• Posicionamientos contrarios en torno a leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Deuda Pública

02-08-2014.- Los siete grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados manifestaron su posicionamiento en relación al dictamen del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Deuda Pública.

Previo a su aprobación en lo general, por 327 votos a favor, 125 en contra y una abstención, legisladores de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, respaldaron las enmiendas en virtud de que se quitan lastres burocráticos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se les proporciona autonomía y capacidad de decisión.

Destacaron la consolidación de candados al abuso del gasto y el resguardo del recurso público procedente del petróleo, así como el impulso a los estados y municipios con actividades relacionadas a su producción. Por otra parte, coincidieron en que las decisiones respecto al pasivo laboral eran necesarias, ya que “estaba en riesgo la solvencia y estabilidad de las finanzas públicas”.

En contra del documento se pronunciaron los diputados de las fracciones del PRD, Movimiento Ciudadano y el PT. Acusaron la entrega de la soberanía energética a manos de extranjeros, al igual que el debilitamiento de la rectoría económica del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica.

En tribuna, advirtieron que con el traspaso del pasivo laboral al Estado, los trabajadores tendrán que renunciar a los derechos que han gozado por años. De igual forma, “las enmiendas dan fin al aporte que Pemex hace al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”, por lo que pronosticaron un alza generalizada de impuestos.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Leobardo Alcalá Padilla (PRI) enfatizó que es mentira que Pemex y CFE se privaticen y afirmó que con la reforma se quitan lastres burocráticos y se le da una autonomía y capacidad de decisión; habrá mayor eficiencia de seguridad industrial y protección garantizada al medio ambiente, entre otros tantos beneficios. “Esta ley no es impopular, impopular es no tener las alternativas para disminuir el precio de la gasolina, de la energía y del costo del gas”, dijo.

Se pronunció a favor del dictamen porque sus disposiciones otorgarán mayor certidumbre a la planeación fiscal tanto del gobierno federal como de los estados y municipios. Precisó que en el marco de la equidad distributiva se aumentará el monto de recursos destinados al desarrollo de entidades federales en donde se realizará la extracción de hidrocarburos.

Además, continuó, se creará un fondo a través de la compensación de los estados que estará a cargo de la propia federación, por tanto, a cada uno de ellos que tenga una disminución en la explotación y que no tenga los recursos del año próximo pasado, el propio gobierno federal deberá de apoyar a los mismos para garantizar su propio crecimiento de cada uno.

En tanto, el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (PAN) señaló que la reforma no sólo plantea candados a la opacidad y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino que resguarda el recurso público procedente del petróleo. Además, se refleja el claro destino de los recursos que habrá de transferir el Fondo Mexicano del Petróleo y que equivale a 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Destacó que esta ley no sólo pone candados al abuso del gasto, sino también favorece a los estados y municipios petroleros, otorgando mayores recursos para potencializar el desarrollo regional y subsanar las externalidades negativas causadas por la producción del petróleo. La normativa, agregó, define que cuando se haya acumulado el 3 por ciento del PIB se podrá destinar parte del recurso excedente al Sistema de Pensión Universal, becas, inversión en proyectos petroleros y en ciencia, tecnología e innovación.

Respecto al nuevo régimen presupuestal de las empresas productivas del Estado, mencionó que se fortalece a sus Consejos de Administración, al darles autonomía plena para definir los programas estratégicos, y por ende, la distribución de los recursos. Precisó que el marco legal propuesto no descobija a las empresas productivas del Estado, debido a que existe la responsabilidad para apoyarlas mientras no haya plena apertura.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (PRD) señaló que las leyes de la reforma energética contienen redacciones engañosas, que no sólo debilitarán la rectoría económica del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica, sino también a las llamadas empresas productivas del Estado, como son Pemex y la CFE, al reducirlas a su mínima expresión a costa de la soberanía energética de este país.

Detalló que las leyes secundarias en la materia trastocan los derechos humanos al agua, medio ambiente, los pueblos indígenas, y los laborales. Mencionó que los artículos transitorios relativos a Pemex y a la CFE, respectivamente, en el dictamen, “son un monumento a la impunidad y a décadas de corrupción y malos manejos en las empresas productivas del Estado”.

