• Dejarán de fijar tarifas de manera discrecional, tanto en mensajería y arrastre de unidades en carreteras

20-02-2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para proteger a los usuarios de los servicios de paquetería y mensajería, así como de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, ya que definen la responsabilidad de los permisionarios del autotransporte de carga que les ofrecen.

Con 403 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones, se avalaron las modificaciones para establecer las bases de regulación tarifaria de los servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, con el propósito de frenar la discrecionalidad y los abusos.

La propuesta, presentada por los diputados del PRI, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Leobardo Alcalá Padilla, reforma la denominación del Capítulo II del Título Sexto y el primer párrafo del artículo 66 y adiciona la fracción VI al mismo precepto, para otorgar certidumbre y subsanar la “laguna” jurídica que prevalecía.

De esta manera, se establece la obligación de los permisionarios de los servicios auxiliares del autotransporte federal, de proteger a los viajeros, usuarios y sus bienes, por los daños que sufran con motivo de la prestación de esos servicios.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Francisco Alberto Zepeda González (PRI), secretario de la Comisión de Transportes, apuntó que la actualización del marco jurídico se basa en las quejas recurrentes de los usuarios por la serie de anomalías que existen en la prestación de los servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, al “no respetarse los derechos de los consumidores y menos sus garantías como usuarios de este servicio”.

Aseguró que las tarifas prácticamente se dejaban a discreción de los prestadores de dichos servicios, los modos y formas de la prestación de los mismos, lo cual constituye una desventaja para el usuario, creando una afectación de sus intereses.

Además, las denuncias por abusos de los operadores de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos son muy recurrentes en relación a las tarifas que aplican, las cuales llegan a ser desproporcionadas y elevadas respecto a las garantías de lo que ofrecen, y lo mismo sucede con los servicios de mensajería y paquetería, señaló.

Durante la discusión del dictamen, por Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena precisó que los permisionarios de los servicios de arrastre serán responsables de los daños y pérdidas materiales que sufran los vehículos de los ciudadanos que sufren imprevistos en la red carretera nacional, y que al recuperarlos de los corralones registran graves desperfectos.

Afirmó que “no habrá excepciones” y demandó que en los reglamentos se establezcan los límites de los permisionarios para dar mayor certeza jurídica a los usuarios.

Por el PT, el diputado Jaime Bonilla Valdez sostuvo que se supera un vacío legal para proteger a los usuarios, víctimas de prácticas de corrupción, sabotaje, extorsión y robo. “Se han realizado señalamientos a este sector de ser parte de redes delincuenciales que roban vehículos, secuestran y trasladan droga”, y son causantes de riesgos y de accidentes automovilísticos, para vender sus servicios.

Indicó que en 2013 las aseguradoras destinaron alrededor de mil 100 millones de pesos al pago de grúas, arrastre y recuperación de vehículos de corralones, además de las pérdidas que sufren los propietarios.

El diputado José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de mantener en óptimas condiciones la red carretera nacional, en virtud de que el 80 por ciento de mercancías se trasladan en autotransporte terrestre, y el deterioro carretero repercute en elevar los costos y alienta la inseguridad.

A nombre del PRD, el diputado Valentín González Bautista señaló que son miles las quejas que todos los días presentan los usuarios de autotransporte y servicios auxiliares, y advirtió que mientras “no haya funcionarios que apliquen estrictamente la ley, y no a criterio personal, no habrá protección para el público”.

Refirió que en el presente año se transportarán más de 500 millones de toneladas, y se trasladaran alrededor de 3 mil 450 millones de personas, lo cual requiere seguridad para el usuario y responsabilidad para el prestador de servicios.

Por el PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares sostuvo que a través de estas reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Poder Legislativo salda los problemas generados por la falta de responsabilidad de los permisionarios de estos servicios, al no cubrir pérdidas y daños de los bienes que tienen en custodia.

Estas modificaciones legales son un vínculo para constreñir al concesionario con el cliente, para satisfacer sus necesidades y ofrecer certidumbre, y evitar un clima de inseguridad jurídica impidiendo la realización de operaciones económicas y comerciales que frenen la generación de empleos y el crecimiento económico, manifestó.

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