06-02-14.-

• Será también un objetivo de la política pública nacional
• En la última década, más de 80 mil mexicanos fallecieron por desnutrición y 23 millones viven en pobreza alimentaria
• El 25 por ciento de las muertes en el país son por diabetes e hipertensión, provocadas por obesidad y sobrepeso

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 407 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el dictamen que reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social para homologar con la Constitución y diversos tratados internacionales, el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad, y se considere además como un objetivo básico de la política pública nacional.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI), presidente de la Comisión de Desarrollo Social, recordó que en 2011 se modificó el artículo 4º constitucional para establecer que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

“La finalidad fue asegurar que la población tuviera acceso a una alimentación nutritiva y así poder enfrentar los rezagos que en la materia experimenta parte de la sociedad mexicana”, dijo.

Ahora, continuó, el espíritu de esta reforma es contribuir al perfeccionamiento de los mecanismos que se instrumenten para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

Mencionó que con las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social se incorpora el concepto de alimentación nutritiva y de calidad a la política pública nacional, para que los mecanismos y programas de gobierno consideren de primer orden a la nutrición de calidad, de igual manera en que hoy lo hacen con la alimentación.

“Se trata, por tanto, de mover a favor los indicadores del desarrollo humano y que la población vea reflejado en su bienestar los esfuerzos del Estado mexicano. Se trata de garantizar no sólo el derecho de acceso a la alimentación, sino que ésta sea de calidad y considere a la nutrición como objetivo básico de la política pública en el país”, refirió.

Montano Guzmán mencionó que a nivel mundial existe una grave crisis alimentaria que afecta a millones de seres humanos. Para abatirla, dijo, se requiere de la concurrencia de todas las instancias y organizaciones posibles y de objetivos locales muy claros.

En nuestro país, destacó, se han celebrado foros, llevado a cabo análisis, diagnosticado el problema e intercambiado información y experiencias, con el fin de mejorar la alimentación de las personas.

Consideró que no se pueden restar méritos a la iniciativa del Ejecutivo federal denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual pretende que cada vez menos mexicanos coman solamente una o dos veces al día.

“Se trata de un objetivo que requiere de la concurrencia de todos y fundamentalmente de la suma de esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo para construir las reformas que sean necesarias”, señaló.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, indicó que pese a que en 2011 se adicionó un párrafo en el artículo 4º constitucional para establecer que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la premisa no se trasladó a la Ley de Desarrollo Social, por lo que consideró como importante la enmienda.

Loretta Ortiz Ahlf, del PT, mencionó que a la fecha el Estado no ha garantizado a los mexicanos el acceso al derecho a la alimentación y la Cruzada Nacional contra el Hambre no atiende la causa de fondo. Refirió que 14 de cada 100 niños menores de 5 años -cerca de un millón y medio-, padecen de desnutrición y otro millón 700 mil ha muerto en los últimos 30 años.

“Por si fuera poco, este problema se refleja también en 7 millones de personas en condición de pobreza extrema por la falta de una adecuada política pública”, agregó.

María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento Ciudadano, destacó que datos del INEGI señalan que en la última década, más de 80 mil mexicanos fallecieron a causa de la desnutrición y otros 23 millones viven en pobreza alimentaria.

En contraparte, el 25 por ciento de las muertes totales del país son por diabetes e hipertensión, provocadas por la obesidad y el sobrepeso, ligado también a la alimentación, lo que representa un doble problema para México.

“Son estas razones las que hacen tan importante que se reformen los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social”, precisó.

Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del PVEM, manifestó que el acceso a la alimentación es un derecho humano universal y nuestro país cuenta con los elementos para garantizarlo.

Reconoció la labor del gobierno federal al poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia de inclusión y bienestar social que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 7 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema.

Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del PRD, mencionó que el hecho de incluir en la Ley General de Desarrollo Social una alimentación nutritiva y de calidad, no significa dejar de avanzar en la construcción de la Ley General sobre el Derecho a la Alimentación, la cual deberá establecer los mecanismos para hacer exigible este derecho, así como la estructuración de una política pública adecuada que vaya más allá de los modelos paliativos, como la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Agregó que de acuerdo con cifras del Coneval, la pobreza y la desigualdad afectan a 53.6 millones de habitantes en el país y que la manifestación más indignante y vergonzosa de este problema se ubica en el campo, donde se produce o deberían producirse los alimentos.

Beatriz Zavala Peniche, del PAN, señaló que el acceso a una alimentación nutritiva es un derecho humano fundamental y con las reformas a la Ley General de Desarrollo Social, se avanza en la protección de los más pobres de nuestro país, aunque los esfuerzos todavía son insuficientes.

Recordó que la estrategia alimentaria implementada en anteriores administraciones, como el Programa Oportunidades, logró un descenso constante en los niveles de pobreza.

Manifestó su voto a favor del dictamen e hizo un exhorto para que los programas alimentarios vayan a las comunidades con altos porcentajes de pobreza extrema y se haga sin fines de lucro político o electoral.

Estuvieron de acuerdo los diputados Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, y Lilia Aguilar Gil, del PT, pero coincidieron en que a la fecha no se cumple con la reforma constitucional de 2011, que garantiza el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad.

Asimismo, refirieron que las reformas hacendaria y de energía afectarán aún más la economía de los sectores más pobres del país, al impactar, primero, la producción de alimentos y, en consecuencia, a los precios de la canasta básica.

Se turnó al Senado de la República para su trámite legal correspondiente.

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