• En una década se detectaron 3 mil 147 cédulas profesionales y mil 914 certificados de bachillerato falsos
• Certificado de bachillerato y títulos universitarios de enfermería, medicina y derecho, los más falsificados
• Los costos van de seis mil pesos, si es apócrifo, a 150 mil si es “derecho”
• Comisión aprueba exhorto en la materia y prevé reunión con la Dirección General de Profesiones, para conocer sistemas de seguridad

19-02-2014.- Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) refieren que de 2002 a 2012, se detectaron 3 mil 147 cédulas profesionales y mil 914 certificados de bachillerato falsos. Por su parte, autoridades del Distrito Federal reportaron la detención de 47 personas en operativos realizados en la Plaza de Santo Domingo, de 2011 a 2013, por el delito de falsificación.

En este lugar, advierten investigaciones documentales, es posible obtener por seis mil pesos un título profesional apócrifo, una cédula profesional o un certificado de estudios, y por dos mil pesos, una credencial para votar o un pasaporte.

Ante esta problemática, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobaron un exhorto para que el Ejecutivo federal, a través de la SEP, refuerce los mecanismos de seguridad de los documentos oficiales que certifiquen el grado el grado académico de los estudiantes.

La iniciativa, promovida por los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Moreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, también hace partícipe a la Procuraduría General de la República para que persiga y consigne a quienes hayan incurrido en el delito de falsificación de documentos oficiales.

El dictamen, analizado por la comisión, detalla que entre las entidades federativas con mayor cantidad de documentos falsos –en comparación con la cantidad de egresados-, destacan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, Puebla e Hidalgo.

La misma SEP ubicó al certificado de bachillerato y a los títulos universitarios de las carreras de enfermería, medicina y derecho como los más demandados para falsificar de 2002 a 2012.

“Esto también puede estar ligado con el robo de identidad o suplantación, ya que para realizar tales delitos es necesario contar con algún tipo de identificación oficial (credencias apócrifas) para operar los fraudes”, recalca el dictamen.

Detalla que los trámites realizados en la calle de República de Brasil no presentan complicaciones, pues sólo es necesario llevar documentos básicos como la CURP, además de una hoja en blanco con la firma del solicitante y fotografías.

Añade que quienes tramitan los documentos apócrifos también presumen de hacer “trabajos derechos”, donde los papeles no son copias falsificadas.

“El título es original y la cédula profesional se firma al interior de las oficinas de la SEP. Tramitarlo tiene un costo de 150 mil pesos. Se afirma hacerlo a través de varias universidades que se prestan a ello, sin citar a las que presuntamente participan en actos corruptos”, advierte el dictamen.

A nivel superior, las universidades de Guerrero, Autónoma de Morelos, Benemérita Autónoma de Puebla, Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma de Tamaulipas y la Autónoma del Estado de México, son las que supuestamente expiden los títulos apócrifos.

Los legisladores promoventes hacen hincapié en la obligación que tiene la Cámara de Diputados de velar por que los documentos que acreditan a los profesionales cuenten con códigos o lineamientos de máxima seguridad para que no sean falsificados, además de erradicar en las dependencias la emisión de documentación oficial, y con ésto, las prácticas corruptas de quienes laboran en estas.

Por su parte, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, presidida por el diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), coincide en la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad en la expedición de certificados que avalen la educación de profesionistas y estudiantes, poniendo mayor énfasis al nivel Medio Superior.

También considera pertinente perseguir de oficio la comisión del delito, “por lo que es menester no sólo evitar que se reproduzca la práctica, sino que se castigue a aquellos que han vulnerado la credibilidad de las instituciones académicas y del Estado”.

En la discusión procedente, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano) consideró que en la actualidad esta problemática puede observarse en todo el país, tanto en bachilleratos, escuelas técnicas e instituciones de educación para adultos.

Denunció que en Tabasco, estado al que representa, se ha detectado en lo que va del año una cantidad considerable de certificados apócrifos expedidos por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, vinculada a una franja de funcionarios de este órgano.

En ese mismo sentido, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) subrayó la situación en la Plaza de Santo Domingo del DF, frente a la cual se ubican las instalaciones de la SEP. “Se están falsificado títulos, cédulas y muchos otros documentos; eso quiere decir que no se está aplicando la ley y alguien ahí adentro que no está haciendo su trabajo”, sostuvo.

Fernando Cuéllar Reyes (PRD), en su participación, subrayó que los diputados son la representación del Poder Legislativo y, como tales, “debemos exigir a las autoridades que esto es un problema que afecta sensiblemente a la sociedad y a los profesionales. Es nuestra responsabilidad”.

Por su parte, el diputado Victor Reymundo Nájera Medina (PRD) destacó que quienes han estado al frente de los planteles educativos, como fue su caso, conocen la gravedad de la problemática, pues es un abuso por parte de las bandas de falsificadores que ha durado muchos años.

“Estamos obligados a hacer nuestro el exhorto y a mejorarlo. La autoridad educativa tiene la obligación de certificar también los documentos de maestros y trabajadores educativos. Esto es algo que debió hacerse mucho tiempo atrás”, dijo.

Su correligionario, diputado Roberto López González, agregó que quienes han tenido una labor educativa “somos responsables por no levantar una demanda a quienes presentan un certificado falso”.

Señaló que ante este ilícito, el primero en ser investigado es quien se beneficia de llevarlo a cabo, para eventualmente llegar a la fuente del delito.

En tanto, Arnoldo Ocho González (PRI) coincidió con otros legisladores en que los exhortos representan una “práctica legislativa que no resuelve nada”, pues “sólo sirven para recordar la obligación y responsabilidad de los funcionarios del gobierno federal”.

Ante ello, los miembros de la comisión respaldaron una propuesta para sostener una reunión con autoridades de la Dirección General de Profesiones, de la SEP, con la finalidad de conocer los sistemas de seguridad que implementa en los certificados educativos, así como lo que hace respecto a las instituciones que han sido denunciadas de participar en el ilícito de falsificación de documentos.

Explicaron que esta dirección tiene entre sus labores detectar documentos falsos; no obstante, los candados de certificación que implementa “son ineficientes”, porque sólo toma una muestra del universo de certificados que circulan en el país, ante la imposibilidad de hacerlo con todos los existentes.

“Por ello, es menester que explique cuáles son los mecanismos que posee para detectar la validez de los documentos, además de que los legisladores podemos hacer aportaciones durante los trabajos en conjunto”, concluyeron.

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