• Será discutida por el Pleno la próxima semana
• Contempla un mejor sistema de justicia, señalan
• Tiene puntos positivos, pero es perfectible

28-01-2014.- La Comisión de Justicia aprobó con 22 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra el dictamen a la minuta del Senado que expide el Código Nacional de Procedimiento Penales para la implementación de un sistema oral acusatorio.

El presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), destacó que la aprobación en sus términos de la minuta permitirá a los ofendidos, las víctimas y los delincuentes obtener el respeto a sus derechos que les consagra la Constitución con los principios de inmediatez y de oralidad.

“El juez tendrá que estar presente en todas las audiencias de cara al acusado, las víctimas y los fiscales, y todo esto va a permitir consolidar un sistema para dar una mejor justica a los mexicanos”, dijo.

Adelantó que la próxima semana el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá el dictamen y lo someterá a su aprobación. “Hay un instrumento que el Pleno tendrá en los primeros días de febrero para darle cauce a esta implementación del sistema”, anunció.

Al inicio de la reunión de trabajo, Pacheco Rodríguez indicó que la junta directiva de la comisión acordó incorporar al apartado de la Exposición de Motivos de la minuta, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió constitucionales las reformas hechas al artículo 133 quarter del Código Federal de Procedimientos Penales y los artículos 16 fracción I, apartado D y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

“Podemos referir que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las reformas se encuentran en plena constitucionalidad en vista de que la localización geográfica en tiempo real, está dirigida fundamentalmente a los aparatos asociados a una línea telefónica y no implica de ninguna manera la intervención de comunicaciones y de domicilios” señaló.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que su fracción se iba a abstener de votar, ya que la reforma a pesar de que tiene puntos positivos, necesita mejorías respecto al tema de víctimas y sobre las contradicciones que tiene con otras leyes.

“Estamos a favor del cambio del sistema de justicia en el país; creemos que es positivo, pero la Cámara de Diputados debe hacer un esfuerzo por sacar leyes lo más adecuadas a la realidad y que no contravengan otras normas y sobre todo a la Constitución Política”, precisó.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González indicó que en la minuta del Senado persisten irregularidades en relación con la fase de investigación, lo cual seguirá generando violaciones en los derechos humanos. “Se dejan fuera normas que combatirían la tortura y el encarcelamiento continuo de inocentes”.

Consideró grave que, como alternativa a la prisión preventiva, el juez pueda embargar los bienes del acusado, cuentas bancarias y prohibirle que salga del país o que acuda a lugares determinados, además de que le impida el ejercicio de su carrera profesional o lo obligue a portar un localizador electrónico.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan, del PVEM, aseguró que se está por concretar a un mejor y novedoso sistema que plantea muchas incógnitas, como el de la oralidad ya que, explicó, actualmente se cuenta con un sistema completamente escrito y riguroso. “Como abogados litigantes tendremos que aprender a exponer nuestras ideas ante un juez y él a recibirlas”, consideró.

“No nos cabe la menor duda de que en la medida que logremos hacer un proceso penal más ágil, transparente y apegado al valor científico de la prueba para la exacta aplicación del Derecho en contra del responsable de la comisión de un delito, se ofrecerá una mejor posibilidad para el establecimiento de un Estado de derecho”, subrayó.

En su turno, Alejandro Carbajal González, del PRD, expresó que el sistema judicial penal de México está en crisis, desde la etapa de averiguación previa hasta el sistema penitenciario, en donde “podemos apreciar reclusorios con hacinamientos en la gran mayoría de los estados de la República y personas presas que no son culpables”.

Tener una homologación en todos los ámbitos, dijo, nos dará certeza, transparencia y elementos para defender a la población; sin embargo, advirtió este Código Nacional de Procedimientos Penales tiene deficiencias como el concepto de víctima, el cual se contradice con la Ley General de Víctimas. Por ello, exhortó a que se incluyan todas reservas que presenten los legisladores en el Pleno.

En tanto, la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) destacó que tener un Código Único de Procedimientos Penales abonará a la eficiencia en la impartición de justicia. Este sistema trae consigo la oralidad y transparencia para que quien llegue a un tribunal, tanto víctima como victimario, tenga la certeza de que la sentencia será apegada al ordenamiento jurídico, puntualizó.

Resaltó que no es un cambio menor, porque se va de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Sin embargo, reconoció que el documento es perfectible y “en eso estaremos trabajando para que se vincule con otras iniciativas, de manera que esa eficacia que se pretende, no quede nada más en aspiración y aterrice en la realidad”.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) aseguró que tiene 90 años un sistema inquisitorio mixto, que se ajustó a la realidad de su tiempo, pero que ya no responde a las necesidades y circunstancias del México actual. Por ello, dijo, con esta reforma la percepción de hacer justicia tendrá que cambiar absolutamente para todo el mundo, porque la base de este sistema será la cultura de la legalidad.

Detalló que el sistema acusatorio es altamente garantista y prevé controles legales y constitucionales; empodera al ciudadano para que la voluntad del mismo sea el eje de la solución de sus problemas y esto generará tiempos de solución más rápidos. Además, explicó, toda persona juzgada sabrá quién es el juez, el acusador y cuáles son las pruebas que están imputando en su contra, y tendrá, también la legítima defensa que harán valer sus derechos.

Durante la discusión, el diputado Fernando Zarate Salgado (PRD) reconoció que existen muchas virtudes en el dictamen, ya que se avanza en la certeza y seguridad jurídica; se bajan los índices de impunidad dentro del procedimiento y se respeta el principio de presunción de inocencia, que es uno de los principios con mayores violaciones en la República. Sin embargo, comentó, “en la tarea todavía estamos cortos y en eso recae en nosotros apoyar al gobierno federal y a todos los gobiernos estatales para depurar el Ministerio Público”.

A favor del dictamen, la diputada del PRD, Alfa Eliana González Magallanes, señaló que la minuta fortalecerá el sistema de justicia mexicano y es un paso importante; sin embargo, “es necesario corregir algunas deficiencias”, aclaró.

Por el PVEM, el diputado Tomás Torres Mercado, expresó que “estamos ante una crisis que exige la necesidad de modificar nuestro marco legal; por ello, es importante que el dictamen no sólo reconozca un marco legal, sino pedagógico que toque la base social”.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN) resaltó que la sociedad busca justicia, ya que desconoce cómo actúan los jueces y exige sean conocidos todos estos asuntos.

Por su parte, la diputada Zuleyma Huidobro González, solicitó que se incluyan en la minuta las apreciaciones que no fueron consideradas en el Senado de la República. “Hemos encontrado algunas deficiencias que deben corregirse y que no se tomaron en cuenta, se dejaron fuera cuestiones fundamentales para el desarrollo de la justicia en México”, aseguró.

El diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) aclaró que llevará a discusión del Pleno su reserva sobre la justicia restaurativa, la cual, explicó, sirve para que la ciudadanía tenga una verdadera apreciación de la aplicación de la justica y que no es negociada, situación que sucede en la mayoría de los países con procesos como este.

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