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Nota N°. 10401 Saluda Antonio Ortega decisi贸n del Inai de interponer acci贸n de inconstitucionalidad en contra del Padr贸n de Usuarios de Telefon铆a M贸vil
  • El diputado del PRD se帽ala que la ONU ha rechazado la recolecci贸n en masa de informaci贸n biom茅trica porque incumple los principios de necesidad y proporcionalidad

 

Palacio Legislativo, 27-04-2021 (Notilegis).- El diputado Antonio Ortega Mart铆nez (PRD) salud贸 la decisi贸n del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaci贸n y Protecci贸n de Datos Personales (Inai) de interponer una acci贸n de inconstitucionalidad en contra del Padr贸n de Usuarios de Telefon铆a M贸vil que entr贸 en vigor el pasado 17 de abril, y que exige a los usuarios la entrega de datos biom茅tricos.

 

En un comunicado, sostuvo que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi贸n 鈥渃orre el riesgo de ser declarada inconstitucional porque no es id贸nea para lo que se argument贸 que buscan combatir y que son dos delitos: secuestro y extorsi贸n".

 

Se帽al贸 que la ONU ha rechazado la recolecci贸n en masa de informaci贸n biom茅trica porque incumple los principios b谩sicos de 鈥渘ecesidad鈥 y 鈥減roporcionalidad鈥.

 

Llam贸 inocente a la autoridad por pensar que con esta reforma se frenar谩n dichos il铆citos, pues 鈥渓as bandas de criminales no se limitar谩n con los datos que contengan los aparatos, bastar谩 con la compra de chips y tel茅fonos celulares en el mercado norteamericano, pasarlos la frontera de modo relativamente f谩cil y evitar que se les detecte鈥.

 

鈥淟o que s铆 queda claro es que se dar谩n miles de amparos en el pa铆s, y esta ley puede ir al costal de la Suprema Corte que, de hecho, ya tiene acumulados m谩s de 21 recursos de inconstitucionalidad de ordenanzas igual de pol茅micas, contradictorias que jur铆dicamente violentan preceptos constitucionales鈥, asever贸 el perredista.

 

Apunt贸 adem谩s que, en 煤ltima instancia, los costos de este nuevo ordenamiento correr谩n a cargo de los compradores de tel茅fonos, ya que las empresas deber谩n adquirir tecnolog铆a de 煤ltima generaci贸n para recabar la informaci贸n que se les exige y, de acuerdo con algunos c谩lculos, podr铆an representar el equivalente a los 2 mil millones de pesos.

 

鈥淓stamos ante una pol铆tica p煤blica que atenta contra derechos humanos, la privacidad de las personas y pone en riesgo informaci贸n 煤nica y muy delicada. En el mundo, s贸lo 18 pa铆ses tienen esta obligaci贸n para sus ciudadanos y curiosamente se trata de reg铆menes con una estructura institucional d茅bil, poco democr谩ticos o, para decirlo con mucha claridad, reg铆menes de gobierno autoritarios鈥, argument贸.

 

鈥淵 para quienes incumplan, se habla de multas que pudieran alcanzar decenas de miles de pesos. La m谩s alta es de 89 mil pesos o la cancelaci贸n del servicio鈥, resalt贸.

 

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