- De efectuarse, después de las elecciones del 6 de junio, debe ser para atender temas urgentes del país y hacer justicia a víctimas del diputado Benjamín Huerta; el grupo parlamentario no permitirá que López Obrador lo utilice como instrumento de venganza contra el gobernador de Tamaulipas, sostiene la diputada Verónica Juárez, coordinadora de la bancada
Palacio Legislativo, 21-05-2021 (Notilegis).– Las y los diputados del PRD señalaron que no avalarán un período extraordinario para que la “mayoría artificial” de Morena, lo utilice para atender instrucciones y caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario, sostuvo que de efectuarse un eventual periodo extraordinario después de las elecciones del 6 de junio, éste debería realizarse para atender temas urgentes del país y se haga justicia a víctimas del diputado de Morena Benjamín Huerta, acusado de múltiples violaciones a menores de edad. Aseveró que su bancada no permitirá que López Obrador lo utilice como instrumento de venganza contra el gobernador de Tamaulipas. “Si el presidente realmente tiene disposición a combatir la presunta corrupción e impunidad, que empiece por sus propias filas, como el caso de Alfonso Durazo, quien presuntamente no declaró bienes por un valor superior a 200 millones de pesos”. “Bajo ninguna circunstancia permitiremos que López Obrador pretenda usar, a través de su bancada, un eventual periodo extraordinario como instrumento de venganza contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. “Es un claro intento de violar la autonomía de Tamaulipas y el federalismo. No se configuran las condiciones para la desaparición de poderes en la entidad, porque los tres poderes están en funciones y el gobernador García Cabeza de Vaca está ejerciendo plenamente su cargo”, consideró. Juárez Piña pidió al Presidente dejar de usar el aparato del Estado para hostigar a la oposición. “Si realmente tiene disposición a combatir la presunta corrupción y la impunidad, que permita que las instituciones hagan su trabajo de manera autónoma y respete las decisiones judiciales”. * * * |
