• En 2012, no lograron superar su condición de vida el 82.3 por ciento de las familias beneficiadas por Oportunidades

• Resulta contradictorio que exista parque habitacional desocupado de 7 millones de viviendas, mientras 2.75 millones de familias carecen de ellas

21-04-2014.- En el “Análisis de las auditorías de las funciones de desarrollo social” de la Cuenta Pública 2012, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, reconoció que los presupuestos y políticas para revertir la desigualdad social y la pobreza, no han permitido modificar sustancialmente las condiciones de vida de los beneficiarios.

Ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Portal Martínez precisó que si bien el gobierno dedica una parte sustancial de su presupuesto a la promoción de programas y políticas a favor de disminuir la brecha entre los distintos sectores de la sociedad, los datos indican que esos recursos no tienen un efecto multiplicador que permita mejorar el nivel de vida de los pobres.

“Se siguen encontrando prácticas de ineficiencia que perjudican a la población receptora, lo que resulta absurdo puesto que no se trata de una carencia de recursos, sino de una deficiente administración de los mismos la que permite que se perpetúe el ciclo de la pobreza”, afirmó.

Relató que los resultados de la fiscalización a las funciones de desarrollo social muestran la necesidad de reforzar las acciones para evaluar la afectación del medio ambiente, elevar la calidad de la educación, lograr la cobertura universal en salud, fortalecer la política de apoyo alimentario y revisar la situación paradójica en materia de vivienda.

En su intervención inicial, el titular de la ASF detalló que en 2012, de los 5.8 millones de familias beneficiadas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), a un millón se le recertificó su situación socioeconómica. Añadió que los resultados mostraron que el 82.3 por ciento de las familias no lograron superar su condición de pobreza, por lo que continuarán en el programa.

En salud, expuso que en 2012 se avanzó en la cobertura, pero es conveniente ampliar las acciones del primer nivel, ya que de los cinco subsistemas que integran el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública, sólo 5 de los 31 estados contaron con el marco analítico básico para diagnosticar los 27 padecimientos epidemiológicos prioritarios.

Resaltó que en ese año, carecían del servicio de cobertura universal en salud 7.1 millones de personas y las 341 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular significaron el 2.4 por ciento de los padecimientos existentes en el país, que sí cubren al cien por ciento el ISSSTE y el IMSS, y en 59 por ciento, Pemex.

El padrón nacional de beneficiarios del Seguro Popular, mencionó, registró en 2012 un índice de colisión de 14.8 por ciento, ya que 7 millones de beneficiarios se encontraban registrados en los padrones de otras instituciones de seguridad social.

Portal Martínez dijo que las auditorías practicadas a las cuatro instituciones de seguridad social evidenciaron que en el periodo 2007-2012 las tasas de mortalidad en las principales enfermedades no transmisibles, por cada cien mil derechohabientes, registraron una tendencia a la baja, como es el caso del cáncer cérvico uterino y la diabetes mellitus.

Argumentó que de las revisiones en el ámbito de Tecnologías de Información del sector social, específicamente en las entidades del sector salud, se detectó que durante los años 2004 a 2012 se han ejercidos recursos para modernizar sus procesos del orden de 21 mil millones de pesos; no obstante ello, continúan con problemas, sobre todo en proyectos para la operación y manejo de expedientes clínicos.

Precisó que en el rubro de prestaciones sociales, la ASF observó que SuperISSSTE no realizó la conciliación y depuración de sus cuentas por cobrar y de proveedores, lo que originó que los saldos presentados en la Cuenta Pública 2012 no reflejaran derechos y obligaciones reales de cobro y pago.

Respecto al gasto social en educación, indicó que los resultados obtenidos aún no reflejan el cambio estructural que se requiere para abatir las diferencias en cuanto a la calidad de los servicios y, por lo mismo, preparar adecuadamente a los alumnos independientemente del nivel que cursen.

Subrayó que hasta 2012, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contaba con un diagnóstico nacional que le permitiera conocer las competencias profesionales de los 1.1 millones de figuras educativas, a fin de determinar las necesidades de formación y superación profesional.

De los 1.1 millones de figuras educativas, indicó, el 92.8 por ciento participó en programas de formación continua y superación profesional; sin embargo, la SEP careció de la información sobre el número de figuras que aprobaron los cursos, la cual es necesaria para conocer su nivel de competencia, afirmó.

Mencionó que en 2012, se constató que mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo, la SEP otorgó apoyos económicos a 6 mil 460 escuelas, que representaron el 3.2 por ciento de las 199 mil 442 instituciones de enseñanza básica pública, pero la SEP careció de información sobre cómo se implementaron las seis líneas de trabajo educativo que integran la propuesta pedagógica.

