• Comisión organiza "Tercer encuentro con académicos y organizaciones de productores para la implementación de la reforma al campo"

27-08-2014.- Funcionarios, académicos y productores campesinos se pronunciaron por modificar la política pública, el presupuesto y las reglas de operación, a fin de fortalecer al ejido y las comunidades para consolidar la modernización agraria en México.

En el "Tercer encuentro con académicos y organizaciones de productores para la implementación de la reforma al campo", organizado por la Comisión de Reforma Agraria, los productores destacaron la necesidad de hacer una cruzada de extensionismo que vincule la siembra de alimentos con la protección del medio ambiente y mejoras para la comercialización de la producción.

El presidente de la Unión Campesina Democrática, José Durán, aclaró que las organizaciones campesinas no han propuesto grandes modificaciones a la Constitución Política ni al marco jurídico secundario del campo. “Hemos insistido en la necesidad de modificar la política pública, el presupuesto y las reglas de operación y esa es la propuesta central que en las organizaciones hemos enarbolado”.

Planteó la recuperación de las capacidades subutilizadas o estancadas de la economía campesina en su conjunto a través de sus unidades familiares. Enfatizó que el sector de la pequeña y mediana producción social es el de mayor potencial porque tiene la tierra suficiente, los recursos disponibles en las comunidades y la experiencia para hacer producir la tierra.

Consideró necesario designar un presupuesto especial concurrente reorientado para que la economía campesina pueda disponer de al menos 40 mil millones de pesos, mediante una reingeniería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para construir la Subsecretaría de la Economía Campesina y puedan generarse programas distintos, sobre la base de un rediseño del Procampo.

Agregó que el eje central del Procampo debe ser la disminución de la superficie beneficiaria de este programa, entre 10 y 20 hectáreas por productor, lo cual permitiría llegar al 85-90 por ciento de los productores de los casi 5 millones del sector social en sus unidades familiares.

Instó a diseñar reglas de operación en donde “no nos lleven a competir con los grandes ricos y, entonces, estemos en la desventaja de no contar con el capital para poder complementar los proyectos y acceder al financiamiento vía subsidio-capital del riesgo de la secretaría”.

Otro aspecto central de la propuesta, dijo, es la regulación de las competencias del mercado para que los consumidores tengan precios accesibles. Planteó generar una nueva empresa que las ordene para eliminar a los intermediarios en el proceso de comercialización, la especulación y el manejo faccioso de los precios que llegan al público final.

Durán Vera comentó que el nuevo esquema de financiamiento para el campo, recién anunciado por el Ejecutivo Federal, mediante una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), logrará atender a más del 80 por ciento de los productores sociales agrícolas, dedicados a sembrar alimentos.

Por su parte, Juan Arizmendi Hernández, presidente de la Asociación de Productores Pecuarios, afirmó que la situación del mercado internacional de la leche redundará en problemas para la producción de este bien en México. “Existen riesgos de conflicto social, ya que los lecheros se ven amenazados”, sostuvo.

Explicó que el precio de la leche descremada en polvo, a nivel mundial, ha disminuido en casi 40 por ciento. Al cierre de 2013, este producto valía 4 mil 500 dólares por tonelada; actualmente, tiene un precio de 2 mil 850 “y se desconoce el piso y fecha en que se detendrá la baja”.

“Esto ya impacta al sector primario en el país, pues la industria, al encontrar leche más barata, busca importarla, desplazando la leche nacional, lo que resultará en una caída estrepitosa del precio y amenazará la vida de los productores y cientos de empresas que giran en torno a sus actividades”, detalló.

Por tanto, pidió implementar una política de Estado que permita la sobrevivencia de los lecheros a corto plazo y que se establezcan mecanismos para su desarrollo y autosuficiencia. Asimismo, subrayó que las asociaciones de productores de leche se oponen a que ésta “sea tomada (por el gobierno) como artículo de cambio con otros países”.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Frutas Exóticas, Heriberto García Cortes, enfatizó que en las negociaciones para la reforma del campo se está jugando con el futuro de los jóvenes y la tranquilidad de los viejos campesinos, añadió.

