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Nota N°. 2835 Necesario realizar legislaci√≥n para que industria minera asuma responsabilidades econ√≥micas, sociales y ambientales: Judith T√°nori
  • Adriana Bustamante considera que se necesita ejecutar acciones para prevenir el impacto ambiental en los territorios donde hay minas y establecer estrategias con informaci√≥n cient√≠fica traducidas en una propuesta legislativa para prevenir impactos econ√≥micos y sociales

 

Palacio Legislativo, 31-05-2022 (Notilegis).- La diputada Judith Tánori Córdova (Morena) afirmó que es necesario realizar una legislación para que la industria minera asuma sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales.

 

Durante la presentaci√≥n del informe ‚ÄúY despu√©s de la mina ¬Ņqu√©? Hacia una pol√≠tica sobre cierre de minas‚ÄĚ, indic√≥ que dicho documento tiene el objetivo de dialogar y definir las acciones para realizar un an√°lisis y legislar en la materia.

 

T√°nori C√≥rdova indic√≥ que el informe analiza las leyes actuales en materia minera y visualiza la problem√°tica de la falta de una pol√≠tica de cierre de minas, los riesgos que existen, por ello examina las regulaciones internacionales, con el fin de que ‚Äúquienes generamos leyes tengamos una base para empezar a partir de las experiencias externas en nuestra realidad‚ÄĚ.

 

Se√Īal√≥ que es necesario realizar una ley integral en la materia, que beneficie a las personas que vivan cerca de una mina, que genere conciencia para que los procedimientos de cierre de minas comiencen incluso antes de los permisos para la explotaci√≥n minera; los trabajos de remediaci√≥n deben ser evaluadas por las autoridades atravesando las etapas de la exploraci√≥n de una mina.

 

La legisladora por Sonora expuso que en M√©xico la miner√≠a metal√ļrgica representa una de las actividades m√°s importantes en materia econ√≥mica, ya que contribuye con el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del pa√≠s y se ubica entre los 10 principales productores de 17 diferentes minerales.

 

Sin embargo, dijo que hablar sobre la minería como una de las actividades económicas más importantes del país implica necesariamente hacer una revisión de la regulación integral a estas actividades extractivas y reconocer que las deficiencias legislativas han convertido a dicha actividad en una de las principales causales de emergencias ambientales y sociales en el país.

 

Recordó que en los 90 se realizaron modificaciones que cambiaron la legislación de forma negativa en materia ambiental, económica y social.

 

Por lo anterior, reiteró que se requiere una legislación que permita el desarrollo económico, al tiempo que garantice a la población el pleno ejercicio de su derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar que garantice la salud y trabajo.

 

Resaltó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha otorgado ninguna concesión a empresas mineras y se ha impulsado una ley para que no puedan poseer áreas protegidas.

 

Refiri√≥ que durante los a√Īos del neoliberalismo, la miner√≠a tuvo importantes cambios legislativos que impactaron de manera negativa en los derechos de las y los mexicanos, as√≠ como en las obligaciones gubernamentales y empresariales involucradas en la industria minera.

 

Mencion√≥ que el pa√≠s requiere una legislaci√≥n que permita el desarrollo econ√≥mico ‚Äúal tiempo que garantice a la poblaci√≥n el pleno ejercicio de su derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar‚ÄĚ.

 

Adelantó que ya se está trabajando en una iniciativa en materia de cierre de minas a partir de diversas investigaciones realizadas por la CEPAL y de legislaciones internacionales. Además de contar con la colaboración de diversas dependencias y sociedad civil especialistas en la materia.

 

‚ÄúEn concordancia con los principios de la 4T, tenemos que garantizar legislativamente una miner√≠a con prioridades y principios sociales, que garanticen el bienestar medioambiental, laboral y econ√≥mico de trabajadores y comunidades aleda√Īas‚ÄĚ, apunt√≥ la legisladora.

 

Por su parte, la diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena), coordinadora temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la bancada, consideró que se necesitan ejecutar acciones para prevenir el impacto ambiental en los territorios donde hay minas y establecer estrategias con información científica traducidas en una propuesta legislativa para prevenir impactos económicos y sociales.

 

Asegur√≥ que las diputadas y diputados de su grupo ‚Äúestamos para avanzar en estos temas y proteger nuestro medio ambiente, ya que es imprescindible incluir principios de derecho ambiental, como son la prevenci√≥n, precauci√≥n y el concepto del que contamina paga y remedia, porque no podemos dejar en un tema de multas‚ÄĚ.

 

Explic√≥ que la instalaci√≥n de una mina significa la transformaci√≥n de estilos de vida, por lo que se requiere realizar acciones para mitigar los impactos que afectan de manera importante el estilo de vida de las poblaciones, ‚Äúno podemos permitir que el cierre de mina sea un sin√≥nimo de indiferencia, impunidad para nuestras comunidades‚ÄĚ.

