• Es un negocio creciente por las altas ganancias que deja al crimen

13-02-2014.- La Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 381 del Código Penal Federal para sancionar con penas de 2 a 7 años de prisión el robo de cable de cobre, cuando a consecuencia de ello se interrumpan servicios públicos básicos.

Las modificaciones, avaladas con 387 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, agrava este tipo de hurto debido a que en los últimos años se ha incrementado este delito dado el valor importante que ha adquirido el cobre como eficaz conductor de la energía eléctrica.

El dictamen, turnado por la Comisión de Justicia, indica que el metal robado proviene de infinidad de sitios, como subestaciones eléctricas, campos agrícolas y alumbrado público, así como cualquier tipo de instalación que posea cobre en su interior; todo este material es vendido posteriormente en el mercado negro.

Al dar fundamento al dictamen, el diputado Javier Filiberto Guevara González (PRI), quien propuso las reformas, dijo que este ilícito ha cobrado relevancia por el costo económico que representa su pérdida para los servicios públicos que brinda el Estado.

“El robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, que se ven obligados a reparar continuamente los daños ocasionados por los delincuentes, con el fin de seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades y a los ciudadanos”, explicó.

Mencionó que la fácil comercialización y alta demanda en su compra, sin tener conocimiento de su procedencia, han sido factores para el aumento de este delito. “Es un negocio creciente por las altas ganancias que les dejan a los delincuentes y a los compradores, que saben que están adquiriendo algo que es robado”.

Al dar el posicionamiento del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez dijo que a consecuencia de la sustracción de mil 200 kilómetros de cable de cobre entre los años 2010 y 2011, hubo más de cinco mil apagones. El material robado produjo pérdidas económicas por más de 73 millones de pesos. “Nada comparado con los presumibles 387 mil pesos recibidos por los delincuentes”, agregó.

“En toda el país se registran pérdidas millonarias por el robo de cobre en instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, de gas, de equipamiento urbano, agrícolas e industriales, sin distingo de que sean públicas o privadas”, afirmó.

A nombre del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil se manifestó en contra del dictamen, ya que “está comprobado que el aumento de las penas no disminuye la incidencia de los delitos”.

“Los criminales, cuando están cometiendo un acto delictivo no están pensando en las penas; es más, no están pensando en que siquiera los van a atrapar, dado el sistema de seguridad de este país”, comentó.

También, la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, consideró que aunque es urgente la inclusión de medidas para terminar con esta práctica ilícita, la propuesta no resuelve de fondo el problema.

“El documento plantea, a través de una modificación al artículo 381 del Código Penal Federal, fijar una sanción de dos a siete años de prisión a aquellos casos en los que el objeto del robo sea cable de cobre y, a consecuencia de ello, se produjera la interrupción de servicios públicos básicos”, subrayó.

Del PVEM, el diputado Felipe Arturo Camarena García reconoció que si bien el aumento de penas no va a solucionar el problema, no debe perderse de vista que “quien comete un delito debe ser castigado severamente”.

“Hemos perdido de vista, quizá desde la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, hasta el nivel federal y en las entidades federativas, que el delincuente siempre está a la espera de que jamás sea aprehendido por su conducta”, refirió.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) aseguró que no sólo es suficiente castigar al que hurta el elemento, también al que lo compra y a aquel que lo comercializa.

“Si no tenemos quien lo compre o quien lo comercialice, a ninguna persona le va a interesar comprar el cobre que ilícitamente se obtiene”, sostuvo.

A pesar de estar a favor del dictamen, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) consideró que se debe regresar a la Comisión de Justicia el documento, ya que “hay muchos temas en el aire que no sólo afectan a las instituciones públicas”.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja estuvo a favor de la propuesta, porque “hay un robo descarado de cable que está afectando los suministros de electricidad”.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado al debate. “Nosotros respetamos la decisión y simplemente no puedo sustraerme al debate porque es un tema que, independientemente de que muchos lo consideran leve, es grave para el país”.

Desde su curul, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) subrayó que este es un problema más que nada de generación de empleo. “Si bien no justificamos el robo, tampoco estamos de acuerdo en que se criminalice a los que son dueños de todo este tipo de negocios donde se compra el cobre; en los estados no hay una autoridad regulatoria precisamente en este tema”, apuntó.

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