• Debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información: expertos

28-04-2014.-Especialistas en comunicación y derechos humanos llamaron al Congreso a proteger las garantías de libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales en la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones.

En el foro “Reforma Secundaria en materia de Telecomunicaciones”, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz (PRD), destacó que estarán atentos para que esta normatividad no transgreda la reforma constitucional, aprobada en junio del año pasado, para evitar retrocesos.

La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD), secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, apuntó que la libertad de expresión es un derecho constitucional fundamental que debe prevalecer, reconocerse y garantizarse en un Estado democrático, por lo cual no se desatenderán los llamados de alerta que hacen los expertos sobre estos temas.

Al participar, el docente Vladimir Chorny, relator de la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), destacó que la propuesta de ley reglamentaria enviada por el Ejecutivo al Senado como cámara de origen atenta contra los derechos humanos y la democracia, al mantener y agravar los vicios del sistema de comunicación nacional, porque no se corrige la concentración y la discrecionalidad.

Aseguró que de aprobarse sin cambios la propuesta, México se situaría en toda América Latina como “un país con una disposición sobre libertad de expresión de carácter totalmente autoritario y no se respetarían otros derechos como los digitales”.

Sostuvo que no se respeta la reforma constitucional, ya que se discrimina a los medios sociales y comunitarios al no autorizarles la contratación de publicidad. Indicó que la publicidad oficial se ha mantenido aislada de las discusiones legislativas, porque es un elemento para obligar a la transmisión de información.

Manifestó su preocupación por la “censura previa que pretende establecerse en Internet y en las redes sociales, los cuales son los espacios más democráticos y de libertades donde las personas pueden participar, organizarse y articularse”. Alertó: “se pretende silenciar la crítica y la deliberación”.

Señaló que la geolocalización y retención de datos respecto a la ubicación de las personas en tiempo real, viola el derecho a la privacidad, así como el bloqueo y anulación de información.

Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), planteó la necesidad de incluir los derechos digitales en la iniciativa de leyes secundarías de telecomunicaciones, particularmente en lo referente a la protección de información personal y bases de datos, “garantías fundamentales en el siglo XXI”.

Explicó que en la propuesta del Ejecutivo federal se establece la obligación de las proveedoras de servicios de entregar información de usuarios cuando se sospeche que atentan contra la seguridad nacional. “Si esto se plantea como un mecanismo que puede vulnerar el derecho a la privacidad, entonces hay que ponderarlo”, sostuvo.

Expuso que, por ejemplo, la geolocalización, cuando lo requiera una instancia de seguridad, implica conocer la base de datos del dispositivo que porta el usuario, “de tal suerte que uno conoce el nombre y movimiento en tiempo real de las personas. Por lo tanto, hay una invasión a la privacidad”.

Propuso fijar cómo se utilizarán las bases de datos a las que recurran las autoridades, quién puede acceder o utilizarlas, y para qué pueden servir, ya que no se tiene garantías ni mecanismo para proteger la información que la misma Procuraduría General de Justicia posee.

“En instancias públicas no hay ni un sistema de cuidado a los datos personales, ni quién los controle. Esto no está en la iniciativa. Si no lo ponemos en el centro de la discusión, tendremos un problema muy serio, pues vulnera la privacidad de las personas”, subrayó.

Por otra parte, planteó incluir derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) para los datos personales, en afán de protegerlos y conocer cómo los emplean las autoridades, al igual que el derecho al olvido en el ámbito digital, para eliminar información de las bases en determinado tiempo, pues en el artículo 15 de la Carta Magna se garantiza la reinserción social plena a los infractores de la ley.

Al participar, la maestra en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Adriana Solórzano Fuentes, se refirió a los derechos de las audiencias. Afirmó que en la propuesta, las comunidades indígenas, que representan el 15 por ciento de la población total del país, no tienen acceso a los medios de comunicación, impidiendo el derecho de la difusión de las ideas y condenando a la ciudadanía a ser mera espectadora sin generar contenidos.

Precisó que se restringe el acceso a los medios comunitarios por los excesivos requisitos que se exigen, cuya apertura e impulso se inhiben, así como su funcionamiento y sobrevivencia, al carecer de financiamiento público y no estar autorizados a contratar publicidad. Dijo que tampoco se transparenta su contratación; no se respeta la presunción de inocencia, y no se considera a las poblaciones vulnerables, lo cual “es una grave omisión”.

Señaló una falta de armonía entre los criterios de preponderancia entre la reforma constitucional y el marco secundario. Advirtió que si no hay competencia no puede haber pluralidad económica, social, ideológica y política. “El derecho a difundir contenidos y el acceso a los medios de comunicación es un derecho vedado a la ciudadanía”, sostuvo.

Refirió que la reglamentación de la publicidad oficial no es suficiente y deja abierta la discrecionalidad en la asignación e incide en la libertad de expresión. Agregó que no está garantizado el derecho de réplica, porque los excesivos requisitos e injerencia de instituciones cancelan lo expedito.

Destacó que adolece de medidas compensatorias para alentar la participación y difusión de contenidos de las mujeres. Pese a que se presentó una propuesta muy seria, “no se tomó en cuenta la manera en que las mujeres sean difusoras de contenidos e incluso como propietarias o concesionarias”, aseveró.

“La pluralidad depende del acceso que tenga la ciudadanía al espectro radioeléctrico. Mientras no se dé esto y no se puedan generar contenidos que les dé voz a todos, no podemos hablar de democracia”, concluyó.

Asistieron también los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, Gloria Bautista Cuevas, Julisa Mejía Guardado, Delfina Guzmán Díaz, Rosendo Medina Filigrana y Javier Orihuela García.

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