03-04-2014.- La Comisión de Población se reunió con el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo Garza Aldape, quien dio a conocer que la Encuesta Intercensal 2015 será la más grande elaborada en toda la historia de México, y sostuvo que se tienen todos los filtros para proteger los datos personales de los ciudadanos.

Dijo a los diputados federales que la encuesta pondrá a disposición de los tres Poderes y diferentes órdenes de gobierno información actualizada sobre la población y vivienda en el país, que servirá de base para el diseño de políticas públicas. Serán 66 preguntas que se formularán a la población.

Durante la novena reunión de la instancia legislativa, presidida por el diputado Javier López Zavala (PRI), la legisladora del Partido del Trabajo, Araceli Torres Flores, expresó la conveniencia de la Encuesta Intercensal, y al mismo tiempo su preocupación por la inseguridad prevaleciente en algunos estados del país y la desconfianza de los ciudadanos en proporcionar sus datos personales.

Al respecto, Sojo Garza Aldape garantizó que el Inegi resguardará los datos personales, “es un mandamiento y tenemos todos los filtros para cuidarlos, sabemos que es una preocupación; se comparte, y vamos a tener cuidado en el tema”. También, se comprometió a cuidar la seguridad de los jóvenes encuestadores y de la población.

“Todos irán perfectamente uniformados e identificados para que la población tenga confianza, se podrá constatar el número de empleado y su fotografía en la página del Inegi para que no haya dudas de quién recaba la información”, precisó.

Explicó a los diputados federales que la estrategia general tiene dos ejes: uno, actualizar el Marco Geoestadístico Nacional (MGN). Para evitar limitaciones de la muestra, se contemplarán los municipios que reciben mucha migración, la información sobre el entorno urbano y las características de las localidades menores de 5 mil habitantes, lo cual se realizará de julio a octubre del presente año.

Dos, la Encuesta Intercensal se levantará del 2 al 27 de marzo de 2015. Los resultados definitivos se darán a conocer siete meses después de que concluya el proceso. Explicó que tendrá un costo de dos mil 474.26 millones de pesos, menor al que alcanzaría un conteo.

El diputado López Zavala indicó que éste es un tema de primordial importancia para que los mexicanos estén informados, y reconoció la seriedad del Inegi para elaborar y aportar datos fidedignos sobre los diversos temas que impactan la toma de decisiones en el país.

Al fijar la postura del PRI, la diputada Cristina González Cruz manifestó el respaldo para que se efectúe la encuesta, por la relevancia de tener información vital sobre población y vivienda para diseñar las políticas públicas. Dijo que estarán atentos a los resultados y mantendrán comunicación y coordinación estrecha con el instituto.

La legisladora María Elia Cabañas Aparicio, también del PRI, destacó la importancia de contar con datos actualizados para identificar los polígonos de pobreza extrema que existen, para agilizar y garantizar que los apoyos sociales lleguen oportunamente a los ciudadanos.

Por parte del PRD, participaron los diputados Juana Bonilla Jaime, Arturo Cruz Ramírez, Julisa Mejía Guardado y José Luis Muñoz Soria. Señalaron su disposición a recibir y aportar propuestas, así como, contar no sólo con información actualizada sino conocer el tipo y número de población en cada municipio, por la participación económica que requieren para atender sus necesidades.

El titular del Inegi apuntó que los dos mil 457 municipios del país tendrán información, y con la actualización del Marco Geoestadístico Nacional se obtendrán estimaciones con gran precisión y confianza.

“De no hacerlo, los diputados, los presidentes municipales y las entidades federativas se van a quedar con las cifras de planeación muy rezagadas; por eso, es fundamental actualizar la información sobre población y vivienda”, subrayó.

Sojo Garza precisó que los datos sociodemográficos a obtener serán útiles a las dependencias federales, los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos para medir los avances de los planes y programas, y evaluar las políticas públicas.

Los académicos, el sector privado, las organizaciones sociales y en general los ciudadanos tendrán información para dirigir la investigación, el análisis demográfico, económico y social, con el propósito de planificar los proyectos.

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