• El objetivo es fortalecer la relación entre los ciudadanos y el gobierno y establecer el derecho constitucional de acceso a internet de todas y todos los mexicanos, señalan

Palacio Legislativo, 02-02-2022 (Notilegis).- Integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezados por su presidente, el diputado Javier López Casarín (PVEM), promueven una iniciativa que reforma la Constitución Política para transitar a la ciudadanía digital y gobierno electrónico.

En conferencia de prensa, expusieron que el objetivo es fortalecer la relación entre ciudadanos y Gobierno Federal, y establecer el derecho constitucional de acceso a Internet de todas y todos los mexicanos.

López Casarín aseveró que buscar el bienestar de los ciudadanos depende cada vez más de un mundo digital; es fundamental contar con un marco jurídico que garantice el acceso a Internet a todas las personas, en distintos sectores de la vida.

“La conectividad es el primero paso y el contenido, acceso y alcance es el segundo. Consideremos que esto será una espiral virtuosa que dejará cierta gravitación, pero que luego habrá de hacer una explosión hacia los diferentes sectores”.

Insistió que es preciso ir preparando al país para un futuro lleno de retos como acotar la brecha digital y dimensionar las repercusiones que tiene, así como implementar un gobierno digital para brindar mejores servicios a ciudadanía, organizaciones, empresas y otros gobiernos.

El diputado Mauricio Cantú González (Morena) expuso que el derecho al acceso a Internet, se debe impulsar bajo una perspectiva estratégica a mediano y largo plazo y esta iniciativa, rendirá frutos para las futuras generaciones en diversos aspectos de la vida.

Explicó que su propuesta pretende plasmar el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso a la Internet en la Carta Magna, el cual ya lo establecen instancias internacionales como la ONU.

El Censo 2020, refirió, señala que alrededor de un 74 por ciento de la población mexicana tiene acceso a Internet y que en la tendencia de los último dos años se alcanza el 80 por ciento; pero aún existe un 20 por ciento que está rezagado y se debe poner atención en esto.

Asimismo, esta reforma pretende que la relación de ese 80 por ciento de la población con acceso Internet con los tres niveles de gobierno sea más eficiente y se elimine la discrecionalidad en la tramitología, se reduzca la corrupción y se eleve la productividad.

La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) comentó que en la Ciudad de México ya existe la Ley de Ciudadanía Digital, que entró en vigor en 2020 y que dio paso a crear la Agencia Digital de Innovación Pública en esta entidad.

Destacó que esto ha favorecido para que se mejoren los servicios para los ciudadanos, se simplifiquen los trámites y en general se mejore su calidad de vida.

“La Ciudad de México es una de las pocas en América Latina que más ha innovado en esta materia y buscamos que esta reforma constitucional pueda ser una política de Estado que impacte en las entidades federativas del país”, asentó.

También de Morena, la diputada María Eugenia Hernández Pérez expresó su respaldo a esta iniciativa; sin embargo, señaló que esta transformación debe ir acompañada del desarrollo de habilidades e inteligencia digital, pues muchas personas no tienen conocimiento sobre el uso de la tecnología.

“Para poder transitar al concepto de ciudadanía digital tenemos que desarrollar las habilidades e inteligencia digital a través de un proceso educativo enfocado en tres objetivos: la ciudadanía, la creatividad y la competitividad. La tecnología avanza a pasos agigantados y México y sus instancias gubernamentales no se pueden quedar atrás”, precisó.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, expuso que esta digitalización ha permitido impulsar desde un solo lugar el uso de la tecnología pública en beneficio de los ciudadanos, es decir, utilizada como un mecanismo de ejercicio de derechos de las personas.

Refirió que la eliminación de barreras para que las personas en su día a día puedan acceder a estos derechos de manera expedita y rápida ha permitido terminar con 750 trámites y siete requisitos, lo que ha generado un ahorro de mil 300 millones de pesos.

Agregó que la Agencia está a cargo de toda la mejora regulatoria, la simplificación administrativa, el proceso de digitalización, de los sistemas de información públicos, de la conectividad, de la promoción de un gobierno abierto y de la infraestructura tecnológica.

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