13-01-2014.- La diputada Leslie Pantoja Hernández (PAN), integrante de la Comisión de Salud, propuso solicitar a la Procuraduría General de la República un informe de los servidores públicos que están bajo proceso a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014, por haber retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidios.

Además, que la PGR envié un informe de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en general, al personal que atiende a víctimas de delitos para la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.

Mencionó que el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma al Código Penal Federal, las leyes General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Orgánica de la Procuraduría General de la República, para tipificar el delito de feminicidio y garantizar la investigación, persecución y sanción de los crímenes contra las mujeres, trata de personas, atención de las víctimas y reparación del daño.

Con dichas reformas, el artículo 325 del Código Penal Federal sanciona a las autoridades que incurran en negligencia y entorpezcan la investigación de feminicidios con penas de 3 a 8 años de cárcel, multas de 500 a mil 500 días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, encargo o comisión públicos por un periodo de 3 a 10 años.

El cumplimiento y seguimiento de este tipo de sanciones, particularmente en el caso de feminicidios, resaltó, permitirán consolidar entre los operadores de justicia del país una cultura fundamentada en principios de igualdad real, no discriminación, probidad y transparencia en la función pública, así como de eficacia del sistema de justicia en el logro de su fin principal: la paz social.

Pantoja Hernández refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diferentes fallos sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento del deber de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, ha puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales impiden una investigación eficiente de los delitos denunciados y, como consecuencia, “se revictimiza a las víctimas en el propio aparato penal”.

La legisladora lamentó que pese a que se han reformando estas herramientas para lograr mayor respuesta de los servidores públicos en la manera de desempeñar sus labores, así como en la forma correcta de tratar a la sociedad, continúa el incumplimiento de estas leyes.

Enfatizó que las mujeres continúan siendo objetos de burla y víctimas de una mala atención, lo que pone en duda la labor de las instituciones gubernamentales para la atención de la mujer, sobre todo cuando ya fue abusada o violentada.

La inutilidad en la supervisión de los programas pro mujeres, genera un reclamo sobre la mejor atención a las mujeres víctimas de violencia y un escepticismo marcado por parte de sociedad en materia de mecanismos, programas educativos y verdadera eficiencia para prevenir este tipo de actos por los servidores públicos.

La Procuraduría General de la República, como órgano encargado de investigar y perseguir los delitos del orden federal, tiene la responsabilidad de informar a la sociedad el número de servidores públicos que han incurrido en la materia, así como de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos.

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