En los mercados de abastos, continuó, más del 30 por ciento de los alimentos se van a la basura, lo que deja evidente que “el Estado no cuenta con una política seria”.

Ante las circunstancias, hizo un llamado a analizar las propuestas para la creación de bancos y reservas de alimentos, así como la comercialización directa de productos para evitar que disminuyan su precio con los intermediarios, y beneficiar a los productores.

Por otra parte, Francisco Javier Cañada Melesio, coordinador de asesores de la Procuraduría Agraria (PA), sostuvo que la procuración de justicia agraria debe mantenerse y fortalecerse, para “garantizar la paz social en el campo y evitar que los conflictos agrarios escalen a otros niveles”.

Se pronunció por fortalecer al ejido y las comunidades para consolidar la modernización agraria en México.

Destacó las tareas de conciliación, mediación, arbitraje y la representación legal realizada, lo cual arroja la solución de 22 mil asuntos agrarios anuales, a través de convenios conciliatorios, ratificados ante las autoridades ejidales y comunitarias.

Refirió que la regularización en la tenencia de la tierra ha avanzado en el 95 por ciento de los ejidos y comunidades, los cuales tienen documentos que acreditan la posesión legítima.

Indicó que faltan alrededor de 2 mil 500 ejidos y comunidades por regularizar; estimó que “en lo que resta del sexenio se logrará concluir este proceso”, ya que cada año se entregan certificados de propiedad a cerca de 500 poblaciones, para ofrecer seguridad en la propiedad de los terrenos.

Comentó que la PA participa también en la organización productiva de ejidos y comunidades, a la que calificó como “uno de los retos más importantes”, porque aparte de ser esquemas de organización agraria, lo pueden ser económicas, para diversificar la producción y vincularla con la comercialización directa a consumidores.

“La organización productiva de ejidos y comunidades debe ser un punto básico para la modernización y transformación del campo, porque son dueños de 68 millones de hectáreas de tierras de uso común como bosques y selvas con gran cantidad de recursos y un gran potencial de desarrollo para generar energías alternativas”.

A su vez, René Ávila Nieto, director de la empresa Directo al Grano MX, coincidió en la necesidad de ligar el financiamiento con la asistencia técnica: “amarrar el extensionismo pagado por el Estado”, pues se corre el riesgo de causar problemas al productor cuando no pueda aprovechar adecuadamente sus apoyos económicos.

Por otra parte, se pronunció por emplear esquemas de inteligencia financiera y comercial para que los montos otorgados a los campesinos sean productivos, al igual que esquemas organizativos para que los agroproductores puedan salir al mercado en igualdad de condiciones.

Raúl Nieto Ángel, de la Universidad de Chapingo, indicó que el 5 por ciento de la población rural es empresario agrícola, el 12 por ciento está en la etapa de transición de pasar de ser productor a un empresario y “este 17 por ciento son los que aprovechan los programas de gobierno”.

Precisó que el otro 83 por ciento son productores de autoconsumo y son los que carecen de apoyos, lo único que tienen son los programas asistencialistas. Por lo que propuso que de este porcentaje se pueda estratificar al productor y darle un apoyo distinto y generar reglas de operación “adoc” con las condiciones de estos productores. Consideró que se tiene que estimular al productor con asistencia técnica y apoyos de recursos.

Martín Valencia Aceves, catedrático de la UNAM, afirmó que la institución busca profesionalizar a los egresados para que tengan las experiencias susceptibles de aplicarse en la modernización del agro.

Avaló la asistencia técnica a los campesinos, con extensionistas certificados que asesoren a los productores, no sólo en la forma de sembrar sino vincularla a la protección del medio ambiente, y nuevas formas de comercialización que abatan el intermediarismo, y aseguren precios justos tanto para los campesinos como consumidores

Resaltó el uso adecuado de fertilizantes naturales o químicos, con el propósito de que no dañen la tierra ni los alimentos, lo cual propiciará ahorros e incrementará la producción.

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