• Cada 24 horas se intentan 6 mil 800 actos de este tipo

• En lo que va del a帽o 5 mil 416 ciudadanos han sido v铆ctimas del delito

09-12-2014 La C谩mara de Diputados aprob贸 con 408 votos a favor reformas al art铆culo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P煤blica, a fin de establecer que las autoridades responsables de la operaci贸n de los equipos, y los concesionarios de redes p煤blicas de telecomunicaciones, entreguen un informe semestral sobre su uso a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con el objetivo de inhibir las extorsiones.

La reforma plantea que este informe est茅 en concordancia con lo establecido en el art铆culo 190, fracci贸n VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi贸n, la cual establece la cancelaci贸n o anulaci贸n de manera permanente de las se帽ales de telefon铆a celular, de radiocomunicaci贸n o de transmisi贸n de datos o imagen dentro del per铆metro de centros de readaptaci贸n social y establecimientos de internamiento para menores.

El bloqueo de se帽ales a que se refiere son todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepci贸n en los equipos terminales de comunicaci贸n, y en ning煤n caso exceder谩 de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, a fin de garantizar a los usuarios externos la continuidad y seguridad de los servicios.

Por su parte, los concesionarios de telecomunicaciones est谩n obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad P煤blica en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las se帽ales de telefon铆a celular, de radiocomunicaci贸n o de transmisi贸n de datos o imagen.

En la fundamentaci贸n del dictamen, el diputado Jos茅 Guillermo Anaya Llamas (PAN), presidente de la Comisi贸n de Seguridad P煤blica, refiri贸 que es responsabilidad del Estado proveer protecci贸n y seguridad a los ciudadanos.

Consider贸 que la saturaci贸n de penales en el pa铆s, la complicidad de autoridades con delincuentes y los adelantos tecnol贸gicos favorecen la creaci贸n de autogobiernos en las c谩rceles, lo cual facilita a los reclusos cometer delitos, sobre todo la extorsi贸n telef贸nica.

Con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P煤blica, indic贸, los responsables de manejar el equipo que permite bloquear o anular de manera permanente las redes de comunicaci贸n en los centros penitenciarios, as铆 como los concesionarios de redes p煤blicas de comunicaci贸n, estar谩n obligados a presentar informes semestrales, que permitir谩n prevenir delitos.

Consider贸 fundamental que los funcionarios coludidos con los criminales respondan por sus actos, ya que las instituciones p煤blicas deben servir al bien com煤n; el dictamen, expres贸, es una adecuaci贸n al marco jur铆dico para brindar seguridad a los mexicanos y erradicar la impunidad.

Por su parte, la diputada Sonia Rinc贸n Chanona (Nueva Alianza) mencion贸 que su voto ser铆a a favor, pues esta reforma contribuir谩 a inhibir el delito de extorsi贸n telef贸nica dentro de centros penitenciarios. De acuerdo con el Consejo por la Ley de los Derechos Humanos, cada 24 horas se intentan 6 mil 800 extorsiones y hasta diciembre del 2010 se cuantificaron alrededor de 6 mil 179, de las cuales el 30 por ciento fueron consumadas.

Adem谩s, durante el periodo del 2001 al 2014 se obtuvo cerca de un mill贸n 350 mil pesos a nivel nacional, derivado s贸lo de los casos reportados oficialmente.

Para fijar la postura de Movimiento Ciudadano, el diputado Jos茅 Francisco Coronato expuso que este a帽o 5 mil 416 ciudadanos han sido v铆ctimas del delito de extorsi贸n telef贸nica, con una mayor incidencia en los estados de Tamaulipas, Nuevo Le贸n, Estado de M茅xico y Distrito Federal.

Consider贸 imperativo contar con un sistema y control de bloqueo de redes de comunicaci贸n, as铆 como la tecnolog铆a y personal adecuado para supervisar dichas tareas. Expres贸 la postura de su bancada a favor del dictamen.

En representaci贸n del PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares se pronunci贸 a favor, ya que esta reforma contribuir谩 a que menos personas sean objeto de extorsiones, secuestros, fraudes y cualquier otro il铆cito asociado con este tipo de operaciones impropias e indebidas, pues seg煤n estimaciones del mismo Consejo Ciudadano de Seguridad P煤blica 8 de cada 10 intentos de extorsi贸n se cometen desde reclusorios.

En su turno, la diputada Joaquina Navarrete Contreras (PRD) expres贸 que la inseguridad es la mayor afectaci贸n que vive el pa铆s actualmente, y celebr贸 el sentido del dictamen que, dijo, mantiene un sentido de prevenci贸n. Refiri贸 que hay avances significativos en el combate al delito y destac贸 que armonizar gradualmente el marco jur铆dico y regulatorio en el rubro de la seguridad p煤blica, brinda seguridad a los ciudadanos.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) manifest贸 que la aprobaci贸n de este dictamen tiene como fundamento que exista mayor supervisi贸n de las operaciones de bloqueo o anulaci贸n de se帽ales de telecomunicaciones dentro o en los per铆metros de los centros de reinserci贸n social, as铆 como actuar como limitante de las extorsiones telef贸nicas desde el interior de los penales.

Por su parte, el diputado Javier L贸pez Zavala (PRI) coment贸 que pese a las medidas implementadas en materia de seguridad, a煤n se comenten delitos en los centros penales, y desafortunadamente las cifras son preocupantes. En ese sentido, se帽al贸, es preciso que las autoridades correspondientes presenten informes semestrales de las actividades tratadas en el dictamen. Por ello, fij贸 la postura de su partido a favor de la reforma.

Durante la discusi贸n, el diputado Ricardo Mej铆a Berdeja (Movimiento Ciudadano) dijo que la aprobaci贸n de esta reforma permitir谩 impedir que suceda este tipo extorsiones; sin embargo, reiter贸 que se requiere de una pol铆tica integral de readaptaci贸n y combate a la delincuencia, ya que la actual se queda corta frente a esta problem谩tica en los penales y en general ante la Seguridad P煤blica del pa铆s.

La diputada Emilse Miranda Munive (PRI) expres贸 que es deber de los legisladores establecer leyes que prevengan actos il铆citos y construir un marco legal que otorgue facultades a diversos 贸rganos gubernamentales para castigar la violaci贸n de las normas. De igual forma, consider贸 que la denuncia resulta crucial, no solo para rastrear a los delincuentes sino para erradicar el delito. Se mostr贸 a favor del dictamen, que, destac贸, responde a necesidades sociales en materia de seguridad.

El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

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