25-08-2014.- Durante la V Jornada de Derecho Parlamentario México-España “Representación Política y Calidad de la Democracia”, legisladores de ambos países coincidieron en la necesidad de otorgar mayores facultades al Poder Legislativo para la fiscalización y el control del gasto público.

En el diálogo temático “Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo”, el integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (PAN), consideró indispensable que el Congreso mexicano tenga un papel más preponderante y protagónico en el ejercicio del presupuesto.

También consideró necesario institucionalizar la cooperación política en la elaboración de políticas públicas entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Señaló que actualmente el Congreso mexicano funge como un contrapeso del Ejecutivo y aseguró que las reformas en materia de gobierno de coalición y de reelección evitarán que el Legislativo sea un mecanismo de parálisis gubernamental.

Advirtió que si no existe voluntad política en los mecanismos de diálogo eficaces, no habrá diseño institucional que permita al país un desarrollo nacional.

También el presidente de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados de España, Carlos Aragonés Mendiguchía, sugirió favorecer la fiscalización presupuestaria, es decir, dotar al parlamento de una verdadera atribución de control de ingresos y gastos.

Mencionó que la relación entre ambos Poderes debe ser una dupla coordinada, ya que son “los resortes de producción para obtener un destello económico”. Destacó que se ha ido ganando terreno en la calidad institucional, lo cual es una condición previa para que ocurra un desarrollo.

El legislador consideró que actualmente hay una “Ley de hierro” que hace recaer mayor poder en el Ejecutivo, haciendo parecer que el Parlamento tiene perdida la batalla de ser una institución poderosa.

Aragonés Mendiguchía subrayó que en materia de desarrollo institucional, no hay nada mejor que medir la posición del Parlamento respecto al gobierno, para entender cuál es la salud de un Congreso.

Durante la conferencia “Gobierno de coalición y sistema representativo”, Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, señaló que a partir de 2018 se podrán tener coaliciones, constitucionalmente hablando, y el presidente que decida dar el paso y constituir o integrar una coalición encontrará muchas más ventajas que desventajas para el sistema presidencial.

Esto significa, dijo, que el gobierno encabezado por el Presidente se convertirá en una suerte de asociante, y por tanto tendrá muchas ventajas. Asimismo, los partidos minoritarios que se avengan a esa asociación tendrán también beneficios. El gobierno podrá consolidar el proceso de gobernabilidad y la oposición, acceder al poder.

Explicó que no todo juega a favor en un sistema de coalición. El presidente de una República adquiere un doble carácter. Por un lado, es un líder de su mayoría relativa y, por otro, es un árbitro de la coalición establecida. “No depende de la coalición para subsistir y puede con más libertad arbitrar en su composición”.

Por otro lado, agregó, para los partidos que están en la oposición y sobre todo para los minoritarios, “les da un sentido en cuanto a la capacidad de organizar la representación de ciertos intereses en el país”.

Comentó que, de acuerdo con estudios, donde hay coaliciones existe mayor desarrollo económico, porque los agentes participantes pueden prever sus acciones por un periodo determinado.

Valadés comentó, por otra parte, que a partir de los comicios del 2018 podrán ser reelectos los legisladores, lo que significa un nuevo tipo de relación entre el elector y el elegido, “porque en este momento una de las características que se tienen es la desvinculación entre ambos al punto de que en muchas veces el elector desconoce, incluso, la identidad de aquel a quien eligió”.

También, a partir de 2018, si no hay coalición, la Cámara de Diputados ratificará al secretario de Hacienda y el Senado al de Relaciones Exteriores. Si hay coalición, la Cámara Alta ratificará a todos los integrantes del gabinete, con excepción del de Hacienda. Además, el Plan Nacional de Desarrollo tendrá que ser ratificado por la Cámara de Senadores.

En cuanto a la eliminación de legisladores de representación proporcional, consideró que “si reduce el Congreso, se reducen las expresiones plurales de una sociedad. Lo que necesitamos es crear estímulos para el acuerdo y no para que continúe el verticalismo presidencial, que es una de las características del sistema mexicano”.

Enfatizó que en el país, falta tener un gabinete o consejo de ministros, ya que hay 10 sistemas constitucionales presidenciales latinoamericanos que tienen esta figura con funciones expresas, de manera que se ha roto el proceso de concentración del poder en manos del Presidente.

“Derecho del turismo. Un estudio comparado desde España e Iberoamérica”

Posteriormente, se presentó el libro “Derecho del turismo. Un estudio comparado desde España e Iberoamérica”, el cual aporta conceptos y principios que son imprescindibles para lograr que esta disciplina se consolide en todo el mundo, refirió el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Sami David David.

Señaló que la obra permite analizar y revisar las regulaciones del turismo en Iberoamérica; de esta forma, continuó, “ofrece una perspectiva integral y esclarece temas trascendentes en la actualidad como el derecho público del turismo, su organización administrativa, sus conceptos y principios, además analiza los distintos sectores relacionados con esta actividad económica”.

En su intervención, José Tudela Aranda, autor del libro y secretario general de la Fundación para Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Giménez Abad, dijo que es importante reivindicar un turismo de calidad que sea coherente con las nuevas exigencias, sobre todo en aquellos países que padecen crisis económicas como España, quien tuvo una Ley de Turismo en 1992, cuando ya en ese entonces, destacó, recibía más de 40 millones de paseantes.

“Es un libro que intenta dar una visión conjunta de una realidad jurídica del derecho del turismo en Iberoamérica, tomando en cuenta las normas que han sido aprobadas en otros países”, apuntó.

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