15-12-2014.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Transición Energética, cuyo propósito es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

El dictamen avalado en lo general con 299 votos a favor, 83 en contra y 3 abstenciones, define el aprovechamiento sustentable de energía, como el uso óptimo de la fuente en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética.

Establece que la Secretaría de Energía (Sener), a través de las Metas de Energías Limpias y las Metas de Eficiencia Energética, promoverá que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energías limpias alcance los niveles establecidos en la Ley General de Cambio Climático para la Industria Eléctrica.

Además, la Sener fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica: 25 por ciento en el 2018; 30 por ciento al 2021; del 35 por ciento para el 2024; del 45 por ciento al 2036, y del 60 por ciento en el 2050.

De igual modo, la Sener y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) establecerán una hoja de ruta para el cumplimiento de la meta indicativa en un plazo de 260 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Crea el Sistema de Información de Transición Energética que tendrá por objetivo registrar, organizar, actualizar y difundir la información en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.

Faculta a la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar actos de inspección y vigilancia a los integrantes de la industria eléctrica.

La CONUEE podrá de manera aleatoria o cuando lo considere necesario, supervisar la ejecución de los procesos voluntarios que se desarrollen entre los particulares, para mejorar su eficiencia energética y ordenar visitas de verificación a los usuarios con un patrón de alto consumo de energía y a la administración pública federal.

Tanto la CONUEE como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estarán facultadas para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de un patrón de alto consumo de energía a las personas que fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen los equipos o aparatos que no incluyan la información necesaria acerca del consumo energético o cuando le incluya de manera diferente a la que establezcan las disposiciones aplicables.

La Comisión Reguladora de Energía podrá sancionar a los suministradores de electricidad o distribuidores de gas natural que nieguen el servicio de cobranza derivado de los convenios que deberán ser autorizados por la Profeco.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) expresó que el objetivo es disminuir la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, obtener mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y emisiones.

También, atenuar la huella de carbono en todos los procesos relacionados, considerando la realidad de la industria eléctrica que por primera vez se ha abierto a las inversiones privadas y contar con una empresa pública de energía eléctrica moderna y fortalecida.

El dictamen, dijo, armoniza y hace compatible la normatividad vigente; ordena conceptos y disposiciones para cumplir con su objeto que es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de fuentes limpias y de reducción de emisiones contaminantes de parte de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Camarillo Ortega argumentó que se detalla el papel de las autoridades de la Administración Pública Federal, encargadas de aplicar la ley, como son: la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalándose también las funciones del Centro Nacional de Control de Energía y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Mencionó que se definen instrumentos de planeación que dan un nuevo marco al papel rector del Estado en la condición de la política energética y, en particular, de la transición energética, incluyéndose criterios de viabilidad económica y rentabilidad social para determinar el orden de importancia de las acciones en función del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Con este nuevo ordenamiento, expuso, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013.

Indicó que tal mandato prevé la realización de las adecuaciones necesarias al marco jurídico para que el Estado procure la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético.

Precisó que la Ley de Transición Energética que se propone ordena conceptos básicos del cuidado tanto del medio ambiente como del sistema climático global inherente a la industria eléctrica para llevarlos a un nivel de aplicación efectivo acompañando el desarrollo económico del país.

Previo a los posicionamientos, el Pleno aprobó en votación económica una adenda presentada por las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 14, 19, 36, 44, 68 y tercer transitorio del dictamen.

Al fijar su postura, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) expresó que esta nueva ley tiene como principal objetivo utilizar el potencial de México en recursos naturales, el aprovechamiento sustentable de la energía, así como establecer obligaciones sobre fuentes limpias y la reducción de emisiones de contaminantes de la industria eléctrica.

Se traza, dijo, una ruta clara para que el país cumpla con dos grandes compromisos; bajar el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, y para 2024 que al menos el 35 por ciento de la generación de las energías provenga de fuentes de energías limpias y renovables, concepto que queda debidamente definido en esta legislación.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que es necesario disminuir y evitar el impacto ambiental, económico y social en el desarrollo de proyectos de generación energética; sin embargo, con el dictamen, no se genera un impulso para lograr que el proceso de transformación energética se acelere y se cubra con fuentes alternativas, con la finalidad de evitar la degradación ambiental que sufre actualmente el mundo.

México, dijo, está muy lejos de ser el ejemplo latinoamericano de medidas cautelares con principios ambientalistas. “Es imperativo transformar el modelo energético por uno más sostenible, no uno basado en la ganancia, en la rapacidad económica. Uno basado en el ahorro, la eficiencia y la utilización de energías limpias que contribuyan a poner en marcha una verdadera revolución verde”, añadió.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, argumentó que esta ley es parte de la reforma energética privatizadora, corrupta y que entrega el patrimonio del país a los extranjeros. “Hay trampas que realmente no apuntan a una mayor utilización de las energías limpias; se ha incluido el término de habilidad económica como condicionante para el efecto de reducción de emisiones contaminantes en la producción de energías”.