Explicó que la pretensión real de estos transitorios es que el Estado absorba una parte de los pasivos laborales de las paraestatales como deuda pública del gobierno federal, siempre y cuando realicen una renegociación de las condiciones laborales pactadas con sus trabajadores, en condiciones de desventaja para éstos, lo que afecta directamente sus derechos adquiridos. “Lo que es una realidad es que, al concretarse esta absolución del pasivo laboral, lo que se busca es que los trabajadores renuncien a los derechos que por años han gozado”, sostuvo.

Representando a la fracción política del Verde Ecologista, David Pérez Tejada Padilla, señaló que la crisis energética del país era inminente, por lo que Pemex “no podía ser nuestra fuente eterna de recursos públicos”. La paraestatal, continuó, “era un recurso generador de fondos insostenibles, por lo que los ajustes a la regulación de las finanzas públicas era necesaria”.

El legislador por Baja California defendió que la distribución de los ingresos basados en el Fondo Mexicano del Petróleo, como se precisa en este dictamen, asegurará un flujo constante de dinero hacia diversas áreas de desarrollo de la nación, y los recursos derivados de la extracción de hidrocarburos se emplearan en buenos términos.

Calificó las modificaciones al pasivo laboral de Pemex y la CFE como fundamental, ya que al no considerarse esto en la reforma energética, se pone en riesgo la solvencia y estabilidad de las finanzas públicas. “Continuar con el mismo sistema financiero sería insostenible”, por lo que el compromiso con las referidas empresas “debe ser de todos y para todos”, concluyó.

En su turno en tribuna, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) subrayó que las decisiones tomadas por el Congreso de la Unión en materia energética “han transformado para mal el rostro del país”, y refirió que reformas similares hechas en el pasado son muestra de que “esta es la misma historia con otro nombre”.

Insistió en que “no pasará mucho tiempo antes de que los mexicanos lloren las consecuencias”. Asimismo, consideró que existe una crisis de representatividad, pues “el Congreso ha tomado decisiones alejadas de un sentir ciudadano”, en virtud de que “se entregó al extranjero un cheque en blanco para que puedan hacer lo que quieran en nuestro país”.

Por la fracción parlamentaria del PT, el legislador Alberto Anaya Gutiérrez afirmó que las enmiendas aprobadas dan fin al aporte que Petróleos Mexicanos hace al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), provocando que este último disminuya y se suscite un alza generalizada de impuestos.

“Se reducirá de manera brutal el mercado interno, y se contribuirá al empobrecimiento generalizado el país, profundizando la crisis en la nación”, sostuvo y calificó que esta reforma “es la más brutal que se ha tenido desde la independencia, pues va a dejar sin posibilidad de futuro a México, toda vez que la soberanía energética se entrega a manos extranjeras”.

En consecuencia, advirtió que la desestabilización de las finanzas de México y el despojo de tierras a los campesinos generará inconformidad social y riesgo de estallidos sociales “que pueden llegar en muchos lugares a la violencia”.

La diputada por Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, reconoció que existen opiniones encontradas en cuanto a la reestructuración del sector petrolero; empero, consideró necesario tomar decisiones que permitan obtener recursos para atender la demanda de energía y sostener el aparato productivo e industrial en México.

Se pronunció por que los recursos petroleros contribuyan al crecimiento, desarrollo y fortaleza económica. “Este es un primer paso, ahora debemos estar atentos a la evolución y resultados de tales fondos en la identificación de áreas con potencial energético”, añadió.

Por otra parte, reconoció la necesidad de priorizar las inversiones en educación para detonar el desarrollo económico, por lo que, expresó, el impulso de capital humano especializado es una de las grandes oportunidades que se establecen en este quinto dictamen discutido en la Cámara de Diputados.

Posicionamientos a favor y en contra

En el debate, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) denunció que estas reformas son lesivas para el país, pues buscan el desmantelamiento de Pemex y CFE, otorga concesiones disfrazadas de contratos, habilita el fracking y la ocupación temporal de tierras. “Se alteran los principios constitucionales de evitar concesiones; son cambios económicos y no tienen sentido social”.

