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Boletín N°. 3375 Garantizar permanencia de programas sociales a través de la ley: Montano Guzmán

  • Acabar con el discurso de los miles de millones gastados en política social con cero resultados: De León Mojarro
  • La nueva estrategia es que cada peso tenga repercusiones en indicadores, señala el funcionario de la Sedesol

09-04-2014.- Los programas sociales deben tener un carácter permanente a través de la ley, para evitar que sean eliminados con los cambios de gobierno, afirmó el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI).

En reunión con el coordinador de Delegados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Pedro De León Mojarro, el legislador agregó que el objetivo es coadyuvar al mejoramiento de los indicadores de desarrollo humano con los que Sedesol identifica y atiende la pobreza multidimensional en el país.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) indicó que este año hay un mínimo de actividad político-electoral, pero en 2015 será significativa, por lo que enfatizó la importancia de prepararse para que a la instrumentación de recursos no se le dé un sesgo y se distorsione en tiempos electorales.

El diputado Marco Alonso Vela Reyes (PRI) expresó que “la problemática social nos tiene rebasados”, pues a pesar de que en el pasado se dispuso de partidas importantes y especiales para combatir a la pobreza, el número de pobres crecía.

Por el PRD, el diputado José Luis Esquivel Zalpa (PRD) llamó la atención sobre el riesgo de que los programas sociales se manejen con fines político-electorales y planteó la necesidad de un cambio de estrategia para generar empleo, pues “estamos haciendo a la gente dependiente”.

A su vez, el diputado José Luis Flores Méndez (PRI) enfatizó que “más allá de que casi la mitad de los más pobres esté salvando la variable de la alimentación, es muy importante pasar a la parte productiva; hacer de los 70 programas más que una suma y pasar a su integralidad y organicidad”.

Participaron también la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (PRI), Miguel Sámano Peralta (PRI) y Uriel Flores Aguayo (PRD), quienes manifestaron su preocupación por la poca comunicación entre diputados y delegados de la dependencia en los estados, y expresaron su voluntad de realizar un trabajo conjunto.

En tanto, el funcionario de Sedesol, Pedro De León Mojarro, informó que de los siete millones de mexicanos en pobreza extrema y alimentaria, aproximadamente tres millones tienen una condición diferente por la aplicación de los programas de la tarjeta Sin Hambre, del impulso de los huertos familiares, de nutrición y alimentación y el esfuerzo del Sistema DIF en estados y municipios.

Reconoció que no se debe cantar victoria todavía y decir que tienen su alimentación asegurada, pero sí hay una situación totalmente distinta.

Subrayó que la intención es que en 2014 se concrete el aseguramiento de la alimentación, “no sólo de los tres millones con los que avanzamos en 2013, sino de los siete que son los que más lo necesitan”.

La dependencia federal busca avanzar en un programa único integral para acabar con la política social dispersa, desarticulada y desintegrada, “donde el gobierno federal andaba por su lado, los gobiernos estatales y los municipios tenían sus programas propios, y todo mundo andaba por su lado, con la única constante de la pobreza en ascenso”.

Además, impulsa un sistema único de indicadores “para acabar con el discurso de los muchos miles de millones de pesos gastados –que no invertidos— en política social, pero con nulos resultados. Ahora la nueva política social es rigurosa y estricta, para que cada peso que se gaste tenga resultados en un indicador específico”, puntualizó.

También, busca desarrollar un padrón único nacional, estatal y municipal para acabar con la dispersión y situaciones en las que una familia conjuga todas las prestaciones y programas de la Sedesol y otras dependencias, mientras que muchas otras se quedan con cero apoyos.

Asimismo, establecer un sistema de evaluación y seguimiento, en manos de los gobiernos estatales y municipales, “para no ser nosotros los instrumentadores de las políticas y autoevaluarnos”, como elemento de apoyo y presión para responder a las necesidades de la población que más lo necesita.

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