13-02-14.-

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 419 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, el dictamen que abroga la Ley de Amnistía de 1978.

En tribuna, diputados recordaron que esta ley fue decretada en favor de quienes se ejercitó acción penal por los delitos de sedición, instigación, incitación, rebelión, conspiración u otras faltas cometidas al formar parte de grupos, impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país.

Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Justicia, la diputada Claudia Delgadillo González (PRI) refirió que a más de treinta años de su promulgación, la legislación ha cumplido con su propósito al reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes, además de aplicarse a los hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que su prevalencia en el sistema jurídico mexicano resulta irrelevante.

No obstante, agregó, es necesaria la creación de un nuevo ordenamiento que contemple las actuales situaciones políticas del país.

Señaló que a la fecha, perduran vigentes dos leyes de amnistía: la publicada el 28 de septiembre de 1978 y la del 22 de enero de 1994, esta última, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Ambas leyes se crearon con un objetivo en particular, derivadas de los hechos sociopolíticos ocurridos en las épocas correspondientes”, añadió.

La diputada Delgadillo González consideró que la abrogación no viola ninguna otra disposición constitucional y en cambio resulta procedente, en virtud de que la que quedaría vigente beneficia a quienes participaron en el levantamiento de 1994 en Chiapas.

“Se trata entonces de un procedimiento de técnica legislativa, que no debería representar mayor dificultad”, concluyó.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) destacó que la abrogación de esta ley no es un procedimiento cualquiera, es recordar que hubo movimientos sociales serios que cambiaron al país.

“La Ley de Amnistía de 1978 nos remite a leyes sociales de los 60 y 70, donde obreros, estudiantes, intelectuales, campesinos y ciudadanos, conscientes de la terrible situación que guardaba un gobierno autoritario, casi fascista, fueron primero, perseguidos políticos y después presos políticos, lo que obligó en 1979 a la Reforma del Estado que permitiría la inclusión plural de grupos de izquierda”, refirió.

Zuleyma Huidobro González (MC) mencionó que si bien esta ley ha cumplido su propósito, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento, ya que de acuerdo con cálculos de organizaciones no gubernamentales, más de mil personas en los últimos años han sido encarceladas por motivos políticos.

“Se habla de activistas presos en por lo menos nueve estados, muchos de ellos son indígenas y las causas de su detención se debe a diversa naturaleza. Campesinos en lucha por la tierra, obreros en defensa del empleo, promotores de derechos humanos, líderes de movimientos comunitarios, indígenas en defensa de su autonomía”, aseguró.

Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM) manifestó su acuerdo con la abrogación de la Ley de Amnistía de 1978, debido a que 30 años después de su promulgación ya ha cumplido su función al reincorporar y reinsertar a la vida pública a miembros de aquellos grupos insurgentes.

“Muchos de ellos ahora académicos, periodistas e incluso políticos. Es necesario dar la vuelta a la página, seguir nuestro camino sin la pesada carga de eventos del pasado”, dijo.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del PRD, destacó que durante la vigencia de la Ley de Amnistía tuvieron lugar cientos de vejaciones a cargo de la extinta Dirección General de Seguridad, por lo que no es suficiente que el Estado reconozca la inocencia de quienes injustamente fueron perseguidos, torturados, desaparecidos o encarcelados.

Agregó que a diferencia de otras naciones de América Latina, en México no se ha sancionado a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante décadas. “Hoy pesan sobre las instituciones los saldos de la llamada guerra sucia, que no se puede minimizar”.

Loretta Ortiz Ahlf, del PT, se pronunció a favor de la abrogación de la Ley de Amnistía de 1978 y por no reeditar etapas políticas ya superadas.

Argumentó que actualmente, “la tendencia en materia penal es criminalizar la protesta social, como se pretende con la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal”, además de incrementar las penas en el Código Penal Federal, al calificar como terrorismo la inconformidad social, en un país donde millones viven en pobreza y otros miles están desaparecidos, no todos por razones del crimen organizado.

Ricardo Monreal Ávila (MC) propuso que a más de 30 años de distancia, se debe ofrecer, como testimonio de homenaje, un reconocimiento a aquellos luchadores sociales a los que acogió la Ley de Amnistía del 78.

Entre otros, dijo, a luchadores sociales. Recordó a la Liga Comunista 23 de Septiembre y el desenlace con el secuestro de un empresario importante en Monterrey. “Y todo esto desatado por la inconformidad social que surgió por la corrupción, la exclusión y la persecución de dirigentes sociales”, indicó.

Se manifestaron también a favor los diputados Rosendo Medina Filigrana, del PRD y Ricardo Mejía Berdeja (MC), quienes se pronunciaron por que la abrogación de esta ley no quede en un mero trámite parlamentario, sino que abra un espacio para reflexionar lo que trajo como consecuencia esa etapa coyuntural de la vida del país entre 1977 y 1978.

El dictamen se turnó al Senado de la República para su trámite legal correspondiente.

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