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Nota N°. 1805 Una fiscalización alejada de la política y apegada al derecho, deber de la ASF: Pablo Angulo Briceño
  • El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF encabeza la entrega de la Cuenta Pública 2020 por parte del auditor David Colmenares
  • El diputado Hiram Hernández Zetina indicó que la corrupción es un problema de carácter estructural, que trasciende sexenios y partidos.

 

Palacio Legislativo, 20-02-2022 (Notilegis).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe actuar como una institución modelo, que inspire confianza y credibilidad, realizando auditorías alejadas de la política y apegadas al derecho, afirmó el diputado federal Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien se comprometió a trabajar cerca de la institución fiscalizadora, sin menoscabo de su autonomía técnica y de gestión, pero sin olvidar que esta función es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

 

Durante el acto de entrega de la Cuenta Pública 2020 y Tercera Entrega del Informe de Resultados, por parte del auditor superior David Colmenares Páramo, en el Palacio Legislastivo de San Lázaro, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF enfatizó que “ningún servidor público debe sentirse amenazado ante una correcta auditoría del uso de recursos públicos que manejan en el ejercicio de sus facultades”.

 

En un comunicado, tras señalar la importancia de la fiscalización para combatir la corrupción, recordó que importantes organismos internacionales ubican a México en el país 124 de 180, en percepción de este mal.

 

Por ello, se comprometió, a nombre de la Comisión, a trabajar cerca de la institución, “sin menoscabo de su autonomía técnica y de gestión, pero sin olvidar que esta función es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”.

 

Ante representantes de todas las bancadas, auditores especiales y funcionarios de la ASF, Angulo Briceño anunció que los diputados citarán a comparecer al Pleno de esta Comisión a funcionarios públicos, vinculados con los resultados de la fiscalización, que presuntamente hayan cometido un mal uso de los recursos públicos federales. Vigilaremos, aseguró, que se garanticen acciones resarcitorias, denuncias penales y reparaciones que logren dejar intacto el patrimonio de la nación.

 

En su oportunidad, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Hiram Hernández Zetina coincidió en señalar que la corrupción, así como el mal manejo de los recursos públicos, la falta de transparencia y rendición de cuentas, son unos de los principales problemas del país, de carácter estructural, que trasciende sexenios y partidos, de ahí la importancia de este acto.

 

Agregó que su origen “tiene que ver con un mal diseño institucional que no responde a las necesidades de nuestro tiempo, la poca o nula especialización de las áreas de la administración pública en los 3 niveles de gobierno y la impunidad”, y que además genera pérdidas económicas hasta por cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Evaluar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno, anotó, es de suma importancia, no solo para mejorar el servicio público, sino también para impulsar nuestra economía y mejorar la confianza en nuestras instituciones y servidores públicos.

 

Hiram Hernández externó el respaldo total de la bancada tricolor al auditor David Colmenares y al trabajo de la ASF “para trabajar de manera conjunta por México, siempre por México”.

 

Por su parte, el auditor David Colmenares Páramo señaló que se cierra una etapa de un trabajo en pandemia, donde se realizaron mil 600 auditorías, cifra que fue 6 por ciento superior al número de revisiones originalmente consideradas para el ejercicio en revisión. Informó que por primera vez se realizaron auditorías digitales, gracias a la Comisión de Vigilancia y el resto del Congreso, que impulsaron la reforma legal correspondiente.

 

Destacó el beneficio de contar con una fiscalización moderna y dinámica, que debe contemplarse a la luz de la mejora en la administración pública del país, no solo en el gobierno federal, sino también en los estados y en los municipios, en aras del incremento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la República.

 

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