• Plantean que expertos analicen y definan la nueva estrategia
• Garantizar pensiones dignas, el objetivo
• Prevalece cobertura fragmentada, inequitativa y mal administrada

18-01-2014 Ante la perspectiva de que el 76.5 por ciento de los trabajadores que cotizan en el Sistema de Ahorro para el Retiro no tendrán una pensión en el futuro, por la baja densidad de cotización, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) urgió a evaluar la situación y presentar propuestas para garantizar la seguridad social en México.

En un punto de acuerdo propone al Ejecutivo federal conformar un grupo de trabajo con expertos, académicos, funcionarios, representantes patronales y trabajadores que analicen y definan acciones de política pública para atender la sustentabilidad financiera y viabilidad que generen pensiones dignas para toda la población.

Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, dijo, revelan que el 6.1 por ciento de los trabajadores enfrentan el riesgo de obtener una pensión en un tiempo mayor al fijado en la ley, debido a las interrupciones que tienen en sus cotizaciones; y sólo el 17.4 por ciento, hasta el momento, alcanzaría una pensión, argumentó.

Explicó que la definición de seguridad social reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refiere a la protección que la sociedad otorga a los trabajadores contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a causa de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica.

En sentido estricto, aseguró el diputado del PRD, “México no cuenta con un sistema de seguridad social sino con un sistema de seguros sociales limitado, que se complementa con programas de atención a la población en materia de salud y otros beneficios económicos. No tenemos un sistema de cobertura universal e integral que proteja a la población de estos riesgos�.

En la propuesta, Alonso Raya urgió a realizar una evaluación integral y objetiva del sistema de seguridad social, conocer sus alcances y limitaciones, a fin de establecer las acciones inaplazables que se tienen que realizar.

“Esto no puede ser producto de acuerdos cupulares o de imposiciones en el Congreso. Es necesario partir de un diagnóstico firme, compartido por todos los actores y fundamentado en estudios y análisis serios y propositivos�, a fin de superar el rezago, advirtió.

Sostuvo que la seguridad social no se ha ajustado a la realidad del mercado laboral, ya que el modelo de trabajo estable, con protección jurídica y salarios remuneradores ha pasado a ser el esquema atípico; dicho modelo en la actualidad es la excepción, refirió.

Aseguró que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi 30 millones de trabajadores ocupados están en el sector informal, en el cual no existe protección social como en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, y los empleados subordinados que, aunque laboran para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Alonso Raya comentó que muchos sectores tienen acceso a algún tipo de protección social, que resulta insuficiente a sus necesidades porque la cobertura es fragmentada, parcial, inequitativa, mal administrada y enfrenta severos riesgos financieros que ponen en entredicho su viabilidad en el corto plazo.

Indicó que varios diagnósticos confirman que la cobertura de los seguros sociales no rebasa el 60 por ciento de la población, y no protegen a más del 38 por ciento de la población económicamente activa.

Aún con esas limitaciones, precisó, los principales sistemas de seguridad social a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que cubren a más del 95 por ciento de quienes reciben prestaciones y beneficios de este tipo de protección en el país, enfrentan serios problemas de sostenibilidad financiera, falta de cobertura y baja calidad en los servicios que ofrecen, pese a las reformas de 1995 y 2007.

Las reformas estructurales al IMSS y al ISSSTE, que podrían replicarse en sistemas estatales, en empresas paraestatales y en universidades e instituciones de educación superior, “tampoco dan certeza de que se puedan garantizar mecanismos para evitar la pobreza en la vejez� señaló.

El sistema de cuentas individuales, resultado de las reformas legislativas, tampoco garantiza la viabilidad financiera de la seguridad social, ya que la pensión depende de lo que el asegurado acumule en su vida laboral, entrando en la determinación del pago un conjunto de variables sobre las que no incide la estabilidad en el mercado laboral, poder adquisitivo de los salarios, tasa de interés, cobro de comisiones, entre otros factores.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la tasa de reemplazo que otorgará el régimen de cuentas b individuales será del 28.5 por ciento del último salario.

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