en funciones de asistencia a la población durante situaciones de emergencia o contingencia sanitaria.

Reformar la Ley de Amnistía para derogar algunos delitos que cuentan con el perdón.

Incluir la extorsión dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Crear un marco jurídico que permita regular el uso y manejo de las redes sociales en función de la autenticidad de cada cuenta, la identidad y los contenidos perjudiciales para proteger a los usuarios, en especial a los menores de edad.

4. Educación de calidad, igualdad y derechos humanos.

Impulsar acciones legislativas y de política pública que permitan a los adolescentes y jóvenes de menores recursos retomar sus estudios en el nuevo sistema de educación a distancia.

Establecer la deducibilidad al 100% del pago de colegiaturas en todos los niveles educativos.

Fortalecer el principio de igualdad salarial en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución.

Crear un protocolo con los medios de comunicación nacionales y estatales para promover un tratamiento no sexista en la información.

Promover una reforma de pensiones con el propósito de que los trabajadores logren una pensión digna a través de reducir de mil 250 a 750 las semanas de cotización, incrementar las aportaciones patronales hasta un 9.4% y que dichas cuotas serían deducibles al 100% en el ISR anual.

Expedir una Ley Nacional de Desplazamiento Forzado Interno, que asegure que los desplazados, en cualquier lugar del país, tengan garantizados sus derechos y su atención por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

5. Combate a la corrupción y fortalecimiento de las instituciones.

Reformar la Constitución en materia de fuero, para que se elimine el requisito de procedibilidad para imputar delitos a servidores públicos de alto nivel de los tres poderes y de los órganos autónomos.

Establecer y precisar los casos cuando los titulares de la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en los estados, así como los órganos internos de control, incurren en faltas administrativas graves.

Realizar cambios a la Ley Orgánica del Congreso para establecer, en casos excepcionales, la realización de sesiones a distancia de las cámaras.

Mejorar los mecanismos de Parlamento Abierto y peticiones ciudadanas.

Establecer que las licitaciones públicas de los tres órdenes de gobierno se lleven a cabo bajo los criterios de desarrollo sustentable en la adquisición de bienes y servicios gubernamentales.

6. Medio ambiente sano y sustentable

Redireccionar una parte del gasto asignado a la Refinería Dos Bocas y la reconversión de Refinerías hacia los gobiernos estatales y municipales, para atender las metas vinculadas al cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero y los objetivos de la Agenda 2030.

Promover, mediante estímulos fiscales, la electrificación con energías de fuentes limpias en zonas indígenas y de alta marginación.

Reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Código Penal Nacional, a fin de promover el resguardo de las áreas naturales protegidas ante la tala ilegal.

Crear un Observatorio Ciudadano para la supervisión ambiental de los megaproyectos de la actual administración federal, como el Tren Maya, el Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Promover el otorgamiento de un beneficio fiscal sobre el pago del ISR a empresas que demuestren bajar considerablemente sus emisiones contaminantes.

Incrementar el porcentaje de multas al 10% a las empresas que contaminen el medio ambiente y que ese dinero sea redirigido a la creación de proyectos sustentables.

Facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley Inmobiliaria, para armonizar las legislaciones locales y una distribución específica de competencias.

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