• Cámara de Diputados aprueba enmiendas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
• Busca proteger y reconocer los derechos de este sector de la población y mejorar su calidad de vida

04-02-2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 379 votos a favor modificaciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector de la población, así como para proteger y reconocer sus derechos.

En la fundamentación del dictamen, la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría (PRI) destacó que esta es una iniciativa de diputados de distintas fracciones políticas, quienes coinciden en el mismo objetivo: “reconocer las garantías de los discapacitados en todos los campos del acontecer nacional”.

Con las enmiendas, detalló, se protege y garantiza en los tres niveles de gobierno el acceso de los discapacitados a una educación íntegra, a un sistema de salud adecuado, a derechos laborales, vivienda, acceso a edificios públicos y privados, transporte y actividades deportivas.

“Este dictamen es muy noble en sus objetivos y metas, representa un paso fundamental para lograr, por medio de una plena inclusión e integración a la sociedad, cambios profundos en las personas que viven con algún tipo de discapacidad en nuestro país”, sostuvo.

En el documento se añade como facultad del Ejecutivo federal promover el reconocimiento ante la ley de las garantías de los discapacitados, al igual que el goce de sus derechos a la privacidad, seguridad, protección contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, explotación, abuso y violencia, y su atención en casos de riesgo o emergencia en igualdad de condiciones.

El titular de este poder, agrega, tendrá que incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recursos para ejecutar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, además de fomentar la participación de los tres órdenes de gobierno para aplicar las políticas públicas.

Se reforma el artículo 4 de la citada ley para que la Administración Pública ponga especial atención a los casos de personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien, que requieran mayores apoyos en la toma de decisiones.

En el mismo sentido, se incorpora en los artículos 28 y 30 del mismo reglamento el respeto a sus garantías en materia de acceso a la justicia -adecuada a su condición y en forma gratuita-, siendo obligación de las instituciones que la imparten observar “en todo momento los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad”.

El dictamen fija como acciones pertinentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) integrar en los libros de texto gratuito información de las personas en esta condición, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar y concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, y para infundir la importancia de integrar a dicho sector en la comunidad,

Se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) promoverá convenios con los medios de comunicación, para difundir en radio y televisión una imagen de los discapacitados bajo las premisas de dignidad y de respeto a la diversidad humana.

Para fortalecer el acceso a los avances educativos, la SEP deberá proporcionar equipos computarizados con tecnología, hardware y software adecuados para la necesidad de cada individuo, según la discapacidad, en afán de brindarles servicios educativos equitativos.

Señala que es tarea de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) atender las competencias y derechos de las personas con discapacidad al momento de diseñar y ejecutar las políticas para su inclusión laboral en los sectores públicos y privados.

Para facilitar el derecho a la vivienda e infraestructura, se vuelve obligatorio en los mismos sectores cumplir con la normatividad en la materia y el diseño universal tanto en proyectos de construcción como de modificación de viviendas para personas con discapacidad.

Se insta a las instituciones privadas de vivienda a otorgar facilidades para recibir créditos para la adquisición de viviendas a quienes se encuentran en esta condición, además de hacer partícipes a aquellas instalaciones con acceso público para que garantice a dichas personas accesibilidad a la infraestructura y servicios que prestan.

También participará la SCT, quien entre las acciones para promover el acceso a los discapacitados a servicios de transporte público (terrestre, marítimo y aéreo) proveerá de personal capacitado para su atención y velará por el libre acceso en compañía de perros guía o animal de servicio a quien lo requiera.

En materia de salud, la instancia federal a cargo de administrarla (la Secretaría de Salud) promoverá el derecho de personas con discapacidad contemplándolas como usuarios en los programas generales de salud en condiciones de igualdad, además de especificar los apoyos que requieren en el certificado de reconocimiento y calificación que expide a estos individuos.

Asimismo, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), establecerá lineamientos y mecanismos de capacitación para el uso y aplicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual debe ser considerada en el diseño de políticas públicas.

El dictamen detalla que en el rubro de actividades físicas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) debe asegurar el acceso y uso de los deportistas de alto rendimiento con discapacidad a las mismas instalaciones, servicios y beneficios que todos los deportistas de alto rendimiento.

Respecto a la organización del Conadis, destaca que su Junta de Gobierno será presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y no por el director de la Secretaría de Salud, además de que se incluirá a un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como invitado permanente de dicha Junta, con derecho a voz, más no de voto.

Añade que este Consejo se actualiza como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado, con el fin de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

El mismo órgano promoverá la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en las políticas, acciones, estrategias y programas de desarrollo e inclusión para generar condiciones de equidad, concluye el dictamen.

En la manifestación de posicionamientos, María del Carmen Martínez Santillán (PT) destacó que dentro de la población con discapacidad en México se encuentran personas excepcionales en ámbitos como el deporte, cultura, política, arte, entre otros.

Pese a ello, advirtió, “este grupo social sigue presentando problemas que minan y violan sus derechos humanos, civiles y políticos, como son la falta de acceso a la salud, exclusión educativa y desempleo”.

Recordó que, de acuerdo al reciente informe de la Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Discapacidad, casi el 25 por ciento de este sector no tiene servicio médico; una quinta parte de las personas mayores de 15 años nunca ha asistido a la escuela; menos del 25 por ciento de las personas mayores de 18 años trabaja; al 10 por ciento se le ha negado la contratación y el 80 por ciento percibe que hay desigualdad en cuanto a salarios.

“Para poder avanzar en el camino de la solución a esto, vemos en este proyecto elementos importantes, como son obligar a la adopción de medidas administrativas, legislativas y judiciales para dar cumplimiento a la vigencia de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

En coincidencia, Aída Fabiola Valencia Ramírez (Movimiento Ciudadano) señaló que continuamente se observa el trato discriminatorio que padecen en todos los ámbitos, educativo, laboral, profesional y de salud, lo que “constituye una barrera de los discapacitados a la plena y efectiva participación en sociedad”.

Hay discriminación “incluso para poder poseer una casa propia que le represente un patrimonio, crear una familia, educar a sus hijos y disfrutar de la vida social, puesto que la gran mayoría de ellas carecen de acceso a las tiendas, a las instalaciones públicas y a los medios de transporte”, puntualizó.

Insistió en que donde el Poder Legislativo tiene que demostrar que está con las personas discapacitadas, es en el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque, dijo, es ahí donde se puede aterrizar el dinero, que es lo que hace falta para estos grupos.

“Tenemos que seguir construyendo las diputadas y los diputados la posibilidad de que las mujeres y los hombres con alguna situación especial tengan los mismos derechos que todos nosotros tenemos”, concluye.

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad, fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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