• Será autónoma y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios; fortalece el sistema de procuración de justicia federal

• Transformación de instituciones, punto para conseguir una mejor justicia, impartición y procuración: Pacheco Rodríguez

10-12-2014.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 370 votos favor, 43 en contra y 6 abstenciones, el proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de constituir un órgano constitucional moderno, autónomo e independiente, el cual coadyuve a vigorizar y fortalecer el sistema de procuración de justicia federal.

El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa que el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre, y remplaza a la actual Procuraduría General de la República por la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha Fiscalía será autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como moderna, a fin de llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio, aprobado en junio de 2008, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos.

Estará integrada, entre otros órganos, por las fiscalías especializadas en materia de Combate a la Corrupción y en materia de Delitos Electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General, con posibilidad a ser objetados por el Senado.

Se prevé la función de representante social del Ministerio Público de la Federación no sólo en la investigación y persecución de los delitos, sino en aquellos asuntos que por su relevancia para la sociedad dispongan las leyes para la protección de los intereses individuales y sociales en general, como son: derechos e intereses de las personas menores, con discapacidad, adultos mayores y de quienes se encuentren en situación de riesgo o peligro.

Entre las facultades del Ministerio Público de la Federación resalta la relacionada con la investigación, en donde se determina la forma clara que ante el conocimiento de la existencia de hechos que la ley señale como delito, se deberá recabar la denuncia, querella u otro requisito equivalente, siempre actuando bajo un marco de respeto a los derechos humanos.

De igual modo, el dictamen contempla el procedimiento para que los agentes del Ministerio Público, los investigadores ministeriales y los peritos puedan formar parte del Servicio de Carrera.

Autoriza a la Secretaría de Gobernación para auxiliar a la FGR en materia de extradición; atribuye al Ministerio Público para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales; precisa que el Centro Federal de Protección a Personas será un órgano auxiliar de la Fiscalía; retira la facultad a los municipios para expedir normas y medidas presupuestales en materia el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

También, reforma diversos ordenamientos para sustituir diversos términos, tales como: Procuraduría General de la República por FGR; procurador por el de fiscal; policía judicial por policía, y Presidencia de la República por el de Oficina de la Presidencia de la República.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, busca establecer las atribuciones que la Consejería Jurídica deberá asumir para ejercer la representación de la Federación.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), recordó que por mandato de la reforma constitucional en materia político-electoral, se transforma la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República.

Dijo que esta Fiscalía será la encargada de la organización del Ministerio Público; que se determina como un órgano constitucional autónomo, con cargo a un fiscal general, que permitirá independencia y objetividad en las actividades que realicen respecto de la investigación y persecución de los delitos, logrando con ello contribuir a la modernización de las instituciones que procuran e imparten justicia.

Con las reformas, expresó, se fortalece el sistema de procuración de justicia federal, principalmente en la función principal del Ministerio Público de la Federación, que es la de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, la cual se vigoriza al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía; de ahí que el Ministerio debe ser un órgano técnico de investigación y persecución de los delitos, cuya actuación debe sujetarse con estricto apego a la ley.

También robustece el papel del Ministerio Público como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal y procesal penal y las que sean de su competencia, de conformidad con el orden jurídico mexicano.

Pacheco Rodríguez subrayó que con el dictamen se consolida la función del Ministerio para dejar de ser percibido únicamente como un operador estrictamente jurídico, y visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos, a fin de garantizar su acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Expuso que la transformación del sistema jurídico penal y de las instituciones que lo integran es punto fundamental para que el país pueda conseguir una mejor justicia, una mejor impartición y una procuración eficiente de este bien jurídico.

En los posicionamientos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) expresó que la Fiscalía cumple un objetivo fundamental, de hacer más cercana y expedita la justicia, siempre de la mano del respeto a los derechos humanos, y con este dictamen se busca la construcción de una institución cuya independencia, modernidad y desarrollo conduzca a una exitosa implementación del sistema acusatorio.

Aseguró que se busca fortalecer y hacer más eficaz la labor del Ministerio Público Federal, que mediante la autonomía de la Fiscalía podrá desempeñar su labor sin estar subordinado por otro órgano o poder. “Estamos conscientes de que la sola autonomía no resolverá el problema de la impartición de justicia, pero sí eliminará el factor político de la ecuación para elegir al candidato más idóneo para encabezar la Fiscalía”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que la transformación de la PGR en Fiscalía, es un reto que debe de contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en juicio. “Ésta no debe de ser una reforma de papel, como han sido muchas estructurales, pues la PGR actualmente no solamente se encuentra saturada y operando en un sistema de procuración de justicia desacreditado, sino que ha demostrado ser ineficiente en los casos más graves que se han presentado, como es el de Tlatlaya y de Ayotzinapa”.

Indicó que las cifras de la PGR muestran que de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 162 mil averiguaciones previas, más o menos, pero solamente el 28 por ciento término en consignación; por ello, dijo, “es fundamental refundar la Fiscalía General y tener no solamente un fiscal autónomo sino que se aplique el Estado de derecho”.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado Movimiento Ciudadano, argumentó que actualmente el país enfrenta graves problemas en materia de seguridad pública y procuración de justicia, y las cifras de homicidios, extorsiones y secuestros han ido a la alza en los últimos dos años, situación que hace pensar que se requiere un Ministerio Público con mayores capacidades de investigación; sin embargo, afirmó, “el camino que han seguido los órganos calificados como autónomos es de una gran ficción y simulación”.

