22-01-2014.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, un informe respecto de las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a niñas y mujeres víctimas de delitos, y sobre la debida investigación y persecución.

Al aprobar un punto de acuerdo en la sesión de hoy, detalló que el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tipifica el delito de feminicidio y garantiza la investigación, persecución y sanción de los crímenes contra las mujeres, trata de personas, atención de las víctimas y reparación del daño.

Entre las particularidades de la reforma, el artículo 325 del Código Penal Federal sanciona a las autoridades que incurran en negligencia y entorpezcan la investigación de casos de feminicidio con penas de 3 a 8 años de cárcel y multas de 500 a mil 500 días de salario, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, encargo o comisión públicos por un periodo de 3 a 10 años.

Mencionó que en los últimos años, México ha avanzado en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; sin embargo, el tema no se ha atendido de fondo, ya que a pesar de que se generaron sistemas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no se les ha dado cabal cumplimiento.
Pese a que hay leyes que instan a las distintas instituciones a tener programas de estudios para la especialización de servidoras y servidores públicos, responsables de la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia de género, no se tiene claridad de las actividades que se llevan a cabo para que efectivamente se les dé cumplimiento, subraya el punto de acuerdo que promovió la diputada Leslie Pantoja Hernández, del PAN.

Enfatiza que las mujeres continúan siendo objeto de burla y víctimas de una mala atención, poniendo en duda la labor de las instituciones gubernamentales para la atención de la mujer, sobre todo cuando ya fue abusada o violentada; tal es el caso del Ministerio Público.

Esta inutilidad genera un reclamo sobre una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia y un escepticismo marcado por parte de la sociedad en materia de mecanismos, programas educativos y verdadera eficiencia para prevenir este tipo de actos por los servidores públicos.

En su intervención, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros (PRD) dijo que en nuestro país son los niños y mujeres quienes más padecen la pobreza y vulnerabilidad. De ahí, resaltó, es pertinente la propuesta ya que la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, señala como prioridad atender sus necesidades.

Agregó que en lo que respecta a este problema en Tlaxcala, entidad que representa, desafortunadamente “no se ve una respuesta efectiva por parte del gobierno local, aún cuando se atenta contra la dignidad de los ciudadanos”.

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