• Uso irracional de recursos dañó ecosistemas, asegura

• México tiene imperiosa necesidad de crecer económicamente sin entregar el medio ambiente: Guerra Abud, secretario de la Semarnat

• Necesario establecer un sólo código ambiental: Guillermo Haro Belchez, titular de la Profepa

• Detrás de la injusticia ambiental hay problemas éticos: José Narro Robles, rector de la UNAM

02-04-2014.- El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, reiteró el compromiso del Poder Legislativo para encontrar soluciones a los retos que enfrenta la justicia ambiental en el país, pues durante mucho tiempo el cuidado de la riqueza natural fue dejado de lado por gobiernos y sociedad, y los ecosistemas sufrieron la degradación producto de la contaminación y el uso irracional de los recursos.

En la inauguración del foro “El futuro de la justicia ambiental en México”, dijo que hay dos retos a considerar: primero, cómo dar incentivos a las empresas para que inviertan recursos a fin de mejorar su desempeño ambiental y actúen de manera preventiva, en vez de hacerlo de manera reactiva.

“Tenemos que hacer más atractivo invertir para evitar contaminar, es decir, invertir en multas y sanciones por haber contaminado; esto nos ayudaría a reducir la carga jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a nivel federal y mejorar el medio ambiente”, aseguró.

El otro reto, precisó, es que la sociedad cobre más conciencia sobre los problemas ambientales, por lo que es fundamental seguir trabajando para que “logremos entender que sólo con un medio ambiente sano lograremos un desarrollo sustentable y más justo”.

González Morfín recordó que México es una de las naciones con mayor patrimonio natural del planeta; es la cuarta con más diversidad biológica en el mundo y en el 1.5 por ciento de su superficie terrestre existen prácticamente todos los ecosistemas.

Además, habitan entre el 10 y 12 por ciento de sus especies, muchas de ellas endémicas, lo que aumenta la importancia de la biodiversidad mexicana y la responsabilidad de su cuidado, agregó.

Recordó que con la creación de instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa, se han logrado grandes avances, pero el reto es que las instituciones encargadas de la justicia ambiental cuenten con las herramientas para hacer valer un principio muy simple, pero muy difícil de aplicar en la práctica: el que contamina paga.

Afirmó que no fue hasta el 2011 que se logró en México adecuar la ley para que las personas afectadas por un acto, hecho u omisión que ocasionara daño ambiental pudieran acudir a los tribunales para buscar compensación.

En 2012 se dio un paso más con la introducción de las acciones colectivas en materia ambiental y en 2013 con la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental. “Se trata de pasos muy positivos para hacer valer la ley en materia ambiental y ampliar el acceso a la justicia en este rubro”, destacó.

Celebró que los días que durará el foro se discutan temas relevantes para el futuro de la justicia en México. “Estaremos atentos a las conclusiones y recomendaciones para mejorar el marco normativo que sustenta a la justicia ambiental”.

A su vez, el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, señaló que el cuidado del medio ambiente es una prioridad para esta administración y el gran reto de la humanidad en el siglo XXI es el calentamiento global.

Resaltó que México es un modelo mundial en materia de control de cambio climático, pues cuenta con una legislación en este rubro, la cual obliga al Ejecutivo a reducir las emisiones de gas efecto invernadero.

Con la Ley de Cambio Climático, dijo, se ha publicado una estrategia nacional al respecto y además ha permitido que el Congreso apruebe impuestos verdes. “El medio ambiente es importante porque México tiene la imperiosa necesidad de crecer económicamente sin entregar el medio ambiente, es decir, de manera sostenida y sustentable”.

Guillermo Haro Belchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló que la gran tarea es establecer un sólo código ambiental, así como promulgar una ley de costas y mares, y otra que cree la agencia nacional para la seguridad industrial en materia de hidrocarburos, con el propósito de fortalecer lo que ya existe y evitar duplicidades y burocracia ambiental.

Planteó fortalecer las políticas de coordinación interinstitucional para acercarse a los congresos locales, instancias ambientales y órdenes de gobierno, a fin de dar acompañamiento consultivo y evitar que se elaboren leyes o se den actos de autoridad que vulneren competencias de la Federación y se violenten derechos humanos vinculados con el ambiente.

Se pronunció por el fortalecimiento de la Profepa, su rediseño y modernización de su estructura orgánica; adoptar el nuevo proceso penal acusatorio en el que se tipifiquen como graves todas las conductas que dañen el ambiente, combatiendo la corrupción y la impunidad; aplicar multas más severas y dar seguimiento a programas de compensación y remediación e instaurar mecanismos alternativos de solución de controversias que permitan a la Procuraduría intervenir sin llegar a la judicialización de los casos.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, expresó que el problema del ambiente es de todos y en donde existe preocupación. “Cuando se habla de justicia ambiental, se habla de una problemática en el quehacer de los seres humanos que reúne lo individual y lo colectivo, lo económico y social, lo biológico y lo ético, porque se trata también de un asunto de principios y de valores”.

Detrás de la injusticia ambiental, subrayó, hay problemas éticos trascendentes e importantes; atrás de la injusticia ambiental esta la codicia, el desinterés por los problemas de los otros y la preocupación exclusiva por la ganancia, es decir, “están asuntos que no van a conducirnos a nada”.

Celebró la organización de este foro para discutir asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana, el futuro y la actualidad. “No se va a poder tener justicia ambiental mientras no se resuelvan los problemas, por ejemplo, de los pueblos originarios y de los indígenas; tenemos que verlo en el contexto colectivo”.

Por el grupo parlamentario del PVEM, su coordinador, diputado Arturo Escobar y Vega, aseguró que mientras más se concientice a la sociedad sobre del cuidado al medio ambiente, más se avanzará en los temas ambientales.

Señaló que la Ley de Responsabilidad Ambiental cuenta con un esquema de responsabilidad en el que se establece que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, es decir, el que contamina paga.

Dijo que la Ley tiene complejidades pero el principio “el que contamina paga” describe la esencia de ese instrumento legislativo. “Estoy convencido que en el transcurso del tiempo nos vamos a dar cuenta de que esta herramienta estará llamada a ser, después de la reforma al 4 constitucional, el gran instrumento legislativo de política pública con que cuenta nuestro país”, abundó.

El director general del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA), A. C., Salvador Eloy Muñúzuri Hernández, indicó que “se debe fortalecer a la Profepa para fortalecer la justicia ambiental en el país”.

“Veo hoy voluntad política del Ejecutivo y un Congreso que logra consensos. Es el tiempo de fortalecer la justicia ambiental en nuestro país”, subrayó.

Se congratuló de que la actual Ley de Responsabilidad Ambiental imponga sanciones ejemplares a quienes deliberada o negligentemente perturben a los elementos naturales o a los ecosistemas.

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