22-04-2014.- El Pleno camaral aprobó reformas a los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración, para dar precisión y claridad a los conceptos de “hipótesis jurídica” y “situación migratoria”, evitar la discrecionalidad y dar seguridad tanto a los migrantes como a las autoridades encargadas de aplicar la ley.

Con 373 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones, se corrigió el sentido y redacción de estos conceptos, con la finalidad de evitar confusiones y abonar a la claridad y seguridad jurídica de los ciudadanos.

El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que para lograr una debida aplicación de la ley, es necesaria la claridad, el buen uso del lenguaje y la precisión jurídica de la norma, como una máxima transversal y universal para todo cuerpo normativo.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia Dolores García Medina (PRD), precisó que la modificación a la fracción XXVIII del artículo 3 de la Ley de Migración, va en el sentido de aclarar que la situación migratoria es una hipótesis jurídica.

Con la inclusión de la palabra “jurídica”, dijo, se deja de lado que se trata de una hipótesis que se debe satisfacer en términos de la ley, además de los elementos de facto que se puedan acreditar acerca de la situación de la persona en cuestión.

Detalló que la actual redacción del artículo 111 es inadecuada, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) sólo podrá determinar la situación de un extranjero cuándo ésta sea regular por haber cumplido con las disposiciones migratorias para su legal internación y estancia en el país, no habiendo por tanto facultades de dicho instituto para determinar la situación migratoria.

Al incluir la palabra “migratoria”, explicó, el Instituto debe resolver la situación migratoria de los extranjeros en el país, determinando si es regular o irregular en función de la hipótesis jurídica en que los mismos se encuentren.

Mencionó que la reforma busca que haya precisión y claridad en los conceptos, con el propósito de evitar discrecionalidad y dar seguridad jurídica. “No son transformaciones de fondo, sino abona a que la Ley de Migración tenga conceptos jurídicamente precisos y que la técnica jurídica legislativa pueda fortalecerla”.

En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) señaló que con la reforma se garantiza a cualquier extranjero que vive, trabaja o transita por el país la certeza jurídica en su situación legal y en el status en que se encuentra en el territorio nacional, y se faculta al INM para poder resolver la situación migratoria de los extranjeros en nuestro país, no sólo de los que están de manera regular, sino también de quienes permanecen de forma irregular.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) resaltó que esta reforma es de suma importancia, ya que a pesar de estar contenido en el artículo 1 constitucional, el respeto a los derechos humanos para todo individuo, en la legislación secundaria se encuentra una marcada diferenciación y discriminación. Agregó que los inmigrantes indocumentados son de los grupos más vulnerables, por lo que “hacen falta ese tipo de reformas para que las autoridades no los discriminen y protejan”.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Lorena Méndez Denis expuso que de acuerdo con el INM, en los últimos 20 años México ha sido el territorio más importante de paso de cientos de personas que lo utilizan para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos, teniendo como consecuencia que aproximadamente 401 mil personas transiten por el país cada año. “Estamos de acuerdo en especificar que el Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros, sin importar si es regular o no”.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) resaltó que el dictamen busca aclarar que la situación migratoria es una hipótesis jurídica. “Toda disposición normativa debe ser perfectamente coherente, suplir sus lagunas, estar en armonía con sus diversos dispositivos y sobre todo ser precisa, pues sólo de esta manera se obtiene seguridad jurídica”.

A su vez, el diputado Marino Miranda Salgado (PRD) denunció que la inmigración de los centroamericanos que tienen que pasar por México en su tránsito a Estados Unidos, son víctimas de maltrato, vejaciones y violaciones a sus derechos humanos, y con este dictamen se amplía la protección que deben recibir por parte del Estado mexicano.

Por Acción Nacional, el diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo relató que es necesario llevar a cabo mejoras, dentro del Instituto Nacional Migración, ya que éste presenta carencias en cuanto al tiempo para la resolución de los trámites de estancia de aquellos ciudadanos extranjeros que han encontrado en México un lugar para llevar a cabo su vida.

El diputado Ángel Alain Aldrete Lamas (PRI) argumentó que el objetivo del dictamen, es aclarar el contenido gramatical de dos disposiciones normativas que se encuentran contenidas en la Ley de Migración, y con ella, se contribuye no sólo a la precisión en el uso del lenguaje, sino abonan a favor de la seguridad jurídica de las personas, de los procedimientos contenidos y en la legislación migratoria.

Los diputados de Movimiento Ciudadano, Martha Beatriz Córdova Bernal y Ricardo Mejía Berdeja, así como Raúl Gómez Ramírez (PAN) se manifestaron a favor del dictamen y expresaron que representa un avance para que realmente se genere seguridad para quienes cruzan por el país hacia la frontera norte.

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