• Se aplicarán de tres a ocho años de prisión a quien finja el secuestro de una persona

• De 200 a 700 jornadas de trabajo, o de tres a seis años de prisión, al que simule la privación de su propia libertad

11-02-2014 La Cámara de Diputados aprobó con 441 votos a favor y 4 abstenciones enmiendas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro para aumentar las penas a quienes simulen la privación de su libertad o la de otras personas.

El dictamen, presentado por la Comisión de Seguridad Pública, detalla que se aplicarán de tres a ocho años de prisión a quien finja el secuestro de una persona, para obtener rescate o cualquier beneficio.

Agrega que se impondrán de 200 a 700 jornadas de trabajo, o de tres a seis años de prisión, al que aparente la privación de su propia libertad, por sí mismo o en complicidad.

El documento advierte que nuestra sociedad ha sido testigo de casos donde algunas personas han simulado el delito de secuestro con la finalidad de obtener recursos económicos de sus familiares o amigos, lo que significa para ellos angustia y desesperación por conseguir los rescates que deben entregar a los supuestos delincuentes.

En ese sentido, sostiene, al proponer una sanción mayor para quienes cometan dicha simulación, se evita repetir y obstaculizar la comisión del acto, así como evitar que se sigan efectuando sin tener un freno en la legislación que disuada a quienes piensan realizarlo.

Las sanciones ya estipuladas en la ley “no son suficientes, pues imponer castigo o pena el trabajo a favor de la comunidad, se está, prácticamente, invitando a la sociedad a que lleve a cabo este tipo de conductas”, apunta el dictamen.

“La misión de los legisladores debe ser prevenir la delincuencia, haciendo conciencia en la ciudadanía sobre las consecuencias que puede haber cuando se daña a otra persona, mediante sanciones que tengan un peso significativo que reflejen un riesgo elevado al considerarse llevar a cabo este delito”, añade.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera (PAN) expuso que estas reformas buscan disminuir el secuestro, el cual ha aumentado en 20 por ciento, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Indicó que los legisladores tienen el compromiso de generar leyes racionales y efectivas para atender un delito que lastima gravemente a la sociedad, ya que éste ha mutado y ahora se simula el secuestro para que padres, amigos y conocidos paguen el rescate por la supuesta liberación.

Remarcó que con la aprobación de estas reformas se dotará de mayores elementos jurídicos para la disuasión de la comisión del delito de secuestro.

Por su parte, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) manifestó que el autosecuestro se ha convertido en un jugoso negocio e involucra desde transportistas, empresarios, comerciantes, estudiantes, parejas en conflicto hasta jóvenes que solicitan cantidades de dinero para solventar gastos extras.

En este sentido, informó que en el 2012 se secuestraron 288 personas al día en todo el país, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del 2013.

Reiteró que ante este panorama es necesario que se frene este tipo de delito y se amplíen las penas en materia de secuestro y el autosecuestro, a fin de contribuir a su erradicación.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que la aprobación del dictamen permitirá aumentar las sanciones de esta infracción, lo cual es necesario, pues según datos del Inegi en el 2012 se perpetuaron más de 105 mil 600 secuestros.

Votaron a favor porque la reforma al artículo 13 y 14 para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros, no solamente propone que se cumplan las sanciones con servicio social, sino con privación de la libertad.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) mencionó que el secuestro no sólo afecta a personas de altos recursos económicos, sino también a las de menores recursos, ya que los secuestradores exigen cantidades pequeñas, pero a corto plazo, lo cual hace muy redituable este delito, sobre todo por la impunidad en la que se revisten.

Afirmó que el problema de la proliferación del secuestro y sus diversas modalidades no es culpa de la legislación sino del deteriorado sistema de justicia, la deficiente preparación del personal, la falta de tecnología de investigación criminal y la impunidad.

Remarcó que para combatir este delito es necesaria la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios, conformados por verdaderos expertos que elaboren un programa integral de política criminal del secuestro y del autosecuestro en cada una de sus particularidades y modos de operar, de manera urgente.

Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) se pronunció a favor de las reformas, pero puntualizó que el autosecuestro se genera en un contexto de descomposición social, donde están arraigadas en la población prácticas de extorsión, cobro de piso, levantones, secuestros express, entre otros delitos asociados con la delincuencia.

En este sentido, indicó que no basta subir las penalidades, las sanciones, si no se modifica la estrategia anticrimen, porque “la actual ha sido un fracaso”.

Enfatizó que se tiene que ir a la raíz del problema, por el incremento del 20 por ciento en el número secuestros denunciados en el año 2013, lo que ha hecho que el gobierno federal adopte la Estrategia Nacional Antisecuestros.

Finalmente, el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano), quien votó a favor, sostuvo que delitos como la extorsión y el secuestro han aumentado de manera considerable en los últimos años en el país; sin embargo, consideró que estas disposiciones no van a resolver el problema.

El problema, manifestó, es más profundo, ya que el delito se genera por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades y alternativas para los jóvenes.

Consideró que este fenómeno debe ser tratado de manera más integral, porque el país está sediento de justicia. “No hay justicia y no se va a resolver con más cárceles, más jueces, más policías, más soldados. Es un problema más integral, de reconstruir el tejido social, de atender los problemas fundamentales que originaron este cáncer que está provocando zozobra y un gran desastre en la nación”.

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