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Boletín N°. 2819 Congreso de la Unión enfrenta reto de legislación secundaria a reforma de telecomunicaciones

• Inauguran foro para analizar alcances y escuchar propuestas de asociaciones y organismos afines al rubro

15-01-2014.- La reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones sería letra muerta si la legislación secundaria no se instrumenta y encamina debidamente. Este es el gran reto al que ahora enfrenta el Congreso de la Unión, afirmó el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Federico José González Luna Bueno (PVEM).

Durante la inauguración del foro “Retos de la nueva legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusiónâ€, dijo que la reforma, publicada el 11 de junio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación, significa un cambio de gran profundidad en torno al marco jurídico en esta materia.

Dicho marco legal, señaló, se orienta a la promoción de la competencia de manera clara y decidida, que se compromete a incrementar y promover el acceso del mayor número de personas a las nuevas tecnologías de la información, a los servicios de telecomunicaciones y a la radiodifusión.

“Nuestro país acusa retrasos importantes y es a partir de esta reforma constitucional que deben resolverseâ€, acotó.

En su turno, el secretario de la Comisión de Comunicaciones, diputado Eligio Cuitláhuac González Farias (PRI), dijo que es en esta reforma donde la Cámara de Diputados se ocupará de fortalecer los derechos vinculados a la libertad de expresión, información y establecimiento del derecho a las tecnologías de la información y comunicación.

Además, impulsará los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, promoverá las medidas de fomento a la competencia en televisión abierta y restringida, radiotelefonía fija y móvil, y servicios de datos y telecomunicaciones.

Coincidió en que el foro servirá como herramienta a la reglamentación secundaria de al menos ocho leyes, que se reformarán en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

“Dará a los diputados instrumentos y conocimiento sobre las experiencias en este ramo de países de América Latina y de los actores de la sociedad civilâ€, abundó.

De la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), el consultor del gobierno de Chile, Pablo Bello Arellano, destacó que México requiere mayor acceso a la banda ancha, así como generar una inversión de 8 mil 500 millones de dólares al año para alcanzar a los países desarrollados.

En América Latina, continuó, se necesitan 44 mil millones de dólares al año en inversión sectorial, esto es, para el caso de México, un incremento de más de 6 por ciento anual, por lo que la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, contribuirá de manera significativa.

Señaló que México es el segundo país de América Latina que más invierte en esta materia, por lo que es indispensable que en la discusión de las leyes secundarias, se considere la generación de competencia a nivel nacional de redes en distintas capacidades de cobertura, calidad, introducción de nuevos servicios, tecnologías y precios.

En su momento, representantes de distintas asociaciones afines al tema coincidieron en fortalecer al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), para poner en marcha y garantizar las nuevas disposiciones de la reforma en la materia.

Plantearon legitimar al Ifetel, consolidar sus atribuciones para velar por los derechos del consumidor en cuanto al acceso a la información, las tecnologías y a la calidad en los contenidos audiovisuales, además de asegurar la transparencia en sus operaciones para tener certeza y equidad al momento de conceder nuevas señales de radio y TV.

Propusieron asegurar que el Ifetel tenga plena facultad y autonomía para establecer sanciones cuando se incurra en faltas a los reglamentos, como en el caso de los monopolios y la competencia desleal de compañías de telecomunicaciones.

En su participación, Ãngel Guillermo Martínez, miembro de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), sostuvo que el impulso a este medio digital tendrá repercusiones en el desarrollo social y la competitividad empresarial.

Dentro de las propuestas de la Amipci, destaca la eliminación del IEPS a las telecomunicaciones, así como la tasa cero de IVA en dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras. Esto, con la intención de dar más acceso a la población mexicana a nuevas tecnologías y, por ende, a la información.

También, el desarrollo de la infraestructura para expandir la ciber red, y homologar los requisitos y trámites para instalar sistemas de distribución de internet a nivel federal, estatal y municipal.

En tanto, Scott Robinson, miembro de AlConsumidor A.C., consideró que en la próxima negociación de las leyes secundarias en el ramo, “el interés del público está en juegoâ€, por lo que, entre otras cosas, se tiene que poner énfasis en el acceso a la información, al igual que en la protección de información personal.

Planteó la creación de un programa permanente para que el Ifetel pueda desarrollar e investigar nuevas tecnologías de comunicación, en conjunto con la iniciativa privada, asociaciones civiles y la comunidad académica.

Sugirió que el mismo organismo lleve a cabo investigaciones de mercado para evaluar el desempeño de estos y encontrar nuevas oportunidades en el área de telecomunicaciones.

En su intervención, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez Ramírez, recordó que “no se ha encontrado la fórmula para reglamentar el derecho a la informaciónâ€. “No le hemos encontrado la cuadratura al círculoâ€, agregó.

Esto, dijo, se da por la presión de los consorcios mediáticos “que sólo velan por los intereses económico, y por décadas ha prevalecido la voracidad de la ganancia, por encima del interés públicoâ€.

