• Grupos parlamentarios fijan posturas y solicitan a la CNDH investigar estos hechos

15-01-2014.- La Comisión Permanente solicitó al Gobierno federal información sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la Tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro, en Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero.

En un punto de acuerdo avalado en votación económica también se pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigue estos hechos, con fundamento en el artículo 102, apartado b), único párrafo de la Constitución Política.

Al leer la propuesta, el diputado José Luis Esquivel Zalpa (PRD) expresó que la alarmante situación de violencia que se vive en Michoacán requiere de una respuesta pronta, transparente y garante de derechos.

Recordó que el pasado 13 de enero las autodefensas ocuparon el municipio Nueva Italia, y ese mismo día el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, solicitó ayuda al Gobierno federal, por lo que las autoridades enviaron un total de 11 helicópteros abordados por efectivos.

Las fuerzas federales, añadió, comenzaron a desarmar a los grupos de autodefensa en la localidad de Nueva Italia en el municipio de Múgica, así como en la localidad de Parácuaro; sin embargo, las acciones contenidas a través de la estrategia de seguridad por parte del Gobierno federal hasta ahora han derivado en una innecesaria confrontación con la población civil.

Esquivel Zalpa dijo: “las y los michoacanos no merecemos malvivir en Estado de violencia. Es hora que las fuerzas políticas, Gobierno federal, estatal y municipal se unan para salvar a Michoacán todas y todos unidos por el desarrollo de nuestro estado en paz y salvaguardando los intereses de nuestra población”.

Al respecto, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) detalló que el Estado enfrenta un reto mayúsculo en materia de seguridad pública, pues el surgimiento de grupos de autodefensa muestra que aún existen pendientes en la consolidación de un verdadero estado de Derecho.

Indicó que la presencia de las denominadas autodefensas en Michoacán ha ido en aumento, y dicho fenómeno, aunado a la violencia y a la inseguridad derivada del combate a la delincuencia organizada ha originado graves enfrentamientos que pone en riesgo a la población civil, por lo que hizo votos para que el acuerdo firmado por el gobierno federal y estatal, sirva para proteger los derechos de la ciudadanía y devuelva la tranquilidad y paz en esa entidad.

El senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN) expresó que en Michoacán se requiere un estado de Derecho, ya que es primer imperativo de la fuerza moral y ética del Estado mexicano, por lo que se manifestó a favor de que se hagan las investigaciones si es que el Ejército mexicano tuvo alguna forma de violentación de los derechos humanos.

Cuestionó cuánto vale la seguridad y el sueño jurídico de un niño, un joven que no encuentra en su familia y en su comunidad inmediata tiene esa protección. “Requerimos una visión estratégica, es decir tener voluntad política y sobre todo acatar la ley”.

A su vez, la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD) se pronunció por el esclarecimiento de los hechos, ya que es inadmisible que se pretenda restablecer la ley sin una estrategia de intervención en la que la política a través del diálogo formal, frontal y honesto con las partes involucradas, no sean parte.

Destacó que es indispensable que toda la población conozca qué pasó en el operativo, ya que se dice que cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron acaecidas. “Hacemos un llamado al titular del Ejecutivo a no tolerar violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado asignados a la región de tierra caliente en Michoacán”, abundó.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, denunció que la tragedia de Michoacán tiene que ver en gran parte porque ha sido el campo experimental, el laboratorio perverso para estrategias de seguridad pública desde el gobierno federal “que más allá de pacificar y combatir al crimen organizado, han generado más problemas, más deterioro social y más criminalidad”.

Solicitó al gobierno federal actuar con eficacia y responsabilidad, no solamente para desarmar a las autodefensas sino combatir a los grupos delincuenciales, y planteó crear una comisión especial de legisladores que coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en Michoacán, ya que no solamente es un problema policiaco sino de reconstrucción del tejido social.

El senador David Monreal Ávila (PT) argumentó que el surgimiento de las policías comunitarias o autodefensas es el resultado de la nula estrategia para combatir de manera eficaz y eficiente al crimen organizado, y el número de grupos se ha incrementado en México en los últimos meses, debido al aumento de la delincuencia que aqueja a la sociedad.

Mencionó que la inseguridad de Michoacán está ligada a la nacional, ya que apenas en un año de gobierno son más de 18 mil muertos. “Éste es un problema nacional que deber resolverse con justicia, pero en Michoacán no hay ni justicia ni autoridad. Llamó al secretario de Gobernación para que a pesar de que Michoacán es un foco rojo no se desatienda a los otros nueve estados que ya se identificaron como vulnerables a irrupciones violentas”, abundó.

Del PVEM, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez consideró que la existencia de los grupos de autodefensa en Michoacán, constituye un riesgo para la gobernabilidad y la paz social, pues sus integrantes portan armas de uso exclusivo del Ejército y realizan operativos en los cuales se cometen arbitrariedades y abusos de poder, con lo cual se atenta en contra de los derechos humanos del resto de la población.

Indicó que el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán tiene por objeto poner todos los recursos de los cuales dispone el estado para encontrar una solución definitiva al conflicto en la entidad y regresar así la tranquilidad a los ciudadanos, a las familias y a las empresas para vivir y trabajar en paz, y de este modo salir adelante.

El senador Alejandro Tello Cristerna (PRI) destacó que nadie puede minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo en Michoacán, pero tampoco se debe hacer menos el esfuerzo que se realiza mediante las instituciones e instrumentos del Estado para recuperar la paz y la estabilidad en la entidad; es indispensable que el Congreso se pronuncie a favor de las acciones que de manera coordinada implementan el gobierno federal y las autoridades estatales.

“La presencia de las fuerzas federales tanto del Ejército como de la Marina y de la Policía Federal es necesaria en la entidad en estos momentos. En Michoacán, el gobierno federal ha acudido con puntualidad y decisión al auxilio de la sociedad michoacana y de sus autoridades”, puntualizó.

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