07-02-2014.-Durante el foro ciudadano “Alcances y perspectivas de la reforma política para el proceso electoral 2014-2015”, el senador Manuel Bartlett Díaz (PT) consideró necesario llevar a cabo un profundo análisis y discusión en la elaboración de las leyes secundarias para que “cuando menos” permitan una funcionalidad electoral.

El legislador hizo un llamado a “pensar mucho y rápido” para definir cómo operará el Instituto Nacional de Elecciones (INE) “que va a poder decir: ésa elección me gusta, la traigo para acá, ésa se las dejo a ustedes… es una locura, pero va a regir las elecciones próximas”.

Bartlett Díaz se pronunció a favor de que haya muchos foros con especialistas en la materia para la elaboración de las leyes. “Nos encontramos con los dos temas más complicados de la elección, el dinero y los medios de comunicación; hay que trabajar y buscar que esto embone para que haya una elección”, destacó.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Eduardo Santillán Pérez (PRD), advirtió que se está ante un riesgo de que los tiempos legislativos se empalmen de manera importante con el próximo proceso electoral.

Lo anterior, agregó el diputado local, debido a que se deben elaborar las leyes secundarias, ajustar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y designar a los consejeros del Instituto Nacional de Elecciones.

Héctor Zamitiz Gamboa, polítologo y profesor del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que establecer una ley de partidos le daría estabilidad al sistema de partidos y al electoral.

Subrayó que en esta ley debe reconocerse la fiscalización electoral como imprescindible para coadyuvar en la equidad de toda la elección, para el fortalecimiento de la integridad de los actores políticos en la contienda y, sobre todo, para contrarrestar, controlar y sancionar aquellas conductas ilícitas y corruptas que pudieran tener en las elecciones.

Consideró que el diseño de la fiscalización actual requiere una profunda reforma, ya que persiste un problema de diseño institucional. “El planteamiento sería que los consejeros participen permanentemente en la fiscalización y debe ser un sistema integrado que se vincule con las sanciones”, puntualizó.

Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del PRD en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que la reforma constitucional en materia electoral es regresiva porque limita la vida plural del país.

Enfatizó que la reglamentación de la reforma política tendrá que establecer mecanismos que permitan procesos equitativos, transparentes, que regulen la propaganda electoral, el modelo de coaliciones y revisen que se dé cumplimiento a los topes de campaña.

Sostuvo que la inequidad no permite una elección auténtica y apegada a derecho, en el que se establezcan las condiciones para tener una autoridad autónoma e independiente que cumpla con la ley electoral.

Erubiel Tirado, consultor electoral, consideró que se debe debatir de forma abierta las calidades democráticas de quienes aspiran a ser consejeros electorales, ya que se requiere de una actitud responsable, audaz y con apego a la Ley.

Agregó que estos elementos son importantes, pues de no cuidar la calidad ciudadana del órgano electoral no se podrá legitimar el origen de los representantes y gobernantes.

Además, propuso que se debe dar autonomía e independencia al Registro Federal de Electores, con el propósito de que se fomente la transparencia y la rendición de cuentas.

De igual manera, Carlos Pérez Váldez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que las leyes reglamentarias deberán tener como propósito impulsar el régimen democrático del país, a través del equilibrio en los medios de comunicación y las “posibles restricciones indirectas a la libertad de expresión”, así como garantizar la igualdad de condiciones a los candidatos en los procesos electorales.

Advirtió que “cualquier intento por restringir la pluralidad en la información causará un efecto nocivo para el sano desarrollo de la democracia”.

César Iván Astudillo Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que las leyes de reglamentación debe ser formuladas a más tardar el 30 de abril, en forma general, para que puedan ser acatadas por los congresos estatales, y se tienen 120 días para la integración del INE.

Anticipó que será muy complicado porque se tendrán que clarificar los sistemas competenciales de lo que corresponderá a las autoridades en los procesos electorales federales y estatales y se deberá ajustar todas las leyes en la materia.

Sin embargo, consideró que no existe un transitorio que obligue a las legislaciones de los estados, una vez que se aprueben las leyes generales, a establecer las modificaciones a su legislación electoral.

Nicolás Nieto Nava, catedrático de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, expuso que la reglamentación de Reforma Político-Electoral tendrá que regular el gasto en propaganda gubernamental, el desvío de recursos públicos y fomentar la equidad entre candidatos y la veracidad en los contenidos de las campañas.

Asimismo, estipular que ningún contrato o documento que posea información de los procesos electorales tengan el carácter de información reservada, la cual deberá ser publicada en las páginas oficiales de los estados, pues eso contribuirá a la transparencia de la democracia.

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