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Nota N°. 9635 La Sader debe tener la facultad de otorgar las licencias para producción, distribución, comercialización y venta del cannabis: René Juárez

Palacio Legislativo, 10-03-2021 (Notilegis).- La ley debe garantizar que las licencias para regular las actividades de la cadena productiva del cannabis se otorguen con transparencia y en beneficio de los campesinos, a fin de que, al ser un hecho consumado por el voto de la mayoría parlamentaria, aprovechen el uso industrial del cáñamo, planteó el diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

 

El legislador presentó una reserva legislativa a los artículos 26, 35 y 42 de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con la finalidad de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sea la instancia facultada de emitir dichos permisos, y no la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

 

“Hay que aprovechar el potencial de la industria y proteger a nuestros campesinos, que no se conviertan en empleados, maquiladores o en esclavos de las transnacionales”, dijo en un comunicado.

 

Señaló que, en el mercado, el valor de una tonelada de cáñamo supera como mínimo en 10 veces el valor de una tonelada de caña de maíz, en consecuencia, el cambio propuesto busca aprovechar al máximo el potencial orgánico de los cultivos, debido a que existen otros posibles aprovechamientos como: la elaboración de fibras textiles, biocombustibles o celulosa para papel.

 

“Con este incentivo, la industria del cáñamo puede representar una gran oportunidad en la actividad agrícola en zonas de alta marginación en nuestro país, y con ello, abrir oportunidades de desarrollo para las familias campesinas”, insistió.

 

El líder del GPPRI agregó que no está en contra del libre desarrollo de la personalidad individual, pero no avala la forma deficiente con que la nueva ley aborda la legalización de la marihuana para usos recreativos y expuso algunos errores:

 

- No protege el interés superior de la niñez y la juventud al poner en riesgo su salud y vida, pues abre la puerta hacia la drogadicción y la autodestrucción.

 

- Como está redactado, el ordenamiento jurídico no beneficia a las comunidades y los campesinos, sino a las empresas transnacionales, que son las que tienen capacidad económica para monopolizar todas las etapas de la cadena productiva.

 

- No hay claridad en el proceso de emisión de licencias y se corre el riesgo de que las acaparen unos cuantos y haya corrupción.

 

- La ley ignora reglamentar la importación de medicamentos derivados del cannabis para utilizarlos en la atención de pacientes, a quienes ayudaría a mejorar su calidad de vida.

 

- La Conadic adquiere más responsabilidades, pero ni un peso más de presupuesto y en su esencia institucional hay una contradicción, porque ahora será promotora de la drogadicción.

 

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