Portal Martínez resaltó que en relación con el logro educativo de los alumnos, los resultados de la prueba ENLACE del ciclo 2011-2012 mostraron mejorías, respecto al ciclo 2007-2008; no obstante, de cada 100 estudiantes evaluados en primaria, 15 se ubicaron en el nivel insuficiente en español y 13 en matemáticas.

En secundaria, de cada 100 estudiantes evaluados, 38 se ubicaron en el nivel insuficiente en español y 49 en matemáticas. Además, entre los ciclos escolares 2007-2008 y 2011-2012, la disminución de las brechas educativas entre las diversas modalidades en primaria y secundaria fueron marginales.

Respecto a la infraestructura educativa, destacó que la SEP no demostró el cumplimiento de las metas del Programa Habilidades Digitales para Todos, de equipar 301 mil 593 aulas de medios para primarias y secundarias generales y técnicas, así como dotar a 65 mil 420 salones de telesecundaria con Tecnologías de Información y Comunicación y materiales educativos, y a otros 155 mil con conectividad.

Para 2012, subrayó, la SEP no había actualizado la totalidad de planes y programas de estudios; los que fueron modificados no dispusieron de criterios de evaluación para medir si la adopción del marco curricular común permitió la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas.

Añadió que sólo el 4.3 por ciento de los 15 mil 427 planteles públicos y privados ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato, de los cuales sólo dos cumplieron con la totalidad de los estándares de calidad educativa establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

De igual forma, a 2012, el 63.4 por ciento de los 112 mil 334 maestros inscritos egresó del Programa de Formación de Docentes de Educación Media Superior, y sólo el 23.4 por ciento certificó sus competencias, lo que representó el 8.6 por ciento del total de profesores que prestaron sus servicios en instituciones públicas de Educación Media Superior.

Respecto a vivienda, precisó que en el periodo 2001-2012, el gobierno federal otorgó un total de 11.5 millones de financiamientos, con lo cual superó en 9.5 por ciento la meta prevista. De esa cifra, el 76.9 por ciento se destinó a la adquisición de vivienda y el 23.1 por ciento al mejoramiento o ampliación.

Subrayó que a 2010, el déficit habitacional se incrementó en 12.8 por ciento al pasar de 12.9 millones de viviendas en 2000 a 14.6 millones en 2010, mientras que el parque habitacional se ubicó en 35.6 millones, de las cuales 28.6 estaban habitadas y 7 disponibles para su uso, lo que detonó una paradoja ante la existencia de 2.8 millones de hogares que requerían de adquisición o reposición.

El titular de la ASF resaltó que los resultados en la materia obligan a revisar la política pública, pues resulta contradictorio que en el país exista un parque habitacional desocupado de 7 millones 10 mil 156 viviendas mientras que 2 millones 759 mil 738 hogares carecen de ella.

En cuanto al patrimonio cultural, expresó que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) no acreditó el número de bienes muebles e inmuebles con valor cultural de propiedad federal identificados ni inventariados a 2012, por lo que se desconoce el número de bienes que deben ser protegidos, conservados y restaurados.

Respecto al apoyo a la práctica de los deportes, expuso que se encontraron resultados poco favorables. En 2012, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) transfirió 163.3 millones de pesos al gobierno de Veracruz para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014, pero al cierre de la auditoría (julio 2013) la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz no los había transferido.

Además, las reglas de operación del Programa Deporte, a cargo de la Conade, no son claras ni precisas para garantizar el seguimiento estricto y la adecuada comprobación de los recursos transferidos a las entidades federativas, federaciones deportivas y asociaciones civiles.

Respecto al medio ambiente y el impacto que tienen las actividades productivas para su conservación, indicó que del 2007 al 2012, las adecuaciones al marco normativo se incrementaron en 3.9 por ciento, lo que coincidió con un incremento del 26.9 por ciento en el número de obras y actividades que no contaron con autorización de impacto ambiental.

En 2012, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente evaluó el impacto ocasionado por 92 obras o actividades que no disponían de autorización correspondiente, sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictaminara sobre las acciones de restauración y compensación al medio ambiente que debían realizarse, situación que no permitió contribuir a reducir los desequilibrios ecológicos que generaron estas obras.

Subrayó que durante 2007 a 2012, se otorgaron 6 mil 203 apoyos para la realización de proyectos productivos y 8 mil 465 autorizaciones para la realización de obras y actividades sin que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas dispusiera de parámetros técnicos para evaluar su impacto, por lo que se desconoce en qué medida se ha afectado la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

A su vez, el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de ASF, Alejandro Romero Gudiño, afirmó que las políticas públicas no han obtenido los resultados esperados para revertir el problema de la desigualdad social y la pobreza.