 

Dijo que actualmente la legislaci√≥n ambiental contempla que las empresas deben de presentar un programa de cierre que debe restaurarse y remediar el sitio, pero ‚Äúla realidad es que en la legislaci√≥n minera se omite este paso muy tramposamente que estamos dispuestas a revertir avasalladoras de los derechos humanos y poblaciones ind√≠genas‚ÄĚ.

 

Refirió que actualmente hay 503 proyectos mineros de explotación, 46 de exploración, 49 en desarrollo y el 12 por ciento de la superficie del país esta concesionado solo en el tema de minería, sabemos que hay estados que tienen concesionado el 40 por ciento de su territorio.

 

Refiri√≥ que M√©xico tiene un potencial minero muy importante, por lo que se deben tomar acciones sobre las profundas transformaciones ambientales que la miner√≠a implica como corrupci√≥n, da√Īo ambiental y muerte.

 

Agreg√≥ que hablar de cierre de las minas es hacerlo de la √ļltima fase de un proyecto minero, en el que no se tiene una adecuada definici√≥n y regulaci√≥n en el marco jur√≠dico.

 

Por ello mencionó, es importante avanzar en estos temas y proteger el medio ambiente, así como incluir principios de derecho ambiental, como es la prevención.

 

‚ÄúNecesitamos ejecutar acciones para prevenir este impacto en nuestros territorios y establecer estrategias. Que contemos con informaci√≥n cient√≠fica, y traducir esto en una propuesta legislativa que muchos diputados vamos a defender en beneficio de los mexicanos‚ÄĚ, expres√≥ la diputada.

 

Finalmente, consideró que se debe crear un grupo de trabajo en la materia para realizar cambios en leyes y normas.

 

Por su parte, Dolores Rojas Rubio, fundadora de Heinrich Boell, indicó que en dicho informe se analizó de qué va, cómo afecta, cómo se puede regular, detener y palear los impactos negativos que deja la minería en México.

 

Se√Īal√≥ que el documento arroj√≥ que hay un vac√≠o en la normatividad para la miner√≠a ya que es laxa, pues ‚Äúlas empresas han quedado a deber en cuesti√≥n ambiental y cuando dejan las minas se olvidan de todo, por lo anterior se acercaron v√≠a las asociaciones de la sociedad civil a los territorios donde hay dichas excavaciones, a fin de conocer los impactos sociales y ambientales‚ÄĚ.

 

Letizia Silva, de Engenera, expuso que se deben normar las fases de las que se compone la minería como la prospección (exploración del terreno para descubrir la existencia de yacimientos), exploración, explotación, beneficio, limpieza del mineral y el cierre, ciclo que se ha normalizado, pero que se debe regular para evitar el deterioro social, ambiental y territorial.

 

Asimismo, dijo que en el informe se propone realizar una metodología para el cierre de las minas como informes periódicos, visitas de inspección que hace Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportes, planes de cierre respecto del impacto ambiental y monitoreo de los informes de las empresas, entre otros.

 

Letizia Silva comentó que en el documento se analizó qué sucede con el cierre y abandono de las minas en corto, mediano y largo plazo, el cual arrojó que los lugares donde hay dichas excavaciones tienen residuos tóxicos que no permiten que sobreviva nada y nadie se hace responsable de ello.

 

Detalló que el cierre de las minas o la no actividad no se ha regulado, por lo que las empresas pueden realizar prospección en diversos puntos del territorio sin importar las afectaciones por la falta de normas.

 

Finalmente, explic√≥ que las recomendaciones seg√ļn dicho informe es realizar un diagn√≥stico del impacto ambiental por la actividad minera, evitar la proliferaci√≥n de pueblos fantasma, involucrar a las universidades y centros de investigaci√≥n en sus planes de estudios que tengan que ver con la ingenier√≠a de minas, adem√°s de otras disciplinas para realizar un cierre integral de mina tomando en consideraci√≥n cuestiones de temas sociales.

 

Mario Martínez Ramos, ingeniero y testimonio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comentó que la corrupción que generaron las empresas mineras en 2010, desaparecieron dicho cerro por medio de la Minera San Xavier, la cual extraía oro y plata, y también puso en riesgo el patrimonio histórico, pese a los logros jurídicos de los defensores del medio ambiente y cultural de la entidad.

 

Por lo anterior, reiteró que se tiene que legislar en materia del cierre de minas más actualizada y eficiente, a fin de que sea planificado y sin afectaciones a los habitantes de la zona de la extracción.

 

Además, consideró que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente es obsoleta, porque no contempla normatividades en la materia, por lo que se requiere actualizar, a fin de proteger las zonas donde se realizan actividades mineras.

 

Finalmente, Aleida Azamar, de Hacia la transformaci√≥n de la ley minera Comentarios Colectiva Cambi√©mosla YA, consider√≥ que se debe modificar la legislaci√≥n, porque no se garantiza el bienestar p√ļblico, violenta los acuerdos nacionales e internacionales, entra en conflicto con la Constituci√≥n, no considera la consulta ciudadana, no se hacen an√°lisis previos de la exploraci√≥n, entre otros aspectos.

 

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