• Recursos no se aplican de manera correcta y generan subejercicios: Mejía Guardado
• Continúan violaciones a sus derechos como existencia de muertes maternas: De Jesús Alejandro
• Representantes de redes y asociaciones de mujeres indígenas presentan propuestas

08-12-2014.- Demandan mujeres indígenas a representantes de los tres Poderes de la Unión una relación política y permanente, trato igualitario de sus derechos, ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presupuestos dignos y suficientes, inclusión en todos los niveles de la estructura estatal, así como justicia para las y los presos políticos.

En el marco de los planteamientos finales del Foro Nacional de Mujeres Indígenas “Desafíos políticos para la implementación de agendas nacionales de mujeres indígenas”, que se llevó a cabo la semana pasada, mujeres representantes de diversas comunidades plantearon sus propuestas en una reunión con representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La diputada Julisa Mejía Guardado (PRD), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, indicó que existen recursos que no se aplican de manera correcta o que nunca se ejercen, ocasionando subejercicios. Por ello, dijo, “es importante su revisión de manera transversal, a fin de conocer cómo y de qué manera se ejecutan”.

Si bien es cierto que hay logros, continuó, como es el tema de la paridad en los espacios de elección, muchas de las demandas de las mujeres no han sido cumplidas. “Vivimos en una desigualdad que afecta aún más a quienes son indígenas”, acotó.

Informó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 se lograron mayores recursos para centros de justicia de las mujeres, por lo que, precisó, “tenemos que vigilar y estar pendientes de que aterricen y se logren varias de las demandas que solicitan”.

En su turno, el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD), destacó que continúan violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, específicamente de las mujeres. “Son muchos los pendientes que tenemos para ellas, tal es el caso de las muertes maternas donde Guerrero y Oaxaca presentan los primeros lugares”.

Es necesario, abundó, generar una propuesta de armonización legislativa y de Ley General de Consulta para hacer frente a los derechos de los indígenas, ya que sus demandas se amplían hacia una representación política de las mujeres.

Destacó que entre los pendientes está el derecho a la consulta libre, previa e informada sobre todos los procesos administrativos y legislativos, cuando el 90 por ciento del territorio indígena se encuentra ya concesionado para la industria extractiva.

“El Estado sigue teniendo una deuda histórica con los pueblos indígenas y es un momento ideal para que los representantes de la nación, particularmente el Ejecutivo, pueda avanzar al respecto”, agregó.

La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, María del Carmen Alanis Figueroa, señaló que es indispensable hacer énfasis en el tema de la denuncia, ya que no existe una sola petición de traductor en asuntos de indígenas o de género en los juicios, así como capacitar a todos los juzgadores para resolver casos con perspectiva de género e intercultural.

En su participación, la subdirectora general de la Coordinación de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mónica Maccise Duayhé, coincidió en que se debe revisar la Ley Orgánica del Sistema Judicial para dotar de mayor certeza jurídica a las mujeres; además, abrir la participación de personas indígenas en las instituciones impartidoras de justicia, la cual aseguró, es nula.

Por parte del Poder Ejecutivo, Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, refirió que el rubro de traductores e intérpretes es indispensable para garantizar los derechos de las comunidades, pero los pocos recursos asignados frenan la contratación de esas personas. Coincidió en que los avances son notables, pero aún hay problemas como el machismo, que detienen el progreso.

En su turno, Marina Arvizu Rivas, responsable de la Unidad de Género de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), destacó el trabajo conjunto de los Poderes de la Unión, al crear políticas públicas que fortalecen la igualdad e inclusión de las mujeres; sin embargo, consideró que “el reto es que se hagan reales a través de tres ejes, la interculturalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género.

Asimismo, María Eternod Aramburu, secretaría ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, reiteró que es deber del Estado cerrar las brechas que aún existen en materia de desigualdad, sobre todo hacia las mujeres indígenas, y se comprometió a pactar, por escrito, todas las propuestas retomadas en el foro.

Previamente dieron lectura al posicionamiento titulado “Mujeres indígenas por la vida, la justicia y libre determinación”, donde representantes de comunidades indígenas de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, dieron a conocer sus demandas.

Las lideresas de las mujeres indígenas exigieron respeto a sus derechos, “hoy más que nunca nos organizamos de manera intergeneracional, para decidir el tipo de vida que queremos”, resaltaron.

Indicaron que en México persiste el racismo, la discriminación, la violencia sistemática hacia estos pueblos, expresados más crudamente en las mujeres indígenas; el despojo de tierras, territorios y recursos, a través de concesiones otorgadas por el Estado a empresas internacionales, lejos de fomentar el desarrollo de esas comunidades las dividen hasta desaparecerlas.

Cada vez más mujeres indígenas, continuaron, somos objeto de trata, prostitución y feminicidios.

Ante los representes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fijaron sus propuestas: realizar reformas políticas, a fin de erradicar la desigualdad que persiste en las mujeres indígenas; pleno ejercicio de derechos humanos; medidas legislativas para la implementación del derecho a la consulta libre, previa e informada; garantizar el acceso a los recursos naturales e implementar procesos de consulta para declarar áreas naturales protegidas.

Asimismo, reconocimiento de las jornaleras agrícolas; revisión a todas las legislaciones que contemplen los derechos de las mujeres, considerando la diversidad cultural, para garantizar el acceso a la justicia y a la participación política, y revisión del presupuesto destinado a ellas.

Para el Poder Judicial, demandaron establecer la obligatoriedad de impartidores de justicia con perspectiva de género que tomen en cuenta elementos específicos de cultura para resolver casos; garantizar el acceso a un traductor; generar programas de formación permanente sobre los derechos políticos, electorales y de ciudadanía desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incorporar a indígenas en la estructura del poder judicial.

En cuanto al Ejecutivo, solicitaron una política aplicada de manera transversal en toda la administración pública, creación de un programa interinstitucional con presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de traductores e intérpretes con enfoque de género, fortalecer la educación en todos los niveles en temas como identidad, interculturalidad, lenguas indígenas, cosmovisión, género y derechos humanos.

Incorporación de profesionistas indígenas en el diseño de la currícula educativa, salud sexual y reproductiva; crear políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en contextos migratorios nacionales e internacionales; etiquetar presupuestos para garantizar una vida sin violencia; recursos para remunerar a personas que ejerzan la medicina tradicional y cuota de mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones.

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