• Fortalece la relación entre presidente y legisladores, y abre el sistema político a la población: diputado Moreno Cárdenas

09-04-2014.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la minuta devuelta por el Senado de la República en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, y la remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El dictamen, aprobado con 358 votos a favor, 27 en contra y siete abstenciones, reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica del Congreso General, General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con estas reformas se contribuye a la transformación del sistema democrático y de participación ciudadana, y hace posible el reconocimiento de figuras legales que abonan a la colaboración entre los Poderes de la Unión y del empoderamiento de la ciudadanía.

Instituye que el Ejecutivo federal podrá presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, dos iniciativas para trámite preferente o elegir dos que estén pendientes de dictamen, sin que hayan sido señaladas con ese carácter previamente.

Algunos de los cambios del Senado de la República y ratificados por la Cámara de Diputados buscan evitar que las iniciativas ciudadanas sean archivadas; para ello, se establece que cumplidos los plazos que indiquen los reglamentos de las cámaras del Congreso y sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el orden del día de la sesión inmediata siguiente.

Apunta que en el proceso de dictamen, el representante designado por los ciudadanos podrá asistir a las reuniones públicas de la comisión para conocer del desarrollo del proceso de decisión y hacer uso de la voz hasta antes del inicio de la deliberación y votación.

De igual modo, menciona que el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la recepción del expediente, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana aparezcan en las listas nominales de electores, y que la suma corresponda en un número equivalente a cuando menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que se alcance el requisito porcentual, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva.

Asimismo, establece que las iniciativas preferentes deberán ser dictaminadas en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la recepción del asunto. Subraya que tendrán que ser aprobadas en un sólo periodo de sesiones.

También se adecuan en el dictamen las referencias que se hacían al Instituto Federal Electoral para incluir al ahora recién creado Instituto Nacional Electoral, producto de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), expresó que estos cambios permitirán abrir el sistema político a la sociedad, de manera tal que se incluyan mecanismos específicos de participación directa, que vinculen y acerquen a representantes y a representados.

Respecto a la iniciativa preferente, argumentó que será otra herramienta que contribuirá al bienestar general, ya que incluye plazos estrictos que garantizan la toma de decisiones legislativas en el menor tiempo posible, en beneficio de la eficacia y en el diseño y ejecución de los planes y los programas de gobierno.

Mencionó que con la iniciativa preferente y con la iniciativa ciudadana, se fortalecerá la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en beneficio de la sociedad. “Estamos a favor de que la ciudadanía se convierta en un actor más activo en la toma de decisiones transcendentales del país y de acuerdo a las circunstancias”.

En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) señaló que las precisiones en el procedimiento de presentación de las iniciativas ciudadanas darán mayor eficacia, y en el caso de iniciativa preferente, se tendrá mayor seguridad jurídica al definir un período para su resolución.

Indicó que las iniciativas ciudadana y preferente comparten un desarrollo del quehacer legislativo al vincular a los parlamentarios con los ciudadanos y con el Poder Ejecutivo, “incrementando así la integración de la función gubernamental para la producción de instrumentos normativos más precisos, eficaces y capaces de cumplir cabalmente sus objetivos”.

A su vez, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) consideró que de aprobarse el proyecto, la viabilidad de la iniciativa preferente no tendrá problema alguno, puesto que su regulación no será impactada por la reforma en materia política-electoral; lo que no sucede con la iniciativa ciudadana, dijo, la cual será sujeta a revisión del Instituto Nacional Electoral.

Sostuvo que las modificaciones no cambian la obstrucción al ejercicio de la iniciativa ciudadana, puesto que se sigue sujetando a formalidades que dificultan el acceso a un instrumento fácil y sencillo. “Su presentación es centralizada: Se hace una caricatura de la réplica o derecho a contra argumentar del ciudadano representante de la iniciativa”, afirmó.

La diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) señaló que aunque estas correcciones enmiendan la plana en la dirección correcta, siguen siendo insuficientes “porque consideramos una burla y una simulación que los representantes de la iniciativa popular puedan participar con voz solamente al inicio de las reuniones de las comisiones, dando la impresión de una apertura al debate, por demás falso”.

Mencionó que la minuta avanza en la dirección correcta, pero queda corta en la aspiración de construir verdaderos instrumentos de participación ciudadana, en lugar de simulaciones de apertura y la creación de válvulas de escape.

Del PVEM, la diputada Ruth Zavaleta Salgado expresó que sólo 19 estados -Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas- hacen referencia en su Constitución local a la iniciativa ciudadana, pero no hay antecedente de que las hayan promovido.

Consideró que se tiene la responsabilidad no solamente de aprobar normas y reformas importantes para que los ciudadanos puedan participar, sino promover cambios para que sean beneficiados. “La democracia requiere tener figuras alternativas como éstas, para que los ciudadanos se puedan sentir integrados y fortalecidos”.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (PRD) manifestó que la figura de la iniciativa ciudadana representa un equilibrio en la repartición del poder de decisiones, y con ello la ciudadanía se consolida como un contrapeso de los partidos políticos. “Esta figura permite a los ciudadanos convertirse en actores activos en la vida pública de la nación”.

Agregó que es importante resaltar y concientizar a la sociedad que esta nueva facultad o espacio que se abre para su participación en la vida pública del país representa igualmente una obligación de aportar propuestas, ideas e información susceptibles de incorporarse en una legislación que la beneficie.

Por el PAN, el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández explicó que con estos cambios no sólo se asegura que las referencias legales se armonicen con la creación del INE, sino que atiende la necesidad de darle relevancia a las iniciativas ciudadanas en la agenda de las cámaras del Congreso, dándoles atención oportuna.

Relató que se dará mayor certidumbre jurídica al proceso de integración de la iniciativa ciudadana verificando la validez de las firmas de quienes las suscriben, y garantizando una mayor participación de los ciudadanos cuando se faculta a uno de sus representantes para participar con derecho a voz en las sesiones de las comisiones. “Estaremos cumpliendo con nuestro deber de fortalecer y robustecer la democracia”, dijo.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) indicó que la adopción de formas de democracia directa como lo es la iniciativa ciudadana, lejos de sustituir al actual régimen de representación popular, lo complementa, pues “la realidad nos ha demostrado que no es suficiente elegir a nuestras autoridades, sino que es necesario establecer procesos de participación alejados de los intereses partidistas”.

Sostuvo que hoy se dan pasos importantes para modernizar la relación entre poderes, pues lejos de fortalecer a uno por encima de los otros, “estamos aprobando medidas que provocan el diálogo y el consenso, privilegiando en todo momento la satisfacción de las necesidades sociales”.

En la discusión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que una verdadera reforma política debe involucrar a los ciudadanos e hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios a discutir a fondo la revocación de mandato.

La diputada Consuelo Argüelles Loya (PAN) dijo estar a favor de la minuta que regula la iniciativa ciudadana, la preferente y adecua diversos ordenamientos para facultar al Instituto Nacional Electoral. “Hemos de sentirnos orgullosos, pues con la aprobación de estas reformas se cuenta con la certeza de que ahora cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa”.

A su vez, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) mencionó que para una adecuada relación entre poderes, es correcto que exista esta figura de iniciativa preferente, en una relación sana y productiva entre el Ejecutivo y el Legislativo, y consideró que la iniciativa ciudadana es fundamental.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) sostuvo que esta reforma no resuelve el problema de fondo del país. “Creemos que es un esfuerzo tibio, insuficiente e incompleto, porque frente a la tragedia que vive el país debería ser más profundo el cambio que se plantee”.

A su vez, la diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) expresó que con estas reformas se establece el derecho de democracia directa de los ciudadanos a presentar sus iniciativas, a estar en comisiones y a dar sus argumentos.

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