Puntualizó que México es altamente vulnerable al cambio climático, ya que el 15 por ciento del territorio nacional; el 68 por ciento de la población, y el 71 por ciento de la economía mexicana podrán ser impactados negativamente por sus efectos. Además, la ley no beneficia el desarrollo de energías renovables ni a las tecnologías para el uso eficiente de la energía. Las tecnologías limpias no pueden competir en costos contra las tecnologías convencionales.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) mencionó que los beneficios de esta ley no sólo serán de carácter económico sino también sociales y ambientales, pues reportes de la Secretaría de Energía establecen que actualmente el 48 por ciento de la electricidad que se genera en México es producida quemando carbón, combustóleo y otros hidrocarburos, los cuales liberan contaminantes a la cuenca atmosférica que provocan enfermedades respiratorias y el cambio climático.

Añadió que es fundamental no solamente salvaguardar el medio ambiente, sino también apoyar la economía familiar con los ahorros reales que se puedan producir en lo que tiene que ver con el gasto energético y doméstico para todas las familias, los municipios, comunidades y colonias.

Del PRD, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro señaló que este dictamen se presenta de manera atropellada, pues debió haberse discutido de manera integral con la reforma energética y hoy se muestra a seis días de cumplir con el plazo que se tiene para llevar a cabo estas modificaciones. “Insuficiente discusión en un asunto tan importante como el de la transición energética y las energías renovables”.

Relató que “no se puede acompañar el dictamen, ya que parece más una adenda, una parte secundaria y menos importante de la reforma energética, cuando era parte medular. El medio ambiente debió haberse puesto en el centro. La reforma energética, ni ha atraído los capitales que se prometieron y queda incompleta y parchada con esta parte de la transición energética que seguramente correrá la suerte de la principal, que es hasta ahora completamente nula”.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) se pronunció por que México no dependa solamente del petróleo o del gas. Es fundamental, dijo, actuar ante el cambio climático, para atender la salud ambiental, la conservación de los recursos no renovables y de la seguridad energética, pues está última “sólo se podrá dar si le apostamos también a diversificar nuestra matriz a través de fuentes renovables. Tenemos que apostarle a una transición inteligente, expedita, ambiciosa y decisiva”.

Refirió que el sector energético en México es el responsable del 69 por ciento del total de las emisiones; por ello, se deben tomar medidas concretas para reducirlas y esta Ley es un cambio sustancial para pensar en la energía solar y en la eólica. “Es una ley en la cual vamos a cambiar la visión de cómo vamos a generar, pero también a consumir, pues se fortalecen las instituciones que promuevan la eficiencia energética, la investigación y el desarrollo”.

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, diputado del PRI, destacó que se ofrece un ordenamiento que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía; contempla la inclusión de normas tendentes a resguardar la facultad estatal de imperio, a efecto de no dejar en manos de particulares el cumplimiento de las disposiciones; en ese sentido, las pautas son bilaterales y coercibles, pues vienen acompañadas de instrumentos de vigilancia y sancionadores.

Mencionó que se tiene previsto que cuando por negligencia o causa inexcusable no se lleven a cabo las acciones necesarias para el establecimiento de metas tendientes a alguna generación y consumo de energía limpia mediante fuentes renovables o de eficiencia energética o no se respete semestralmente su avance, los servidores públicos que incurran en dicho incumplimiento serán sancionados en términos a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la discusión, el diputado Javier Orihuela García (PRD) expresó que es necesario avanzar hacia un ordenamiento que contemple la reducción de las emisiones en toda la economía del país y no solamente en la generación de energía eléctrica. De la misma bancada, la legisladora Graciela Saldaña Fraire dijo no apoyar un dictamen que favorece al sector privado. “Esta Ley no da pauta al aprovechamiento de energía sustentable”.

La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez (PRI) mencionó que esta Ley es de la mayor relevancia para dotar el amplio potencial que tiene el país en la generación de energías renovables.

Martha Beatriz Córdova Bernal, diputada de Movimiento Ciudadano, cuestionó que se esté proponiendo este ordenamiento, cuando las leyes fundamentales para el país de proteger el medio ambiente y los derechos humanos de los mexicanos ni siquiera son tomadas en cuenta y se votan en contra.

Del PAN, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva relató que México tiene que declarar su independencia energética, pero no para no depender de la importación de gasolina, sino para no depender del petróleo. También, de esa fracción, Alfredo Zamora García argumentó que es necesario sustituir la generación de energías a base de combustibles fósiles y se usen fuentes limpias que la naturaleza da.

Votación en lo particular

Con 294 votos a favor, 91 en contra y cero abstenciones, el Pleno aprobó, en lo particular y términos del dictamen, los artículos 3, 7, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 26 y 95 del proyecto de decreto que expide la Ley de Transición Energética.

Fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.