Señaló que en el ejercicio fiscal 2012, el gasto en funciones de desarrollo social ascendió a 1.77 billones de pesos, 57 centavos de cada peso programable erogado por el Ejecutivo federal y el Sector Paraestatal se destinaron al financiamiento de programas de educación, salud, protección social y ambiental y vivienda y servicios a la comunidad, así como recreación cultura y otras manifestaciones sociales.

Explicó que la fiscalización superior abarcó la práctica de 120 auditorías a 48 entes públicos y la realización de tres evaluaciones de políticas públicas, una a la SEP en lo relativo a la educación media superior, otra al Programa de Apoyo Alimentario de la Sedesol, y otra a la Comisión Nacional de Vivienda.

Precisó que el 51.7 por ciento de las auditorías tuvo enfoque de desempeño y el resto de regularidad. El análisis arrojó que la SEP, el IMSS, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Secretaría de Salud y Conaculta, es decir, 5 entidades de las 48 auditadas, concentraron la mitad de irregularidades determinadas en el grupo funcional.

Otras entidades que destacaron por el importante número de irregularidades cometidas en promedio por auditoría practicada fueron: la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, detalló.

Romero Gudiño precisó que algunas de las observaciones relevantes de las revisiones de la Cuenta Pública 2012, fueron que la SEP no cumplió con los objetivos del Programa Escuelas de Calidad; se identificaron irregularidades en la formación de Maestros de Educación Básica, y se incumplió con el objetivo del Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.

También, dijo, se identificaron seis denuncias de hechos en el grupo funcional, cuatro de las cuales se promoverán por irregularidades en Conaculta, una en contra de la Universidad Autónoma del Estado de México y una más en la Conade.

De los Fideicomisos Administrados y Apoyados para el Desarrollo y Fomento del Deporte, por parte de la Conade, destacó el funcionario que el Fideicomiso del Veracruz no transfirió recursos por 163.3 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, generando intereses por 23.2 millones de pesos, además de que se adjudicó un contrato por 33 millones de pesos sin fundamentación.

Además, agregó, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no aplicó 145 millones de pesos por concepto de “Apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud por incremento en la demanda de servicios”, y otorgó 124.6 millones de pesos por intervenciones médicas que no contaron con el dictamen de acreditación para su pago.

Añadió que se observaron deficiencias importantes en las acciones de prevención y control de enfermedades del primer nivel de atención por parte del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. En cuanto a los servicios que brinda el Seguro Popular, no se logró la cobertura universal prevista en salud.

Enfatizó que se determinó un déficit en los pasivos laborales del IMSS por 1.9 billones de pesos, los cuales correspondieron a las obligaciones del IMSS con sus trabajadores con derecho al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. En el caso del ISSSTE, los regímenes de pensiones y jubilaciones, un déficit por 200 mil 178 millones de pesos, de los cuales, 106 mil 94 millones corresponden al régimen de reparto, con cargo al gobierno federal, y 94 mil 84 millones a cargo del Instituto en su carácter de asegurador y patrón.

En la evaluación de la política pública de vivienda se concluye que resulta paradójico que en el país exista un parque habitacional desocupado de 7 millones, mientras que 2.76 millones de hogares carecen de vivienda, sostuvo.

El funcionario destacó que con base en el trabajo de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF realizó sugerencias relevantes para la Cámara de Diputados en materia social, de las cuales destacan: evaluar las acciones necesarias para incrementar los recursos presupuestales a la educación y se alcance una asignación anual equivalente al 8 por ciento del PIB.

Además, efectuar modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, en lo referente a los subsidios que se otorgan a las entidades federativas, a efecto de regular su asignación, aplicación y comprobación.

Asimismo, dijo, la Unidad detectó algunas áreas de oportunidad para avanzar en el fortalecimiento y desarrollo de los sectores que integran el grupo funcional de Desarrollo Social, como: definir y dar seguimiento a indicadores que evalúen el manejo de presupuesto asignado al sector educativo para garantizar que la inversión tenga un impacto positivo.

Del mismo modo, evaluar los resultados del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, así como las acciones de política que fortalezcan la formación inicial y continua de los profesores. Además, impulsar estudios longitudinales que den seguimiento a los alumnos que abandonan los estudios y evaluar la aplicación y resultados del Programa Escuela Segura y los de la aplicación de la Reforma Educativa aprobada en 2013.

Promover evaluaciones que generen información estratégica para el diseño de medidas eficientes en las instituciones de salud, frente a la relevancia de las enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad y la transición demográfica y epidemiológica, y revisar la problemática de cálculo de las cuotas obrero-patronales del IMSS a partir de las remuneraciones reales percibidas.

Además, evaluar reformas legales para mejorar las políticas públicas para que la población acceda a mayores y mejores créditos de vivienda, y fortalecer los esquemas de planeación urbana y regional para impulsar el desarrollo de ciudades más compactas y mejor distribución de población u actividad económica.

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