• Se requieren leyes más duras para desalentar actividades que atenten contra el medio ambiente: Guerra Abud

• Funcionarios ofrecen conferencias magistrales

02-04-2014.- La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), expresó que los legisladores deben hacer reformas integrales que den la certeza jurídica necesaria a las instituciones encargadas de aplicar la ley, para proteger los recursos naturales del país.

La diputada informó que trabajan en una Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para fortalecer y dar autonomía a esta instancia.

“La apuesta que tenemos es fortalecer a la Profepa en sus recursos financieros y humanos pero, además, en su figura jurídica, para que tenga autonomía y mayor certeza jurídica y sea contundente en sus actuaciones”, detalló.

Por lo anterior, dijo, pretendemos crear una Subprocuraduría de Investigaciones de Responsabilidades de la institución que deslinde responsabilidades administrativas, penales y ambientales, y un Consejo Ciudadano que se encargue del tema de transparencia e imparcialidad.

Asimismo, instaurar una Unidad de Análisis de Información para Planeación Estratégica y un programa permanente de combate a la impunidad de actos ilícitos, corrupción e indolencia en la aplicación de la normatividad ambiental.

En su conferencia magistral, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, señaló que es necesario contar con leyes mucho más duras y sanciones que sean suficientemente fuertes para desalentar cualquier tipo de actividad que atente contra el medio ambiente.

Recalcó que el gran reto del país es propiciar un crecimiento económico mucho más importante y, a la vez, un decrecimiento de las emisiones de CO2.

“Crecer económicamente pero no a costa de las emisiones de efecto de gas invernadero. Para eso es la Ley de Cambio Climático, la estrategia nacional y el programa especial que pondremos a la consideración de toda la población en el curso de las próximas semanas”, dijo.

Manifestó su preocupación por las leyes ambientales, “pues en la gran mayoría de los casos los delitos ambientales no se consideran graves y, en ocasiones, las multas que se imponen a quien viola alguna ley son sumamente bajas”.

“Afortunadamente muchos empresarios son responsables porque toman las medidas pertinentes para proteger el medio ambiente, pero para esos pocos que no lo están haciendo, necesitamos leyes mucho más duras”, subrayó.

Por otra parte, el funcionario indicó que se requiere ofertar en todo el país diesel con bajo contenido de azufre y gasolinas más limpias porque mientras no se cuente masivamente con ellos, las normas de calidad de aire no pueden ser más severas.

Guerra Abud destacó la importancia de fortalecer a la Profepa. Explicó que se tiene un buen marco jurídico, al que habrá que reforzar y adecuar de manera permanente, “pero si no hay quien vigile y quien cuide su cumplimiento, de poco sirve”.

Advirtió que el planeta se está calentando y, en promedio, la temperatura se ha incrementado 0.85 grados. Según algunos científicos, de seguir así, al final de este siglo la temperatura podría llegar a incrementarse entre 4 y 5 grados. El 95 por ciento de la probabilidad de las causas del calentamiento son antropogénicas.

Otra conclusión de los científicos, añadió, es que los fenómenos climatológicos extremos van a ser cada día más intensos y frecuentes. Entonces, tenemos que prepararnos como humanidad para enfrentar este cambio climático que lamentablemente es ya una realidad.

Comentó que aunque México es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, (apenas el 1.4 por ciento del total), “es obvio que es uno de los más afectados por el cambio climático, ya que somos el único país al que le llegan los huracanes por el Atlántico, el Pacifico e, incluso, por el Mar Caribe”.

El año pasado, agregó, nueve de estos fenómenos tocaron tierra de manera directa y otros cinco dejaron sentir sus efectos en el territorio nacional.

Destacó la importancia del foro en el que especialistas y conocedores de las leyes darán sus puntos de vista para que, a través del Congreso, se puedan elaborar más y mejores normas que ayuden a cuidar y proteger el medio ambiente.

A su vez, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, aseguró que nunca se ha ocultado que las industrias más contaminantes son las dos más estratégicas del país: Petroleros Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Refirió que Pemex tiene más de 4 mil instalaciones, entre plataformas, pozos, refinerías y demás, y en la actualidad se tiene un avance del 30 por ciento para incorporarlas como empresas verdes. Las de la CFE son poco mas de mil 200, con un avance también del 30 por ciento, pero “el reto de esta administración es que para 2018, sin excepción, todas sean empresas verdes”.

Resaltó que se trabaja por un rediseño institucional que fortalezca a la Profepa, ya que su estructura es obsoleta. Se busca, dijo, hacerla más eficiente, sin corrupción y que ayude a enfrentar la tarea del cuidado y preservación del medio ambiente.

En su turno, el procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Miguel Ángel Cancino Aguilar, señaló que lo más importante es el monto de las multas por el daño ambiental, así como la aplicación de la ley frente a la contención del deterioro urbano ambiental.

Consideró que los sistemas de responsabilidad tienen que estar orientados a inhibir conductas de daño ambiental, a través de hacer efectivas las sanciones previstas en la normatividad.

Asimismo, lograr un círculo virtuoso de legalidad, legitimidad y sustentabilidad, ya que no basta con cumplir y hacer cumplir la ley, sino “buscar una legitimidad con el interés público en los asuntos más relevantes en las comunidades, en las regiones a nivel nacional, y orientar las actuaciones hacia la sustentabilidad”.

Por su parte, Omar Vidal Pinzón, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) mencionó que el agotamiento de los recursos naturales le costó a México 84 mil millones de dólares en el año 2007, lo cual representó el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); estos gastos aumentarán debido al cambio climático y el crecimiento poblacional.

Ante ello, señaló que el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser la base del desarrollo equitativo y justo, pues México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de mayor diversidad y el segundo en variedad de ecosistemas, ya que alberga al 10 por ciento de las especies terrestres.

Durante su ponencia “La sociedad civil frente a la justicia ambiental”, demandó un uso equitativo y sustentable de los recursos naturales, lo cual permitirá hacer de México una nación competitiva. Para ello, es necesario consolidar una política que garantice el derecho constitucional, para contar con un medio ambiente sano.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente y de la Bitácora Ambiental de Quintana Roo, Rafael Muñoz Berzunza, dijo que si bien México ha avanzado en la materia, quedan retos para las autoridades como lograr una justicia ambiental que esté vinculada con el acceso, procuración e impartición, participación social y aplicación efectiva de la normatividad.

Indicó que sólo se podrá fortalecer la gestión pública ambiental con la aplicación efectiva de la normatividad, pues la legislación mexicana ha presentado una serie de situaciones que la hacen poco efectiva en la práctica.

Para lograrlo, agregó, se requiere una distribución clara de competencias entre los tres órdenes de gobierno y que el Legislativo delimite las atribuciones y responsabilidades ambientales. Agregó que Quintana Roo es la cuna de los primeros ordenamientos ecológicos, los cuales se dieron en 1994.

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