• La diputada de Morena señala que el objetivo es crear° propuestas legislativas para que el Estado genere las condiciones que materialicen el derecho humano a la alimentación

Palacio Legislativo, 29-09-2021 (Notilegis).- La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, reinstaló el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, en la LXV Legislatura, con el fin de generar propuestas legislativas para que el Estado materialice el derecho humano a la alimentación.

“Ello implica un examen exhaustivo de las políticas gubernamentales y de la legislación en vigor para la protección del derecho a la alimentación antes de elaborar una política general y una legislación marco que permita garantizar la protección global”, indicó la legisladora, quien encabeza dicho Frente, en el marco del Día Internacional del Maíz, que se conmemora cada 29 de septiembre.

Resaltó la importancia de que ambas Cámaras que integran el Congreso de la Unión trabajen unidas para llevar a cabo una normatividad transformadora a favor de una alimentación adecuada, ya que es imperante una estrategia nacional para la aplicación de este derecho.

Alavez Ruiz recordó reformas a la Constitución, como el 4° constitucional, para reconocer que en México toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará, sin embargo, dijo que debe haber alimentos disponibles para que toda persona tenga acceso a ellos en cantidad suficiente para cubrir sus requerimientos nutricionales.

El Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, se constituyó el 7 de septiembre de 2011 por acuerdo de senadores y diputados de la LXI Legislatura, en respuesta a la iniciativa del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

La diputada Claudia Tello Espinoza (Morena), coordinadora temática de Desarrollo Rural y Asuntos Agrarios de su Grupo Parlamentario, aseguró que desde el Poder Legislativo seguirán impulsando el Frente en contra del hambre para que éste se haga cada vez mayor.

Por su parte, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, en la Cámara de Senadores, ratificó su compromiso como legisladora en este tema tan importante estrechando lazos con la Cámara de Diputados.

Comentó que para México los desafíos en torno al derecho a la alimentación son diversos y complejos, ya que “en el país hay cifras alarmantes tanto de subalimentación y pobreza, como de obesidad”.

Aseveró que desde dicho Frente son conscientes de que la lucha contra el hambre, la pobreza y todas las causas de malnutrición deben de estar siempre en lo más alto de las agendas políticas y legislativas para establecer marcos institucionales eficaces capaces de garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación.

En su participación, Lina Pol Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en México, afirmó que la reinstalación del Frente es un paso firme que da México para trabajar por la garantía del derecho a la alimentación

Comentó que una de las transformaciones que se vislumbra en México, es una reglamentación que haga tangible el artículo 4° constitucional para ejercer el derecho humano a la alimentación adecuada, que establezca las obligaciones de las autoridades del Estado y del sector privado, así como mecanismos institucionales para dar la base jurídica, a fin de realizar una legislación subsidiaria.

Pol Alfaro consideró que es necesario esforzarse por garantizar que toda persona tenga acceso regular a una alimentación adecuada y no solo un imperativo moral, ya que “es también una inversión, porque representa enormes beneficios económicos y también es un derecho humano básico que tienen todas las poblaciones”.

Dijo que antes de la pandemia México ya se encontraba con casi la mitad de la población con algún grado de inseguridad alimentaria y un 75 por ciento de la población adulta con sobrepeso y obesidad.

El diputado Jairo Joaquín Flores Divas, de Guatemala, coordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre en América Latina y el Caribe, dijo que la reinstalación del mismo significa un compromiso de más congresistas trabajando para combatir el hambre, la desnutrición y malnutrición.

Víctor Suárez Cabrera, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), comentó que es importante que dicho Frente elabora la reglamentación del derecho constitucional a la alimentación; “el momento es propicio toda vez que el modelo de producción de alimentos verde está colapsado”.

Consideró que es necesario reemplazarlo con un modelo de reproducción de alimentos con base en la agroecología, sin transgénicos, revalorizando las agriculturas campesinas e indígenas y también sustituyendo el modelo de mala nutrición que se impuso bajo el neoliberalismo en beneficio de las grandes agroalimentarias que han propiciado una epidemia de obesidad y sobrepeso.

Luis Lobo, coordinador del proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre y Oficial Técnico del Programa España-FAO, explicó que se deben impulsar acciones para logar una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático que permita impulsar la transformación de los sistemas alimentarios.

Ante este contexto, dijo que las legislaciones, las políticas y presupuestos adecuados son herramientas muy poderosas que pueden ayudar a la solución del gran problema de la malnutrición en todas sus formas, el cual es tema complejo, multicausal y en donde todos los actores de la sociedad deben involucrarse.

Ruy López Ridaura, representante de la Secretaría de Salud (Ssa), destacó que es de interés de la dependencia federal la reinstalación del Frente porque es necesario tener una política pública integral de transformación del sistema agroalimentario, a fin de tener una alimentación saludable.

“Es fundamental porque contar con una ley reglamentaria nos va a permitir tener de manera integral una serie de iniciativas que cada uno de los sectores hemos trabajado en esta primera mitad del Gobierno Federal, que requiere su materialización y blindaje”, añadió.

Alfredo Mayeen, oficial de programa para Mesoamérica de la oficina subregional de FAO para Mesoamérica, resaltó la importancia de dar continuidad a la gran labor coordinada por las legisladoras de ambas cámaras, con lo cual “fortalecerán y contribuirán con grandes acciones a la lucha contra el hambre y la malnutrición como un asunto estratégico en las políticas de reactivación social de México”.

Fernando Carrera Castro, representante de la Unicef en México, comentó que el Frente tiene un papel fundamental para lograr esta transformación puesto que se requieren cambios estructurales y legales, en este sentido la Ley General de la Alimentación Adecuada constituye una pieza crucial para que en México toda la población tenga acceso a una alimentación nutritiva y suficiente.

“Hoy más de un tercio de niñas, niños y adolescentes en México sufre exceso de peso y lo que se conoce como hambre oculta o carencias en micronutrientes consecuencia de una alimentación suficiente en calorías, pero deficiente en nutrimentos esenciales como las vitaminas y minerales; daña el medio ambiente y cultura alimentaria”, añadió.

Monserrat Salazar, directora general de The Hunger Project, explicó que la reinstalación del Frente mantiene vivo un mecanismo de participación para reflexionar y sobre todo para trabajar en la transformación de los sistemas alimentarios. “El hambre no es la escasez de alimentos, es la falta de democracia, esta es una enorme oportunidad para concretar el trabajo que comenzó hace décadas”.

Alejandro Calvillo, representante de la organización “El Poder del Consumidor”, mencionó que se requiere coordinar esfuerzos de manera conjunta con funcionarios, academia, sociedad civil y organismos de naciones unidas para realizar un cambio en la alimentación.

Julieta Ponce, de la Alianza por la Salud Alimentaria y la Campaña sin Maíz no hay país, pidió que el Frente realice propuestas de indicadores para pasar de las reformas legislativas a una verdadera política que haga realidad el derecho a la alimentación; que transparente los mecanismos de participación de las organizaciones sociales y que realice una agenda pública que pueda ser seguida por los interesados en el tema.

----0----