• Unos 22 millones de mexicanos, la mayoría con alta marginación, expuestos a daños de fenómenos naturales
• Se podrá reubicar a poblaciones en peligro
• Antes de permitir un asentamiento, las autoridades deberán solicitar estudios de prevención de riesgos

29-01-2014.- En México, 22 millones de personas están expuestas a fenómenos hidrometeorológicos como ciclones, lluvias extremas e inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, así como tormentas de nieve, granizo, polvo y descargas eléctricas; además, un alto porcentaje vive en condiciones de muy alta marginación.

Por ello, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside el diputado Jorge Herrera Delgado (PRI), aprobó un dictamen por el que se reforman y adicionan diversos artículos y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de prevenir riesgos en ciertos lugares del territorio nacional.

El dictamen establece que con estas disposiciones en la Ley se garantizará la seguridad y protección civil de los habitantes, previniendo los riesgos naturales y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos. También se podrá reubicar a la población asentada en zonas de alto riesgo.

Asimismo, consideran la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano.

Subraya el documento que cerca de 8 millones de personas están expuestas a los efectos adversos de huracanes, aproximadamente 6 millones a lluvias intensas y más de 8 millones pueden sufrir directamente daños por sequías, aunado a que cerca del 80 por ciento de esta población vive bajo condiciones de alta y muy alta marginación.

Según el Programa Especial de Cambio Climático de México, nuestro país es uno de los más vulnerables del mundo debido a que 15 por ciento de su territorio, 68.2 por ciento de su población y 71 por ciento de su PIB se encuentran altamente expuestos al riesgo de impactos directos y adversos del cambio climático y, particularmente, cerca de 20 millones de personas habitan en áreas susceptibles al efecto de huracanes.

La iniciativa de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI) destaca que la mayor parte de la población en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad vive en las ciudades, donde se espera que para el 2030 la población urbana oscile en los 95 millones de habitantes, 76 por ciento del total nacional.

En las ciudades, continúa, se generan prácticamente todas las innovaciones y se produce más de tres cuartas partes del PIB, sin embargo, 74 centros de población están expuestos a riegos por los fenómenos hidrometeorológicos.

El documento precisa que los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, ocurridos el pasado 15 y 16 de septiembre, afectaron las costas del Pacífico y del Golfo de México, dejando secuelas en 18 estados del país: más de 150 personas muertas; más de 250 mil mexicanos afectados directamente y más de 35 mil viviendas dañadas, además de equipamiento e infraestructura destruidos.

El dictamen establece también que todas las personas físicas y morales, en el ejercicio de sus derechos, podrán exigir, mediante denuncia del caso, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, así como para que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes.

Este derecho se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados y, en su caso, a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un término no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente.

El dictamen agrega un nuevo capítulo a la Ley en mención, denominado “Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos”, precisa que las autoridades, a antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo, edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de Prevención de Riesgo que identifique las medidas de mitigación aplicables.

Para tal efecto, dichos estudios contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que para tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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