• Advierten Frida Esparza y Antonio Ortega nueva crisis sanitaria por falta de medicamentos; el Gobierno Federal hizo compra tardía de éstos
• Como consecuencia, habrá aplazamientos de citas médicas e intervenciones quirúrgicas; más vidas se perderán por la falta de planeación, negligencia, ignorancia e inexperiencia de los nuevos responsables de las áreas correspondientes

Palacio Legislativo, 10-02-2021 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRD presentará ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un punto de acuerdo para citar al Secretario de Salud, Jorge Alcocer y al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, así como a Thalía Lagunas Aragón, Oficial Mayor de Hacienda, para que expliquen el proceso de compras consolidadas de medicamentos prevista para este 2021, que implican un cuadro cercano a mil 200 productos, mediante una inversión aproximada de 100 mil millones de pesos.

A través de un comunicado, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez y el diputado Antonio Ortega Martínez señalaron que esta nueva omisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propiciará un panorama desolador, cuyas secuelas son predecibles, con un incremento de muertes por padecimientos distintos al Covid-19, debido a que no habrá medicamentos para cubrir la demanda de por sí ya preocupante.

Indicaron que, de acuerdo con el proceso de proveeduría de medicamentos al Sistema de Salud mexicano dado a conocer este lunes, este inició con medio año de atraso, colocando al país en el umbral de una nueva crisis sanitaria sumada a la pandemia que padecemos; pero esta vez por falta de medicinas y los consecuentes aplazamientos de citas médicas, intervenciones quirúrgicas, más todo lo que conlleva el proceso de atención de las y los enfermos del país.

Hay un desfasamiento donde, prácticamente, el primer semestre de este año será dedicado a procedimientos de carácter administrativo-comercial, y habrá que hacer compras emergentes, a destiempo, a altos precios, con deficiencias en las entregas, mala distribución, escasez y más lentitud en las citas, las consultas, operaciones, terapias, seguimiento, etcétera.

“La gravedad de este anuncio estriba en que el proceso formal inició apenas el mes pasado cuando se lanzaron las convocatorias, y fueron precisados el cuadro de medicamentos, condiciones y precios”, dijo Ortega Martínez.

En marzo, añadió, se anunciará qué empresas y laboratorios mostraron interés en participar, y en mayo las empresas y laboratorios ganadores; mientras que posiblemente en junio-julio comiencen a ser surtidos los medicamentos.

“La experiencia que se tiene de anteriores regímenes, es que el esfuerzo de planeación se venía realizando a mitad del año anterior para que corriera en ese tiempo todo el proceso administrativo, comercial, de licitaciones, firma de contratos, preparación de laboratorios para la adquisición de insumos, elaboración y envío. Eso se debe hacer en los meses del año anterior, no al arranque del nuevo año”.

Esparza Márquez y Ortega Martínez enfatizaron que por esta situación se prevén “meses de terror, un panorama desolador para la población y una crisis de atención a diversas enfermedades que, sumadas al Covid-19, se convertirán en una situación inédita”.

Atribuyeron este nuevo problema a la falta de planeación, negligencia, e inexperiencia de quienes tienen a su cargo las áreas correspondientes para proveernos de los medicamentos.

Más aún, resaltó Esparza Márquez, la actual Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas difícilmente puede aducir “desconocimiento del tema” cuando tiene más de un año en el cargo y es la principal responsable de llevar al cabo las compras consolidadas; el tema está bajo su jurisdicción y, por ende, es la principal causante de esta nueva crisis. “Lo que estamos testificando es una absoluta falta de empatía de la funcionaria”.

Ortega Martínez señaló que este nuevo escenario se suma a las gravísimas consecuencias que se generaron en 2019 y 2020 tras las decisiones tomadas por la otrora Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro (hoy titular del Sistema de Administración Tributaria) quien, junto al presidente López Obrador, igualaron el tema del abasto de medicamentos como uno de “corrupción”, de “preferencias” y “monopolios”, tomando la decisión de romper las relaciones comerciales e institucionales con la industria farmacéutica, laboratorios y corporaciones en general, acusándolos de ser responsables del desabasto (que se dejó sentir sobre todo contra enfermos de cáncer y VIH).

“Acusaciones gravísimas de corrupción, de chantajes, de ineficiencias que quedaron sólo en recriminaciones en las ‘mañaneras’, en campañas mediáticas en las redes; que nunca se convirtieron en denuncias concretas ante el Ministerio Público y las fiscalías para que se investigara y se responsabilizara a alguien de daños por estas faltas”, precisó.

En este anuncio sobre los convenios que ha sostenido México con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), ha trascendido que quedó desierto cerca del 12% de las licitaciones, y la mayor parte de participantes son firmas mexicanas, mientras que las extranjeras son, sobre todo, sudafricanas, brasileñas, estadounidenses, francesas, alemanas, españolas e inglesas.

Curiosamente, refirieron los perredistas, las empresas mexicanas son las que participan en el mayor número de medicamentos (como debía haberse hecho siempre), por lo que externaron su confianza en que -por las condiciones logísticas- sean quienes ofrezcan las mejores condiciones para ganar dichos concursos, lo que echará por los suelos las denuncias y las acusaciones de una industria farmacéutica nacional “parasitaria, monopólica, corrupta e ineficiente”.

Lo cierto es que la información filtrada habla de que la industria nacional mexicana es la más activa en las participaciones y veremos si, finalmente, es la que ofrece mejores condiciones para ganar los concursos y licitaciones.

“Esto será motivo de debate en la Cámara de Diputados. La Comisión de Salud deberá discutir este tema y, desde luego, fijar las responsabilidades de las causantes del daño que, con toda seguridad, los mexicanos vamos a sufrir”, finalizaron.

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