• Bautista Cuevas advierte que 27.4 millones de mexicanos no gozan plenamente de esta garantía
• La norma atendería la “emergencia alimentaria” derivada de fenómenos naturales, económicos, sociales o políticos
• Frente Parlamentario contra el Hambre celebra su tercer aniversario de actividades

17-12-2014.- Al conmemorar en San Lázaro su tercer aniversario de actividades, legisladores integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) capítulo México anunciaron que actualmente la Cámara de Diputados trabaja en la elaboración de una iniciativa para expedir la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada.

Esta garantía es reconocida en la Carta Magna desde 2011; sin embargo, la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) advirtió que 27.4 millones de mexicanos padecen carencia alimentaria y nuestro país está entre los primeros con mayor tasa de obesidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, la legisladora añadió que aunque México es reconocido por tener recursos naturales suficientes para garantizar este derecho humano, “es claro que los mexicanos padecen hambre”, por lo que se requiere adecuar la normatividad en la materia y fomentar la producción, distribución y comercialización de los alimentos nacionales.

“En el proyecto de Ley se habla, por primera vez, de una emergencia alimentaria definida como aquellas situaciones donde en alguna localidad, región o entidad federativa se obstruye o afecta la disponibilidad a este derecho humano, su accesibilidad o ambas, por fenómenos naturales, económicos, sociales o políticos”, subrayó.

Bautista Cuevas detalló que como parte fundamental de la iniciativa se incluye el término “exigibilidad”, que compromete a cualquier autoridad del país, en el ámbito de sus competencias, a garantizar el derecho a la alimentación adecuada de todos los mexicanos.

La norma expresaría la necesidad de fortalecer estructuralmente los asuntos alimentarios, retomando el papel de las políticas públicas como un proceso integrador de decisiones, acuerdos e instrumentos, entre las autoridades públicas y la sociedad.

Por otra parte, concientizaría en torno a la alimentación adecuada, no refiriéndose únicamente al consumo de alimentos y líquidos, sino a ingerir alimentos bajo estándares mínimos de calidad, de forma diaria y suficiente para el desarrollo integral del ser humano.

Entre los grandes beneficios que aportaría esta ley a la sociedad, destacó Bautista Cuevas, se encuentran conceptos innovadores para el consumo, producción y distribución de alimentos.

Asimismo, se establecería la necesidad de crear canastas alimentarias locales, con base en criterios medioambientales y en las características locales de los pobladores, ya que en diversos programas gubernamentales, este punto se ha relegado.

Bautista Cuevas recordó que la iniciativa se desarrolló en conjunto con especialistas, investigadores, ciudadanos y organizaciones alimentarias. Actualmente se encuentra en turno de las comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Social para su dictamen, y de las de Presupuesto y Cuenta Pública, y especial de Asuntos Alimentarios, para su opinión.

Por su parte, la legisladora María Esther Garza Moreno (PRI), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que los senadores y diputados lanzaron el Frente Parlamentario contra el Hambre en 2011, el cual tiene como objetivo de asegurar el derecho a la alimentación, establecido en la Constitución mexicana.

Destacó que una de las premisas fundamentales del Frente Parlamentario contra el Hambre es que el derecho a la alimentación es universal, lo que significa que todas las personas tienen derecho a no padecer hambre y tener garantizado su acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada en cantidad, calidad y de acuerdo a su cultura.

Añadió que durante su operación, este Frente ha estado orientado a promover mecanismos normativos de protección y garantía del derecho constitucional a la alimentación, además de ayudar en el fortalecimiento de una institucionalidad que permita luchar contra el hambre.

La vicecoordinadora del FPH, diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) subrayó que sumados a estos tres años, vienen por delante muchos años más de compromiso para trabajar y concretar acciones que redunden en la eliminación de la pobreza alimentaria y para garantizar la soberanía de los mexicanos en este rubro.

“El trabajo de las y los diputados para cumplir con los objetivos del Frente, está a disposición de los ciudadanos; refrendamos el compromiso de caminar al lado de ellos y de instancias como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), observatorios y entidades destinadas a hacer efectivo este derecho humano”, sostuvo.

Cárdenas Cantú refirió que la iniciativa de la ley aún está retomando las propuestas de los distintos actores implícitos en ella, el proceso sigue, y se debe hacer con la responsabilidad que requiere. Explicó que se trabaja con base en acuerdos y con un principio de respeto y tolerancia.

En su participación, Pablo Andrés Ramírez, representante en México de la FAO, destacó la importancia que México tiene en el proceso de lucha contra el hambre a nivel regional debido a su fuerza y diseño institucional.

Resaltó que el país ha avanzado en la reducción del hambre, pero aún hay pendientes, como garantizar seguridad alimentaria a poblaciones específicas como grupos indígenas. Agregó que se deben atender también problemas como la obesidad, sobrepeso y anemia, así como prestar mayor atención a la esfera escolar.

Yunuel Cruz, de la Unión de Pueblos Productores de Morelos, comentó que el Estado tiene como responsabilidad mínima, garantizar el derecho de alimento a la población; esa ha sido la lucha constante del Frente Parlamentario contra el Hambre, subrayó.

Consideró que existen grandes retos para los legisladores como la Ley por el Derecho de la Alimentación, ya que, aseguró, la soberanía alimentaria, el campo y la producción de alimentos están intrínsecamente vinculadas a los problemas que atraviesa el país.

Jorge Chávez de la Peña, Consejero de la Comisión de Turismo de la Fundación Miguel Alemán, pidió diseñar una estrategia que permita que a las regiones indígenas en las costas del país se les garantice la alimentación, pues en ocasiones las grandes empresas pesqueras se llevan la mayor partida dejando a los pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad.

Luisa Cruz, representante del Frente Parlamentario, indicó que los legisladores tienen que trabajar en la elaboración de la Ley reglamentaria que contribuya al cabal cumplimiento del Derecho a la Alimentación, que se brinde apoyo a los pequeños productores agrícolas para que se logre generar el alimento suficiente para el país.

A su vez, Dinorah López, integrante del Frente Parlamentario, sostuvo que ha conseguido que los legisladores entiendan la importancia del derecho a la alimentación, pues por esta vía disminuirán las brechas de desigualdad.

Afirmó que un reto para la garantía del derecho de la alimentación es que implementen las acciones y políticas dirigidas a brindar alimentos sanos, adecuados y de calidad.

Roberto Vega González, secretario Ejecutivo de la Asociación Civil Servicios de Desarrollo y Paz, puntualizó que el Frente Parlamentario contra el Hambre debe diseñar las líneas para una normatividad general, ya que esto garantizará cabalmente el derecho a la alimentación.

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