“Los contenidos en televisión abierta avasallan cualquier posibilidad para que el ser humano pueda tener un desarrollo intelectual suficiente que lo haga digno de su naturaleza racional. Entretener mediocremente parece ser la consigna ante la complacencia del poder públicoâ€, advirtió.

Ante esto, calificó a la reforma en telecomunicaciones como un triunfo de la sociedad civil, ya que de ésta ha venido, en las tres últimas décadas, el impulso por un cambio normativo para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Francisco González Garza, de la Asociación Civil a Favor de lo Mejor, hizo hincapié en el cuidado de los contenidos en TV para proteger la integridad de los niños, ya que en nuestro país, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este sector pasa en promedio más de mil 569 horas al año frente al televisor.

Refirió que en países como España, Francia e Inglaterra hay instituciones encargadas de revisar la programación y fijar las sanciones correspondientes cuando se atenta contra la integridad del menor, además de que en estas naciones se han establecido horarios en los que se prohíben contenidos violentos, degradantes y sexistas.

Estas atribuciones, indicó, deben ser dadas al Ifetel, autoridad que también establecería y supervisaría los códigos éticos de la programación, emprendería “campañas de alfabetización mediática†(para educar a padres respecto al cuidado de los infantes frente a la TV), clasificaría adecuadamente los contenidos y establecería mecanismos de escucha a los ciudadanos, para atender quejas respecto a la programación, entre otros aspectos.

“Hay tendencias a que el Ifetel no regule estos puntos y que se relegue la labor a la Secretaría de Gobernación, como es hasta ahora. Desde nuestro punto de vista es un error, porque en la Segob no se cumple la tarea que se tiene por leyâ€, sentenció.

En tanto, José Antonio García Herrera, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC), demandó a los legisladores federales que el marco jurídico secundario de la reforma constitucional se base en la coordinación y responsabilidad con la propia industria para no perder el objetivo de lograr mejores precios, calidad y competencia, a fin de beneficiar a los usuarios.

Urgió a admitir la inversión privada que garantice no sólo recursos económicos, sino tecnológicos, y aliente la obligación de compartir redes troncales, a fin de impulsar el desarrollo de las empresas de forma organizada y en igualdad de condiciones. Pidió regular al sector para que no existan preferencias.

García Herrera advirtió la falta de un programa para acceder a la radio digital, al prevalecer muchas estaciones de AM que no tienen recursos, ni financieros ni técnicos, para la frecuencia de FM, por lo que pidió la creación de un plan que identifique plazos y costos, así como reglas claras en la licitación de frecuencias radiofónicas para alentar una verdadera competencia.

Afirmó que las leyes secundarias en telecomunicaciones darán certidumbre a los inversionistas, por lo que “es fundamental tener las reglas del juego lo más rápido posible para identificar los nichos de competenciaâ€. Se pronunció por el respeto al derecho de autor, al calificarlo fundamental para alentar la creatividad e innovación.

Por su parte, el doctor en Economía, Ernesto Piedras Feria, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), sugirió incluir en las leyes secundarias la experiencia de los demás países en las dos últimas décadas en el sector, para fomentar una “regulación asimétrica†que incluya infraestructura, tarifas accesibles, balance de cobertura y el compartir información. “Sólo así se superará el rezago, pues hemos sido incompetentes para generar competenciaâ€, aseguró.

El doctor Piedras Frías indicó que todavía existen 68 millones de mexicanos que están desconectados de la Internet, es decir, casi dos terceras partes no pueden buscar empleo, descargar libros, acceder a la salud o a la educación; “están excluidos de estos beneficiosâ€.

Dijo que la OCDE cuantifica una merma de 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país por la falta de inserción de la población a los avances digitales.â€Significa que se tiene una desventaja para aprovechar oportunidades potenciales de desarrolloâ€, que urge revertir, apuntó, sobre todo porque el 90 por ciento del intercambio comercial de México se realiza con naciones miembros de la OCDE.

En representación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Eduardo Ruiz Vega, mencionó que deberá emitirse una nueva ley secundaria convergente que funda en una sola lo que hasta hoy han sido dos ordenamientos, la Ley Federal de Radio y Televisión, de 1960 y la Ley Federal de Telecomunicaciones, de 1995.

Pidió que la CIRT participe en la definición de los nuevos usos del espectro, en lo público y social, así como conocer de qué manera se impulsará la digitalización de las redes de televisión y radiodifusión sonora.

Por parte del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Melquiades Rosas Blanco expresó que es necesario garantizar el espectro no sólo para la radiodifusión indígena, sino para cualquier esquema de telecomunicación, así como mecanismos para medios no indígenas y esquemas de fomento a medios de comunicación en esas comunidades.

De igual forma, dijo, solicitamos la participación en el órgano regulador, con el propósito de lograr un mejor ejercicio de nuestros derechos culturales y el pleno ejercicio de la comunicación.

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