“Esta Fiscalía es la misma gata nada más que revolcada. Y todos estos supuestos de autonomía, en realidad son ficticios. Por eso nosotros votaremos en contra, porque es una ficción esta supuesta autonomía, y porque no vemos que haya un cambio de fondo en el Ministerio Público federal”, afirmó.

A su vez, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) mencionó que los ciudadanos demandan hoy más que nunca, la posibilidad de tener un país en el que se acabe la desigualdad, en el que todos tengan acceso a las mismas oportunidades, se termine la discriminación, la pobreza y la inseguridad. “México necesita acabar con la impunidad, pero estamos absolutamente convencidos que no podría terminarse si no mejoramos nuestros cuerpos policiacos”.

Relató que en la medida en la que quienes se encargan de la persecución de los delitos no gocen de la capacitación, preparación, principios éticos y confianza necesaria para cumplir su función, sería imposible erradicar la impunidad y los delitos que vienen deteriorando nuestro tejido social. Hizo votos para que con la Fiscalía, “podamos ver un cambio radical en el estado actual de la seguridad del país y, desde luego, en el bienestar de todos los mexicanos”.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) manifestó su preocupación de que el país no cuente con un Ministerio Público al que las víctimas de los delitos puedan acudir con confianza y una institución de probada honorabilidad. “Nos preocupa que esta ley, que debió ser el desarrollo institucional de esa reforma constitucional, no represente una salida clara al grave problema de violencia e inseguridad cotidiana que vivimos”.

Subrayó que esta ley no contiene un capítulo específico que esclarezca las facultades de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, y no resuelve las precarias condiciones laborales a las que se enfrenta cotidianamente el personal adscrito a las agencias del Ministerio Público. Agregó que es necesario fortalecer en su desarrollo institucional y legal a una verdadera Fiscalía autónoma, “porque es el primer paso para atender el reclamo social: justicia y más justicia para todos”.

Por Acción Nacional, la diputada Karina Labastida Sotelo resaltó que la Fiscalía será la institución en la que recaiga la responsabilidad de políticas públicas en materia de prevención y persecución de los delitos, la defensa social y la protección de las víctimas, y mediante este ordenamiento se le busca dar herramientas a dicha institución, así como límites en su actuar, a fin de que se respeten los derechos humanos de todos los involucrados.

Con esta ley, dijo, el país se encontrará a la vanguardia, por lo que hace a sistemas acusatorios, acorde con los sistemas latinoamericanos y permitirá desarrollar el nuevo sistema de justicia penal con características propias de nuestro país. “Seguiremos impulsando reformas encaminadas al respeto de los derechos humanos, a la vida, a la libertad y a la dignidad de las personas”.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba (PRI) consideró que con esta reforma, se busca restablecer la confianza de la sociedad en el Ministerio Público de la Federación, el cual debe compartir la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos para llevar a cabo una de las funciones esenciales del Estado que es procurar justicia sin injerencia de otros poderes y órganos y, más aún, de influencias políticas.

Destacó que el dictamen contempla elementos ineludibles que garantizan el respeto de los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima. Además, la nueva Fiscalía se verá fortalecida con personalidad jurídica y patrimonio propios; también desarrollará la función de representante social a través del Ministerio Público, que además de investigar y perseguir delitos, protegerá el derecho de los niños, discapacitados, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

En la discusión, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) argumentó que el tener una ley de la Fiscalía General de la República, para cambiar el nombre de procurador por el de fiscal general no soluciona los problemas tan graves en la administración e impartición de justicia que tiene el país, sobre todo cuando no se garantiza la autonomía del fiscal general.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) expresó que era relevante aprobar el dictamen, pues el Congreso mexicano debe asumir su responsabilidad y compromiso con las demandas de justicia. “La sociedad nos reclama con justa razón que no hemos atendido con suficiencia los problemas de nuestro sistema de justicia. Resulta indispensable contar con un sistema eficaz, eficiente, imparcial, objetivo y que por ningún motivo permita la impunidad”.

Del PRD, la diputada Alfa Eliana González Magallanes manifestó que este dictamen se presenta en un momento en el que la procuración de justicia no está sólo en entredicho, sino enfrenta cuestionamientos profundos por la inacción y dilación del Ministerio Público Federal como es el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y dijo que implica contar con un fiscal probo, quien permanecerá en el encargo de aquí hasta el 2023.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado del PT, consideró que la nueva Fiscalía sigue ignorando la demanda de justicia y de castigo a los delincuentes responsables de la inseguridad. “Esta demagogia legislativa que aquí se expresa hace juego al discurso oficial del Ejecutivo federal, que pretende ocultar el sol con una sombrilla. Será una ley que va a ser una mala noticia para quienes en este país clamamos justicia”.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez (PRI) sostuvo que este dictamen es un paso adelante en la conformación de un nuevo Estado mexicano donde los ciudadanos tengan la certeza de que sus autoridades se conducen en los cauces de la ley, de la objetividad y del bien general a través de instituciones sólidas que restablezcan la confianza de la ciudadanía en ellas.

Discusión en lo particular

Con 319 votos a favor, 94 en contra y cero abstenciones, el Pleno aprobó en lo particular y en términos del dictamen, los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 31, 32 y 41 de la Ley de la Fiscalía General de la República.

También, al artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; el 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el 7 de la Ley Sobre Celebración de Tratados y un artículo de la Ley de Seguridad Nacional, así como en diversas disposiciones transitorias.

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