De Nueva Alianza, la legisladora Sonia Rincón Chanona expresó que este dictamen plantea que los recursos de la renta petrolera detonen el desarrollo nacional. “La reforma energética cuenta con elementos para el crecimiento del país; no soslayamos los riesgos, pero los asumiremos de forma responsable, por el bien de la nación”.

Jhonatan Jardines Fraire, diputado del PRD, aseguró que esta legislación secundaria es demasiado agresiva y entreguista. “La historia registrará quienes hemos defendido un interés público y nacional, y quienes han protegido los intereses particulares y de empresas trasnacionales”, afirmó.

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (PAN) anunció que presentará una reserva para clarificar que no se está a favor de votar pasivos laborales a ciegas, sino sólo pensiones y jubilaciones del sindicato. Agregó que es necesario actualizar las leyes a efecto de lograr un mejor desarrollo del país y que el Estado pueda tener suficientes ingresos y enfrentar los retos del futuro.

Por el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil mencionó que esta reforma privatiza a Pemex, pues entrega a los privados el usufructo del petróleo, del gas y de los hidrocarburos; liberaliza los precios de la gasolina y la electricidad, lo cual quiere decir que no bajarán los costos de estos energéticos; daña el medio ambiente; no acaba con la corrupción, y despoja de la tierra a los campesinos y los manda a negociar con las empresas internacionales.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) resaltó que estas reformas tienen visión de Estado. “Estamos en un momento histórico, en donde se puede transformar la industria petrolera y la eléctrica; le apostamos a este proyecto y de lo que vamos a construir para el futuro”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que su voto sería en contra, pues estas reformas sólo representan una ficticia y simulada autonomía presupuestal y se trata más bien del desmantelamiento y eventual remate de Pemex y CFE, lo cual afectará la seguridad energética y elevará los precios de energía para empresas y consumidores.

La diputada Norma Ponce Orozco (PRI) manifestó que su voto es favorable toda vez que busca garantizar que los beneficios de la renta petrolera se conviertan en el pivote para la recuperación del crecimiento económico, la competitividad y el empleo, a través de un manejo responsable de la hacienda pública y al mismo tiempo lograr estabilidad en las finanzas públicas de Pemex y CFE, a fin de que superen definitivamente la asfixia fiscal y burocrática.

El perredista Roberto Carlos Reyes Gámiz, en contra del dictamen, insistió en que esta reforma llega en un momento donde la mitad de la población vive en pobreza extrema, el rezago educativo es absoluto, el desarrollo del campo no existe, y decenas de millones de jóvenes no tienen esperanza, “historia que desde tribuna no habremos de cambiar”.

Por su parte, el diputado Nabor Ochoa López (PVEM) habló en sentido positivo del dictamen, pues existe la necesidad y urgencia por las condiciones económicas y sociales de México, de llevar a cabo acciones de fondo que hagan posible darle solución definitiva a problemas añejos que vive esta nación. Agregó que es una irresponsabilidad que las grandes empresas públicas como Pemex y CFE sigan arrastrando lastres e ineficiencias.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) se pronunció en contra de la reforma pues se despoja del patrimonio nacional y financieramente la propuesta es un simple volado, ya que visten a un negocio con el disfraz de modernización, cuando este país necesita una política energética integral y una económica con visión soberana nacionalista, progresista, y no entreguista que representa la receta neoliberal.

Finalmente, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo (PRI) Indicó que esta reforma dará vida a un modelo energético que impulsará el fortalecimiento de las finanzas públicas, la productividad y la competitividad del país, además de que hace coincidir la responsabilidad hacendaria con el crecimiento del producto nacional y robustece rubros estratégicos como la educación, la seguridad social, el desarrollo científico y tecnológico, y la distribución de recursos encaminados a combatir la pobreza.

Reservas

Para su discusión en lo particular se reservaron de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los artículos 2, 5, 17, 19, 21, 21 bis, 40, 41, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 y los Transitorios Tercero, Cuarto y Sexto. Asimismo, el artículo 1 y los Transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la Ley General de Deuda Pública.

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