• Deben obtener beneficio económico por sus investigaciones y descubrimientos

• Obstáculos jurídicos para vincular sectores académico y privado, dificultan la inversión

• Comisiones darán transparencia al trabajo científico y evitarán conflicto de intereses

25-02-2014.- Funcionarios, científicos y académicos se reunieron con integrantes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción, con el propósito de externar sus preocupaciones por los obstáculos que existen para poder realizar investigaciones científicas, y para proponer modificaciones al marco regulatorio.

Al participar en la Primera Mesa de Trabajo para la discusión de la iniciativa que modifica la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lamentaron las complicaciones que hay para vincular las investigaciones y descubrimientos académicos con el sector privado.

Se pronunciaron a favor de la propuesta de modificación de ley, ya que amplía el rango de acción de quienes se dedican a la investigación y desarrollo, además de que les permitiría obtener beneficios de su trabajo científico que realizan para una institución académica.

El secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Alejandro Rangel Segovia (PRI), explicó que la propuesta que adiciona un último párrafo a la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es la primera de un importante paquete de reformas que impulsará el desarrollo científico, “dando paso al proceso de desarrollo que México necesita”.

“Tenemos mecanismos de solución donde el investigador y su equipo pueden convenir con la Universidad en la que labora, el hacerse de la patente (de su investigación), pero trasladando los derechos a la Universidad para que los aproveche”, comentó.

Precisó que existe un vacío legal que propicia que los investigadores universitarios sean juzgados y sancionados discrecionalmente, dando pie a injusticias o corrupción, e impidiendo su pleno desarrollo profesional al no tener claro el límite de un posible conflicto de intereses, además que inhibe la inversión privada para fomentar a la ciencia y la tecnología.

“No queremos equivocarnos en este paso. Hay dudas de si no estamos cometiendo algún exceso en dar libertad para que los investigadores hagan lo que quieran cuando el fruto de su investigación viene en parte de recursos públicos”.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN), a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, indicó que lo que se busca es flexibilizar el espacio de trabajo en la ciencia y tecnología. “Tenemos que entender que en este país nadie puede estar por encima de la ley, pero la cuestión aquí es discutir si ésta se antepone para realizar el trabajo académico”.

“Debemos trabajar todos juntos. Ustedes como científicos tienen un gran papel en el país: son líderes, ejemplo e imagen del México que queremos”, afirmó.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea (PAN), también integrante de la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción, señaló que la clave de la propuesta es saber vincular lo público y lo privado, para que “no haya nada en lo oscurito”.

“Nos comprometemos a trabajar en ello, coincidimos en que debemos encontrar la cuadratura para abrir esa puerta y poder normar una realidad”, señaló.

El director adjunto de Asuntos Jurídicos del Conacyt, Rodrigo Roque Díaz, afirmó que uno los obstáculos que detiene el desarrollo de este sector es el actual régimen de servidores públicos.

“Todos reconocemos que es importante que los científicos se vinculen con las empresas para tener los estímulos necesarios y desarrollen mejor su trabajo”, puntualizó.

Sostuvo que los investigadores de instituciones públicas deben tener beneficio económico por su trabajo pues “es algo que ya se aceptó a nivel mundial”.

Por su parte, el director del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), David Ríos Jara, y el investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), dijeron que en ocasiones los órganos de control han llegado a ser un obstáculo en las investigaciones científicas.

Además, dijeron, dentro de la iniciativa debe incluirse al personal tecnológico y de la institución, y no sólo a los académicos, ya que también ellos “pueden proponer mejoras”.

De igual forma, Emilio Sacristán Rock, investigador de la UAM Iztapalapa, mencionó los problemas, principalmente jurídicos, que existen para la inversión privada en investigaciones científicas de las universidades lo que, dijo, ha llevado a tener que hacer las cosas de forma “poco transparente”.

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