• Propicia la seguridad y la atención de los repatriados

• En 2013 fueron deportados a México casi 300 mil personas
• Vía aérea se han trasladado de EU., a 150 mil mexicanos
• Aprueba la Cámara de Diputados, protocolo para los Centros de Detención

13-04-2014 Sólo en 2013 alrededor de 300 mil personas fueron deportadas a México por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Y cada año crece esa cifra. Ello ha traído como consecuencia esquemas insuficientes de seguridad y de atención social para los migrantes repatriados, advirtió la diputada Adriana Fuentes Téllez.

“En un grave problema al que se debe poner atención ya que además según diferentes estimaciones, hasta 400.000 indocumentados de estados centroamericanos ingresan a México anualmente en su camino hacia Estados Unidos”, señaló.

La legisladora por el distrito Uno con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que Baja California es la principal entidad receptora de mexicanos deportados de Estados Unidos. De enero a septiembre de 2013 registró a 79 mil 538 connacionales, de un total de 261 mil 673 repatriados. Le sigue Tamaulipas, con 70 mil 732; Sonora, con 54 mil 567; Coahuila, 44 mil 877; Chihuahua, 8 mil 867, y Distrito Federal, 3 mil 92.

Explicó que aunado a ese fenómeno, se da la insuficiencia en las instalaciones oficiales de detención provisionales en esas entidades, originando abusos y violaciones persistentes a los derechos fundamentales de los migrantes repatriados.

Por ello, señaló Fuentes Téllez, en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas a la Ley General de Población, mediante las cuales se crea un Protocolo que garantice en los centros de detención provisional trato digno y humano a migrantes devueltos a México.

“Se permitirá a los compatriotas repatriados acceso a la comunicación telefónica, así como recibir alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica. En las instalaciones se evitará el hacinamiento, y eso será responsabilidad no sólo de las autoridades de Instituto Nacional de Migración (INM), sino de los gobiernos estatales y municipales”, explicó la diputada del PRI.

Además, deberán ser informados respecto de los diversos programas y apoyos que pueden recibir y podrán contar con ayuda para el traslado a su lugar de residencia en México.

Sin menoscabo de otras leyes, y de acuerdo al Protocolo, las autoridades serán penalizadas por actos de discriminados a causa del origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia de los migrantes, señaló.

Se establece, dijo, que los centros de recepción deberán contar con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, pero garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos del interés superior de la niña, niño o adolescente. Y se crearán espacios separados para alojar a niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados en tanto son canalizados a instituciones.

Entrevistada en la Cámara de Diputados, luego de la aprobación de la reforma por 424 votos a favor, Fuentes Téllez, señaló que en la primera entidad receptora de repatriados (Baja California) la alerta se debe a la carencia de infraestructura para atender a este flujo y, en la segunda (Tamaulipas), porque la región se ha convertido en una zona de alta peligrosidad, especialmente para los migrantes, por los ataques del crimen organizado.

El objetivo de garantizar la protección de los migrantes que transitan por el territorio nacional

Adriana Fuentes, recordó que a México se le define correctamente como un país de emigración, retorno, tránsito e inmigración, con un 10 por ciento de su población residiendo casi exclusivamente en Estados Unidos.

“Muchos de estos migrantes retornan temporal o definitivamente a México, o bien de manera voluntaria o forzada. Es un país de tránsito porque miles de migrantes (la mayor parte indocumentados de Centroamérica) cruzan la frontera sur para internarse en el territorio y llegar a Estados Unidos”, dijo.

En la dimensión de país de retorno, México se está convirtiendo en uno de deportados, ya que, además de la gran cantidad de ciudadanos que son retornados luego de ser capturados al tratar de cruzar la frontera de manera ilegal, las autoridades migratorias de Estados Unidos expulsan a un número creciente de ciudadanos mexicanos que son capturados en aquel país, a muchos de los cuales se les califica indebidamente de criminales.

Recordó que el desplazamiento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, es esencialmente un fenómeno laboral impulsado por la interacción de factores que operan en ambos lados de la frontera. Los factores asociados con la demanda de trabajadores mexicanos en Estados Unidos son tan importantes como los de la oferta.

“Todos los años pasan por México millares de migrantes irregulares. Estas personas llevan consigo la esperanza de comenzar una vida nueva en Estados Unidos y escapar de la pobreza extrema y la inseguridad que viven en sus países. La mayoría de las personas migrantes irregulares son de Centroamérica, y muchas comienzan un viaje repleto de peligros. En el camino, miles de esas personas son víctimas. La gran mayoría de los delitos cometidos contra migrantes irregulares son obra de bandas criminales, pero hay indicios de complicidad de funcionarios de diverso rango en ellos, por ello se establece el Protocolo como una norma de actuación y protección”, señaló la diputada Fuentes Téllez.

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