01-04-2014.-

• Aprueban reformas para garantizar la seguridad de los habitantes a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos

Con 416 votos a favor, tres en contra y 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de prevención de riesgos, y añade un capítulo.

Al fundamentar el dictamen, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (PRI), secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, destacó que el tema es de la mayor relevancia ya que 22 millones de personas viven en zonas de riesgo al estar expuestos a fenómenos hidrometeorológicos, como ciclones, lluvias atípicas, inundaciones y cambios climáticos.

“Lo más grave es que aproximadamente el 80 por ciento de la población que vive en zonas de riesgo está en condiciones de alta o muy alta marginación, lo que es inaceptable en un país que aspira al progreso y al desarrollo. De ahí la importancia de la reforma, ya que con ella se pretende atender, con medidas preventivas, los riesgos que derivan de los asentamientos humanos irregulares”, precisó.

Señaló que en México se tienen identificados 74 centros de población expuestos a riegos por los fenómenos hidrometeorológicos, además de que las ciudades crecen con graves problemas de desorden, carencias y deterioro.

Consideró que los fenómenos meteorológicos que tuvieron lugar en septiembre de 2013 “pusieron al descubierto las debilidades institucionales y la corrupción de autoridades, propietarios y empresas que propiciaron la ocupación de asentamientos humanos”.

La diputada Velázquez Díaz agregó que desde su publicación, en julio de 1993, la Ley General de Asentamientos Humanos solo se había modificado en cuatro ocasiones; la última, en la presente Legislatura, al actualizarse la denominación de la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El dictamen, puntualizó, implica una de las reformas más importantes, ya que se propone garantizar la seguridad de los habitantes a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos.

La reforma prevé como causa de utilidad pública la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos. Se establece que los municipios evaluarán y prevendrán la ocupación de zonas de riesgo natural o antropogénico que pudieran poner en riesgo o en peligro a la población y a sus bienes.

Asimismo, se contempla que las zonas que se determinan como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano sólo podrán tener un uso, destino o aprovechamiento compatible con tal determinación.

Se adiciona un capítulo 8 Bis en el que se prevén de forma explícita las diversas hipótesis en las que los asentamientos humanos pueden considerarse de alto riesgo. Finalmente, se adicionan varios artículos para establecer las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en materia de prevención de riesgos.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, destacó que la reforma busca establecer líneas específicas de observancia general a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para implementar medidas que eviten la construcción de viviendas en zonas vulnerables o de alto riesgo, a través del Atlas Nacional de Riesgos.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), se manifestó en contra y argumentó que en el fondo, la intención de la reforma es establecer normas imprecisas para justificar acciones de gobierno en los asentamientos irregulares, sin resolver el problema de fondo. “Es un mal parche legislativo que no atiende las deficiencias regulatorias y la falta de planificación”.

Alfonso Durazo Montaño (MC), al votar en pro del dictamen, señaló que la reforma abre la posibilidad de fijar las normas básicas tendentes a garantizar la seguridad y protección civil de los habitantes, previniendo, con mayor eficacia, riesgos naturales derivados de los asentamientos humanos.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM) comentó que el crecimiento de la población y su concentración en las zonas metropolitanas propician la emisión de gases que aumentan la temperatura del planeta. Conforme cambia la temperatura, dijo, y se hace más extrema, se provocan deslaves y resquebrajamientos cada vez más frecuentes. La presente reforma, concluyó, garantizará la seguridad de los habitantes a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos de origen natural y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos.

El diputado Ramón Montalvo Hernández, del PRD, destacó que aproximadamente 22 millones de personas se encuentran expuestas a un nivel mayor de riesgo por la presencia de ciclones, lluvias, deslavamientos e inundaciones derivado tanto por la falta de estudios previos y de planeación, como por el abuso y la corrupción de personas que, sin escrúpulos, les ocultan los riesgos de los asentamientos, por lo que se pronunció a favor del dictamen.

Felipe de Jesús Almaguer Torres, del PAN, indicó que la reforma permitirá abordar de manera responsable la prevención y sanción en materia de riesgos. La reducción de desastres, dijo, debe ser un componente clave en las políticas públicas del gobierno federal y los locales. Consideró necesario impulsar los mecanismos pertinentes, basados en la planificación y el establecimiento de un marco institucional legal para mitigar las consecuencias de los desastres.

Recordó que los fenómenos hidrometeorológicos Ingrid y Manuel afectaron a dos terceras partes del país, con un saldo de más de 150 muertos, 300 mil damnificados y más de un millón 200 mil personas con algún tipo de afectación.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruíz de León (PRI) dijo que la reforma permitirá prevenir los riesgos en los asentamientos humanos.

No podemos olvidar, refirió, los efectos causados por Ingrid y Manuel a lo largo del territorio nacional. Tampoco lo ocurrido en La Pintada, o las inundaciones en la marginada colonia Luis Donaldo Colosio, en Acapulco, ni a los cerca de 250 mil habitantes afectados por dichas tormentas ni los 50 mil evacuados así como los centenares de víctimas fatales.

En la propuesta, señaló, se propone fijar la obligatoriedad de las autoridades para establecer y aplicar sanciones a quienes permitan o alienten la ocupación de zonas en riesgo y que ponen en riesgo el patrimonio y la vida de las personas.

El diputado Víctor Díaz Palacios (PRI), al hablar en pro del dictamen, se manifestó a favor de la aplicación de la pena corporal a quienes incumplan la ley. “Mientras no hagamos el traslado de la pena administrativa a la pena corporal, la autoridad federal, estatal y municipal estarán otorgando permisos de uso de suelo en zonas de riesgo, aun teniendo el Atlas”, consideró.

El diputado Ramón Montalvo, del PRD, reservó para su discusión el artículo 5o, fracción IX, el cual fue rechazado por el Pleno para luego ser aprobado en sus términos con 336 votos en pro, 32 en contra y 14 abstenciones.

El dictamen se envió al Senado de la República para su trámite correspondiente.

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