• Los gobernadores deberán actuar en consecuencia en los estados

• Se prioriza la presunción de inocencia; la libertad en delitos no graves; el acuerdo entre las partes; el debido proceso; la publicidad absoluta en los juicios orales

• Serán los jueces y no los secretarios de los juzgados los responsables de las actuaciones

• Ministerios públicos, policías y peritos serán la “ cadena de custodia”

09-02-2014 El sistema judicial en México sufrirá una transformación sin precedentes, luego de que el Congreso votó favorablemente el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Su objetivo es otorgar verdadera justicia mediante su modernización, el combate a la opacidad, el castigo a la corrupción y la garantía de los derechos humanos de las personas, explicó la diputada Adriana Fuentes Téllez (PRI), secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Afirmó que todo el andamiaje institucional del sistema judicial tendrá que cambiar para bien, luego de que el presidente de la República promulgue el Código Nacional, por lo que los gobernadores deberán poner no sólo los recursos económicos para ello, sino su decisión política ya que el plazo para su ejecución vencerá en 2016.

Fuentes Téllez señaló que aquellos estados que no lo hagan, quedarán evidenciados ante la opinión pública del país, ya que será una obligación de Ley.

El nuevo código nacional, afirmó, sienta las bases para el sistema penal acusatorio en el país, el cual es más garantista, ya que privilegia el concepto del debido proceso, la presunción de inocencia y los tratados internacionales en derechos humanos.

Crea mecanismos alternos de solución de controversias, lo que significará el reconocimiento del Estado a la voluntad de las partes, el empoderamiento de los ciudadanos y la solución de problemas en el menor tiempo posible y sin gastos.

Recordó que el 8 junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma mediante la cual se modificaron artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Explicó que con esta reforma, el Constituyente buscó transitar hacia un sistema de justicia de corte acusatorio-adversarial. Para ello, estableció un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Comentó que parte del éxito del nuevo sistema penal y de la implementación del Código Nacional recaerá en los elementos ministeriales, policíacos y de servicios periciales del país y del cuidado, por parte de éstos, de la cadena de custodia.

El Código obliga además a que sean los propios jueces, los responsables directos respecto de las actuaciones que se llevan a cabo en su juzgado y no los secretarios, como sucede actualmente en muchos casos, agregó la legisladora por el Distrito Uno, con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Prevé que los medios de comunicación tengan acceso a las audiencias, y conozcan de manera directa lo que sucede; y se podrán confrontar pruebas acusatorias y de defensa ante el juzgador.

El nuevo código nacional tiene elementos novedosos ya que en delitos no graves, en todo momento se podrá conciliar a petición de las partes; se reservará la privación de la libertad para los delitos considerados como graves.

Fuentes Téllez, vicecoordinadora para el sector empresarial del PRI en San Lázaro, afirmó que la implementación de la oralidad en los procesos, permitirá conocer de manera pública las manifestaciones y alegatos de afectados y presuntos culpables, lo que elimina la discrecionalidad en los procesos, o las “filtraciones” que se dan en casos relevantes y que afectan el debido proceso.

Se trata, dijo, de “unificar la legislación procesal penal, para que los criterios político criminales que habrán de observarse en el procedimiento penal, igualmente se unifiquen en todos sus aspectos, y así evitar que en el país haya distintas formas de procurar y administrar justicia”.

Reconoció que son muestras de la crisis del actual sistema de justicia penal, el incremento de la inseguridad pública provocada por el delito y la impunidad propiciada por la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar justicia, por lo que era imprescindible contar con el Código Nacional.

Por ello, señaló Adriana Fuentes, deberá trabajarse de manera sistemática en los valores y la cultura de la legalidad, en la capacitación policiaca; atacar la corrupción y el tráfico de influencias, que son algunos de los factores que afectan al sistema institucional de justicia.

Manifestó que el Código es perfectible y que hay aspectos que deberán analizarse a fondo con los especialistas, y en su caso corregirse, como las figuras del ingreso de una autoridad sin orden judicial y la prisión preventiva o arraigo, conforme a los tratados internacionales firmados por México.

“El Código es un primer gran paso que otorga certidumbre y seguridad jurídica a la sociedad. Sus efectos no será inmediatos, pero éste es un buen inicio. El nuevo sistema que se basa sobre todo en la proximidad, en la publicidad y en la transparencia y pone en el centro a las personas. Se pretende modernizar las normas procesales penales con pleno respeto a los derechos humanos”, afirmó la diputada Fuentes Téllez.

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